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Taller UNRISD “Política Social en Países Ricos en Minerales[1]”

Acerca de “Rentas Mineras y Desarrollo Social en Chile” [2]

Manuel Riesco [3]

CENDA, Chile

Versión 31/08/2008 [4]

Introducción

UNRISD ha continuado su investigación en la decisiva materia de rentas mineras y desarrollo, con un taller acerca de “Política Social en Países Ricos en Minerales.” Conclusiones anteriores de UNRISD[5] en el tema levantaron una importante polémica en Chile. Develaron en el ámbito académico internacional el hecho más bien escandaloso que la mayor parte de las empresas mineras privadas que desde los años 1990 han retomado el control del 70% de los minerales chilenos nacionalizados – el resto es explotado por la estatal CODELCO –, habían venido operando a lo largo de más de una década sin pagar impuestos – todavía peor, habían acumulado miles de millones de dólares en créditos de impuestos.

Adicionalmente, la investigación de UNRISD mostró que la única empresa que había pagado impuestos significativos – que resulta ser la mayor del mundo, y un líder en responsabilidad social empresarial (RSE) -, había sistemáticamente vendido su cobre por debajo del precio de la bolsa de metales de Londres (BML), pagado sobreprecios por refinación, y subestimado el valor de los sub-productos contenidos en los concentrados que exporta; en todos los casos ostensiblemente en beneficio de empresas relacionadas que compran y procesan sus concentrados. (Riesco, Lagos and Lima, The 'Pay Your Taxes' Debate 2005).

Como es de suponer, dichas conclusiones captaron la atención del gobierno, parlamento, y la opinión pública chilena – y de la empresa comprometida. Esta última comisionó un contra informe a expertos de una prestigiosa universidad los que fueron publicados por UNRISD junto a su propia investigación. El debate tuvo lugar en un momento en el que los hechos denunciados eran materia de amplia preocupación pública en Chile, y dos de sus principales afirmaciones han sido probadas más allá de toda duda, mientras la tercera continua siendo objeto de preocupación, como muestra este trabajo (Riesco, Lagos and Lima, The 'Pay Your Taxes' Debate 2005).

Nueva legislación promulgada el 2005 estableció una sobretasa especial de 5% sobre utilidades de las empresas mineras[6]. Aunque limitada, ya ha generado más de mil millones de dólares en impuestos, por encima del modesto rendimiento del impuesto a la renta normal que ha empezado a fluir de las compañías mineras a medida que el los precios del cobre experimentaban un “boom” en años recientes – el ocultamiento de utilidades y “elusión[7]” de impuestos completas se han vuelto imposibles a los actuales precios del cobre y sub productos. Estos ingresos tributarios han permitido al Estado subsanar en parte las serias deficiencias de los sistemas sociales privatizados, los que han venido haciendo crisis asimismo en años recientes.

La investigación de UNRISD referida puede con justicia ser considerada como uno de los elementos importantes que contribuyeron a crear la conciencia pública que motivó esta reforma.

Con ocasión del presente taller, el trabajo acerca del caso chileno [8] ^{(Guajardo 2008)} presenta una visión singularmente positiva acerca de la industria minera en Chile, y asimismo respecto de las políticas económicas y sociales del país en general[9]. Esto no debería sorprender, puesto que esta vez el autor del trabajo pertenece precisamente al centro que mantiene la más estrecha relación con la industria minera privada, y ha proporcionado el principal sostén intelectual, así como los cuadros, que han implementado la política minera a partir de 1990 [10].

La mayor parte de los hechos presentados son ciertos – se ha incluido un apéndice con unas pocas correcciones, donde adicionalmente se presentación los principales problemas en materias no relacionadas directamente con la minería, tales como políticas sociales y otras -, pero presentan solo el lado positivo de la medalla, por así decirlo. Ello puede parecer necesario y útil para determinados propósitos, pero ciertamente no es el tipo de argumentación que conduce a cambios en el actual estado de cosas – lo cual en el caso de las políticas chilenas parece estar a la orden del día, como parecen sugerir sucesos recientes en el país, la región y el mundo.

