La serie de presupuestos de educación superior presentados desde 1990 muestra con nitidez la política de privatizarla mediante fuertes aumentos en el gasto público destinado al subsidio a la demanda —créditos y becas—, los que subieron de un cuarto a tres cuartos del total entre 1990 y 2015, en desmedro del financiamiento directo a las instituciones que se redujo en la proporción inversa.

El resto del presupuesto son aportes a las instituciones que incluyen apoyo a la investigación, extensión e infraestructura, entre otros.

La gratuidad implementada el 2016 por la Presidenta Bachelet redujo drásticamente la proporción del subsidio a la demanda, la que bajó a menos de la mitad del total, al tiempo que el financiamiento a las instituciones subía al 42 por ciento del mismo.

El presupuesto del2017 significó una regresión al respecto puesto que, si bien incrementó la gratuidad, aumentó más aún el crédito con aval del estado (CAE), con lo cual la proporción del presupuesto público destinado al subsidio a la demanda subió nuevamente a más de la mitad del total.

Sólo en el presupuesto del año 2018 se disminuyeron los recursos destinados al CAE al tiempo que se incrementó la gratuidad y otros aportes directos a las instituciones, con lo cual éstos superaron la mitad del presupuesto de ES.

Cabe hacer mención que la partida destinada al CAE no fue ejecutada íntegramente, quedando un significativo excedente sin utilizar el que sin embargo no se traspasó a gratuidad. Ello fue muy significativo en los años 2016 y especialmente 2017, cuando quedó sin ejecutar un 40 por ciento de esta partida, cerca de 350 mil millones de pesos, recursos que podrían haber aumentado la partida de gratuidad en un 46% y extendido la educación gratuita a una proporción similar de estudiantes.

El CAE absorbió la cerca de la mitad del importante aumento en el gasto público en educación superior de la última década, tras la “revolución pingüina” y la movilización del 2011. Éste se incrementó seis veces en el período, en términos reales pasó de 370 mil millones de pesos el 2005 a 2,2 billones el 2017, un incremento de casi 2 billones de pesos de los cuales el CAE representó 858 mil millones el 2017, un 46,2 por ciento del incremento, en moneda de este último año.

Hasta el 2015 el resto de dicho incremento se destinó principalmente a becas, de modo que el crecimiento del “subsidio a la demanda”, que incluye créditos y becas, absorbió el 89 por ciento del incremento del gasto público en educación superior entre el 2006 y el 2015, alcanzando ese último año un máximo de 75 por ciento del presupuesto de educación superior; en 1990 representaban menos de 20 por ciento.

Eso significa que la única partida presupuestaria destinada a ES que aumentó en esa década fueron los créditos y becas mientras todo el resto, es decir la suma del aporte fiscal directo a las universidades CRUCH, los aportes las Ues del Estado, investigación científica, etc,, creció muy poco.