De otro lado, UNRISD al mismo tiempo ha solicitado este comentario a un investigador que pertenece a uno de los centros que ha encabezado la crítica a las políticas actuales[11], el cual comprensiblemente está enfocado sobre los principales problemas. Ambos centros gozan de una reputación ampliamente respetada por su dedicación seria al tema a lo largo de muchos años. Como resultado, tanto el trabajo como estos comentarios deberían ofrecer al lector una perspectiva interesante acerca de las principales posiciones que se confrontan en el debate actual acerca de lo que constituye, de lejos, el principal problema estratégico que enfrentan las políticas públicas chilenas en la actualidad.

Lo que está en juego es nada menos que el equivalente a la mayor parte del presupuesto total de las políticas sociales chilenas – aproximadamente el equivalente al gasto público en educación, salud y pensiones, todo junto. Esa es la magnitud aproximada de la renta minera que – a los precios actuales del cobre – se está sacando al extranjero cada año, en su mayor parte para financiar las ambiciones de monopolio mundiales de uno o dos gigantes mineros transnacionales.

¿Logrará el país definir una política que permita al mismo tiempo maximizar y retener la renta de sus ricos minerales? Éste no es en modo alguno un tema técnico, sino más bien puramente político – en el sentido que una coalición muy amplia y poderosa debe ser construida para conseguir este propósito, vis a vis el inmenso poder de las compañías mineras privadas que se benefician desproporcionadamente de la situación actual.

Mas aún, serán necesarios cambios mayores en el sistema político de la transición a la democracia que ha durado más que la dictadura que reemplazó en 1990. Precisamente, los limitados procedimientos democráticos de la “transición” otorgan en la práctica un poder de veto a los actores identificado con los intereses especiales tales como las mineras privadas – los que operan tanto al interior del gobierno como en la oposición.

Tales obstáculos pueden parecer insuperables. A primera vista parece como la lucha de David contra Goliat. Sin embargo, los chilenos han aprendido a superar tales situaciones. Ya lo lograron una vez en condiciones mucho más difíciles. Cuando el Presidente Allende nacionalizó los recursos minerales el 11 de Julio de 1971, recibió el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento de entonces, las que estaban por otra parte enfrentadas entre sí en la más aguda de las confrontaciones.

Precisamente, en el mismo momento que este seminario tiene lugar en la calma aparentemente perenne de las aguas de Ginebra, lejos, en el sur, en los duros y ricos en minerales desiertos y cordilleras de Chile, miles de obreros de empresas subcontratistas bloquean caminos y paralizan la producción de cobre, con el apoyo explícito de los trabajadores de planta. Ostensiblemente, demandan igual pago e iguales beneficios para trabajos iguales. Sin embargo, han manifestado públicamente que el objetivo final de su lucha es la renacionalización de los recursos minerales. Una abrumadora mayoría de los chilenos apoya esta demanda bien evidente, cualquiera sea la forma que adopte en definitiva.

Tarde o temprano, ello será inevitable. Ojalá que todos los chilenos – incluidos todos los académicos que tan entusiastamente han apoyado y promovido el esquema actual durante tanto tiempo – se unirán a esta posición cuando llegue el momento.

La lucha reciente en Chile por la renta de los recursos minerales

El trabajo comentado subraya el extraordinario dinamismo del sector minero chileno, especialmente a partir de mediados de los años 1990, cuando el capital extranjero se vuelca en esta industria. El autor presenta en extenso los espectaculares aumentos de producción y sus diversos impactos positivos. Sin embargo, ¿existe un lado obscuro de este “boom”? Se puede discutir que existen aspectos negativos ¡vaya que sí! Hay tres líneas de argumentación principales al respecto:

· Como resultado de una política de impuestos mal concebida, la mayor parte de la renta de los millones de toneladas de cobre extraídos terminó en manos privadas.

· La mayor parte de la renta minera terminó en manos de los principales competidores extranjeros de la única empresa chilena de nivel mundial, debilitando su posición considerablemente.

· Adicionalmente, las condiciones híper favorables ofrecidas a la inversión en minería, generaron una seria distorsión en la asignación de recursos – un tercio del total de la inversión extranjera concurrió a un sector que representa menos del 1% de la ocupación total -, lo cual significó una seria dilapidación de renta a lo largo de varios años, con serio daño a la economía en general y a los ingresos fiscales en particular.

Estas parecen ser las principales razones por las cuales una amplia coalición ha venido emergiendo , con el propósito de retener y maximizar la renta de los minerales chilenos. Se han logrado avances significativos, sin embargo, el objetivo principal sigue pendiente

¿Liberales versus nacionalistas?

El trabajo comentado presenta la política minera chilena como el resultado de “una pugna sin fin entre las tendencias opuestas de pensamiento representadas por liberales y nacionalistas. Ello impidió la aplicación de una política consistente de largo plazo (pg. 30). El prefijo “ultra” se agrega a ambas categorías durante los años de Pinochet.

Ello difícilmente constituye una presentación objetiva del debate. Alternativamente ¿por qué no concebirlo como la larga lucha del pueblo chileno por alcanzar el objetivo racional de apropiarse y maximizar la significativa renta[12] de los ricos minerales del país? Esta lucha se ha librado en buena parte contra una escuela de pensamiento que consistentemente ha pretendido que el concepto mismo de renta es irrelevante, al menos en el caso del cobre, y no debe influenciar la formulación de políticas. No parece sorprendente, pero si bastante paradojal, que dicha ideología haya sido seguida, apoyada, y promovida con fervor, y financiada con largueza, precisamente por aquellos interesados en apropiarse la gigantesca renta en cuestión, para ellos mismos.

Parece bastante claro el porqué esta manera de pensar predominó durante la dictadura, al menos en la formulación de las políticas públicas. Los extremistas neoliberales “Chicago Boys” dominaron la esfera económica del gobierno de Pinochet, y estaban ansiosos de atraer inversiones extranjeras que no llegaban a pesar del ofrecimiento de condiciones cada vez más ventajosas. Sin embargo, no paree claro el porqué el mismo tipo de formulaciones se mantuvieron con entusiasmo por parte de los gobiernos democráticos después de 1990 – de hecho fueron intensificadas, y su implementación práctica tuvo lugar principalmente durante este último período. Tras casi dos décadas de “transición” democrática, no parece convincente continuar con este “ejercicio de equilibrismo” que pudo quizás haberse argumentado durante los años iniciales como “una necesidad cuando se confrontaban las incertidumbres políticas del país y la fragilidad de la transición de la dictadura al gobierno democrático (pg. 12).”

La formulación básica de esta política es más bien simple: Todas las empresas que operan en Chile deben ser tratadas igual, sin consideración a la industria donde operen o la nacionalidad de sus dueños – y todas ellas deben contar con las mayores condiciones posibles. No existe consideración alguna para la renta minera. Lo mismo fue aplicado a varias otras industrias basadas en recursos naturales – el agua en particular – que generan asimismo una renta significativa.

En la práctica, dichas políticas resultaron en que el grueso de los recursos minerales fueron privatizados sin cobro alguno – en su mayor parte a empresas extranjeras [13]. CODELCO, la gran empresa estatal formada a partir de las compañías estadounidenses nacionalizadas en 1971, que producía el 90% del cobre hasta 1989, fue desplazada en 2007 como el mayor productor de cobre en el país por BHP Billiton (Anglo Australiana, transada en la bolsa de Londres, LSE), su mayor competidor a nivel mundial. Este año, cada una e ellas representó un 30% de la producción chilena de cobre, mientras Anglo-American (Anglo-Sudafricana, transada en LSE), representó el 13%, y Antofagasta Minerals (del grupo chileno Luksic, transada en LSE) un 8%. De este modo, las empresas privadas representan ahora el 70% de la producción chilena de cobre, con solo tres de ellas dando cuenta de más de la mitad (ver tabla 3 en apéndice).

Hasta el 2002, las empresas mineras privadas habían conseguido que se les autorizara adoptar una forma especial de constitución legal para “eludir el pago de impuestos (pg 12),” el que resultaba en un significativo subsidio de impuestos (Mouguillansky 1998). La misma alternativa no estaba al alcance de las firmas que operan en otras industrias. Usando y abusando de estas disposiciones, además de todos los trucos “normales” para eludir[14] impuestos, las mineras privadas extrajeron millones de toneladas de cobre y otros minerales en Chile, ganando miles de millones de dólares, sin pagar ni un peso de impuestos – con una notoria excepción – hasta el 2002.

En un caso especialmente irritante, Exxon Minerals operó la compañía minera Disputada de las Condes a lo largo de más de tres décadas ostensiblemente “a pérdida”. Luego, procedió a venderla a inicios de los años 2000 por más de mil millones de dólares – parte del precio incluía los créditos de impuestos acumulados a lo largo de años de “pérdidas” sostenidas. El 2002 el gobierno introdujo una legislación destinada a cerrar los resquicios que la mayoría de las empresas estaban utilizando para eludir impuestos, motivado especialmente por este caso. Adicionalmente, como se ha mencionado, la investigación de UNRISD mostró que la única minera de “buena conducta” incurría en otras prácticas tributarias discutibles (Riesco, Lagos and Lima, The 'Pay Your Taxes' Debate 2005).

Siempre hubo una fuerte resistencia a las políticas mineras en amplios sectores de la sociedad chilena (Lavandero 2001, Caputo, Fazio and Riesco, Carta al Presidente Lagos 2000). No es bien sabido que los militares, que violaron la mayor parte de las leyes chilenas, respetaron sin embargo casi a la letra las dos más importantes herencias del período desarrollista – la ley de reforma agraria[15] y la nacionalización de los recursos minerales. De hecho, hasta el día de hoy, la constitución chilena conserva los exactos términos del acta de nacionalización de 1971, estableciendo :”todos los recursos minerales pertenecen al Estado chileno de manera inalienable” (Congreso Nacional Chileno 2005). CODELCO, el principal instrumento del Estado para apropiarse de la renta minera, ha continuado creciendo y modernizándose a lo largo de más de tres décadas, aún mientras perdía posiciones en la producción total desde 1990.

El parlamento chileno –a insistencia del senador Jorge Lavandero Illanes [16] - desde el 2000 empezó a requerir información y precisiones acerca de la tributación y los efectos de la sobreproducción de las mineras privadas. El 2003, formó una Comisión Especial para Investigar las Prácticas Tributarias de la Industria Minera (Chilean Senate 2003)– la que dedicó una audiencia especial para escuchar los resultados de la ya mencionada investigación de UNRISD.

El 2004, tras declarar una y otra vez que no haría cambios en la legislación minera, el Presidente Ricardo Lagos presentó al parlamento una ley que establecía un royalty a las exportaciones mineras (Chilean government 2004). La importancia de este documento es que – además de la nacionalización consignada en la Constitución – formalmente re estableció la teoría ortodoxa de la renta como política oficial del Estado[17]. El primer proyecto – conocido como “Royalty 1,” porque en efecto establecía una regalía a las exportaciones mineras – no fue aprobado por el parlamento. Obtuvo amplias mayorías en ambas cámaras – varios parlamentarios de oposición votaron junto a la coalición de gobierno a favor del proyecto – pero le faltaron unos pocos votos para lograr los 2/3 requeridos para esta reforma (Riesco, Lagos and Lima, The 'Pay Your Taxes' Debate 2005).

Un segundo proyecto de ley – que incorrectamente se conoce como “Royalty 2” puesto que establece una sobretasa d impuestos a las utilidades – fue enviado por el Presidente al parlamento unos meses después, y tras una larga discusión fue aprobado por una mayoría abrumadora. Esta vez, sin embargo, el gobierno había acordado previamente su contenido con las mineras privadas[18]. La nueva ley es mucho peor que el anterior proyecto. En primer lugar, evitó aplicar un royalty, que es usualmente la forma más sencilla de controlar la “elusión.” En cambio, estableció una sobretasa especial a las utilidades de las mineras, que alcanza un máximo de 5%, y es calculada sobre las utilidades antes de impuestos, depreciaciones, y amortizaciones. Siendo un cargo asociado al recurso minero, correctamente es considerado un costo de modo que su monto reduce la base tributaria para el impuesto a la renta. Sin embargo, es pagado por adelantado y se concilia a su valor exacto una vez al año (Congreso Nacional Chileno 2005).

Sin embargo, el mayor problema con esta ley consistió en que efectivamente redujo la tasa de impuestos de las compañías que más habían “eludido” impuestos. Aquellas habían venido usando un resquicio legal que les permitió retirar utilidades que no habían pagado impuestos en razón de cargos de depreciación acelerada – las empresas normales no puede hacer esto, porque la lógica de la depreciación acelerada es precisamente un mecanismo para diferir el pago de impuestos sobre utilidades reinvertidas, no retiradas.

Dicho resquicio fue eliminado el 2002. Sin embargo, estas compañías continuaron retirando utilidades no tributadas, lo que ahora era abiertamente ilegal. Lo hicieron escudándose ahora en las provisiones de una cláusula disponible para inversionistas extranjeros, denominada “contrato de invariabilidad tributaria,” que les provee un seguro contra cambios en la tributación, a cambio de una tasa más elevada de impuestos a la renta. Las personas normales pagan un máximo de 35% de impuestos a la renta[19], y los inversionistas extranjeros están sometidos a la misma tasa para las remesas. Sin embargo, cuando estos últimos se acogen al “contrato de invariabilidad tributaria,” dicha tasa sube a 42%.

Las empresas mineras “elusivas” estaban muy contentas de aceptar cualquier sobretasa a las utilidades, puesto que como estaban declarando pérdidas en razón de la depreciación acelerada no pagaban un peso de impuestos, mientras continuaron retirando utilidades no tributadas de acuerdo a las provisiones de “invariabilidad.” El “royalty 2” les ofreció la posibilidad de renunciar a esta “invariabilidad,” a cambio de reducirles la tasa de impuestos de 425 a 35%, si aceptaban la nueva sobretasa de 5%. Actualmente quedan sujetas a una tasa de 355+5%=40%, mientras antes del “royalty 2” estaban sometidos a 42%. En resumen, su tasa se redujo en 2%. Adicionalmente, les otorgaron 15 años adicionales de “invariabilidad” bajo las nuevas condiciones (Congreso Nacional Chileno 2005). Claramente, hicieron un buen negocio.

Mientras tanto, Escondida, la única compañía que había venido pagando impuestos significativos a lo largo de los años 1990, y no utilizaba depreciación acelerada ni los otras resquicios mencionados arriba, vio su tasa de impuesto subir de 35% a 40%. Estaban tan enojados que se declararon en huelga impositiva, la que suspendieron solamente cuando el gobierno acordó con ellos una tasa especial de 45 para el “royalty 2” (Minera Escondida 2007).

Sin perjuicio de lo anterior, la ley de “royalty 2” mantuvo los argumentos conceptuales del “royalty 1,” que claramente establecen a la teoría de la renta como base oficial de la política minera chilena – aunque en la práctica las provisiones para su aplicación práctica están todavía lejos de ser satisfactorias, como se ha mostrado, y todavía se encuentran en construcción.

Adicionalmente, a partir del 2006, la nueva ley ha producido un flujo constantemente creciente de recaudaciones que a lo largo de dos años ha superado mil millones de dólares, adicionalmente los impuestos a la renta pagados por las empresas mineras privadas (ver tabla 9 en apéndice). CODELCO, la permanente vaca lechera del recaudador de impuestos chileno, ha entregado por su parte otros 700 millones en “royalty 2” (CODELCO 2007). Adicionalmente, por primera vez, un impuesto recauda más o menos en proporción a sus respectivas proporciones en la producción de cobre (ver tabla 3 en capítulo siguiente).

La opinión pública se ha opuesto consistentemente y de modo abrumador a la privatización de COEDLCO, y a favor de exigir contribuciones mayores a las mineras privadas. Las organizaciones de trabajadores y los sindicatos del cobre en particular, han resistido consistentemente numerosas intentos abiertos y encubiertos de privatizarlo.

Desde el 2006, los trabajadores de las mineras privadas han venido participando en grandes movilizaciones - particularmente la huelga de Escondida ese año, que paralizó el mineral por 25 días, haciendo que el Financial Times publicase 119 artículos al respecto, incluyendo cuatro titulare de primera página; Chile no aparece casi nuca en la prensa mundial y menos desde la muerte de Pinochet. Es interesante consignar que por primera ves desde 1971, el sindicato en huelga levantó la consigna de la re-nacionalización del cobre. Más recientemente, como se ha mencionado, los trabajadores de empresas subcontratistas de CODELCO han venido realizando huelgas a lo largo del 2007, y también han levantado la consigna de la renacionalización (CENDA 2008).

¿Explotación eficiente de los recursos naturales?

La presencia “manifiesta” de las tendencias mencionadas es vista por el autor del trabajo comentado como amenazas a lo que su autor considera una política que ha redundado en una “eficiente explotación de los recursos naturales (pg. 30).” ¿Es eso así?

Adicionalmente a lo dicho anteriormente, que se refiere principalmente al tema de la entrega de la renta a empresas privadas, los críticos de la política minera han presentado asimismo abundante evidencia referida a la distorsión que introduce sobre la asignación óptima de recursos. Se han basado asimismo en sólidos fundamentos teóricos (Bhagwati 1958). Han mostrado que la explosión de producción chilena de cobre bajo condiciones tan extremadamente favorables fu responsable en parte de la profunda y prolongada depresión de los precios mundiales del metal, la que duró desde 1995 al 2003 (Caputo, Sobreproducción 1996).

Durante este período hubo un sostenido e importante incremento de la demanda mundial la mayor parte del tiempo, pero el aumento en la producción chilena fue mayor que el total del mismo, y el precio cayó de horma continua, llegando a un mínimo de 60 cUS$/lb a mediados del 2002. La participación chilena en las exportaciones mundiales de cobre ha oscilado a lo largo del a última década entre 34% (1997) y 44.3% (2004), alcanzando un 39.95 el 2006 (COCHILCO 2007). Desde 1995 al 2003, Chile duplicó su exportaciones, mientras al mismo tiempo se reducía el monto total de las mismas expresado en dólares[20].

A pesar de esta evidencia, los mismos expertos que argumentaban en contra de la utilidad del concepto de renta en el caso del cobre, insistían que Chile era un “tomador de precios” en los mercados internacionales (COCHILCO 2000). Sin embargo, esta discusión teórica fue zanjada por las leyes de “royalty,” las que claramente se refirieron a esta materia del mismo modo en que los críticos habían venido insistiendo [21]. De este modo, lo que estos últimos habían venido diciendo se transformó en política oficial del Estado de Chile, al menos en la letra de la ley.

Adicionalmente, y de modo más substancial, tanto Escondida como CODELCO – los dos mayores productores mundiales – han venido reaccionado activamente a las condiciones del mercado desde 2002, regulando su producción de acuerdo a las condiciones de precio[22].

Demandas pendientes

Como recuerda el trabajo comentado (pg. 7), la histórica nacionalización de los recursos minerales fue un proceso de dos fases. A fines de los años 1960, el gobierno de Frei Montalva (1964-1970), bajo creciente presión en demanda de la nacionalización, aprobó una ley de “Chilenización del Cobre” en 1969 [23], que establecía asociaciones entre el Estado chileno y las firmas estadounidenses propietarias de las mineras. Dos años después, bajo Allende, el parlamento aprobó por unanimidad la nacionalización total. No se pagaron compensaciones, porque las compañías habían recibido lo que se estimó eran utilidades excesivas a lo largo de los años. No es para nada improbable que la ley “royalty 2” tenga tan corta vida como la “chilenización.”

Los argumentos para exigir pasos adicionales para recuperar la reta minera que está siendo apropiada por las compañías privadas parecen muy convincentes, como se mostrará. Para estos efectos es necesario echar una breve mirada a los resultados de la industria en años recientes.

Resultados de las mineras, 2005-2007

La industria minera provada no ha sido precisamente transparente respecto de sus resultados financieros. Hasta 2002, solo una compañía privada – el líder Escondida -, además de CODELCO ciertamente, publicaba sus resultados financieros completos. Sin embargo, especialmente desde la discusión de las leyes de “royalty,” el gobierno ha venido mejorando sus registros públicos de tributación minera, y desde 2005 proporciona líneas separadas en su presupuesto de ingresos con esta información. Adicionalmente, el 2007 el “Consejo Minero,” la asociación de grandes mineras privadas – ODELCO está invitado asimismo – publicó por primera vez los resultados consolidados y auditados de las principales compañías de la industria, incluyendo a CODELCO. Ambas fuentes permiten formarse un panorama más claro acerca de los resultados de la industria en su conjunto.

En lo que sigue, la información del “Consejo Minero” se desagrega utilizando las fuentes paralelas de los balances de CODELCO y Escondida, que continúan siendo la mejor fuente. D este modo, los resultados de la minería privada están empezando a emerger a la luz pública por primera vez. El cuadro que se empieza a aclarar parece demandar intervención inmediata, puesto que sus contornos se muestran más bien “excesivos.”

La tabla 1, más abajo, muestra los resultados resumidos para 2005 y 2006 de la industria minera como conjunto, para CODELCO, Escondida y el resto de las privadas. La tabla 7 en el apéndice incluyelas notas detalladas referidas a esta tabla. La tabla 8 en el apéndice presenta la misma comparación, pero en todo el detalle ofrecido por el “Consejo Minero” para las cifras agregadas.

Table 1: Chile, Resultados de la minería, 2005-2006 (US$ Millones)

El primer aspecto que debe destacarse en los resultados es la enorme magnitud de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (denominado usualmente EBITDA por sus siglas en ingles)[24] que exhiben las privadas. Dichas utilidades sumaron más de 9 mil millones de dólares el 2005, y casi 20 mil millones el 2006. Escondida recibió aproximadamente un tercio de esas cifras.

Ello significa que en solo dos años, las mineras privadas recibieron utilidades que superan el total de las inversiones extranjeras directas (IED) en la minería chilena de 1974 al 2006 (ver figura 1 abajo).

Figura 1: Ganancias de las mineras privadas 2005 – 2006, inversión extranjera directa en minería 1974-2006 y gasto del Estado 2006

La sola presentación de este gráfico debería constituir un argumento suficiente para tomar medidas en relación a la renta minera. Dicho torrente de ganancias que en solo dos años reembolsan el equivalente a tres décadas de inversiones parece más allá de toda discusión adicional[25]. Adicionalmente, las estimaciones para el 2007 son aún mas elevadas que las que corresponden al 2006. De hecho, se estima que las solas utilidades del 2007 superan toda la IED en la minería chilena.

Por otra parte, si se comparan los excedentes de las mineras privadas con el gasto del Estado, se aprecia que el 2006 las primeras equivalen a dos tercios del gasto fiscal total, y son mayores que el gasto del Estado destinado a fines sociales.

La siguiente cuestión a analizar es hasta que punto estos resultados financieros representan las reales ganancias percibidas por la industria minera privada. La historia reciente de trampas reiteradas por parte de la mayoría de estas mismas compañías – debe repetirse que para retirar impuestos que no habían pagado impuestos, todas ellas torcieron las leyes chilenas declarándose “pequeñas o medianas empresas mientras” al mismo tiempo que producían cientos de miles de toneladas del cobre cada año, en la forma de concentrados – hace que este ejercicio sea inevitable. Adicionalmente, la investigación previa de UNRISD comprobó que incluso Escondida estaba pagando en exceso por servicios de refinación y vendió sistemáticamente por debajo del precio de la Bolsa de Metales de Londres (BML), al mismo tiempo que levantaba serias dudas respecto de la cantidad de subproductos reconocidas en sus concentrados.

Aplicando a los nuevos datos la misma metodología que permitió alcanzar los resultados anteriores de UNRISD, aparecen nuevamente las mismas cuestiones, pero con diferencias todavía mayores. Estas se presentan en la tabla 2, abajo, en la cual los resultados de la tabla 1 se dividen por la cantidad de toneladas producidas por cada una de las compañías o grupo de ellas en los años respectivos.

Table 2: Chile, resultados de la minería, 2005-2006 (US$/ton de cobre producido)

Como fue el caso con el anterior informe UNRISD, CODELCO termina con ganancias (EBITDA) que resultan significativamente más elevadas que las que informan las mineras privadas. En 2006, CODELCO muestra ganancias (EBITDA) de 6.480 US$/ton producida, que son similares al precio del cobre ese mismo año, el que fue de 6.730 US$/ton.

En otras palabras, CODELCO retuvo como ganancia cada dólar del precio de cada tonelada que produjo ese año – como utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Este verdadero milagro se explica por el hecho que porcada tonelada de cobre producida, CODELCO recibió 1.969 dólares en subproductos[26]. Dicha suma fue suficiente para pagar los – muy significativos – costos totales de cada tonelada que produce. Los resultados del 2005 confirman esta conclusión, puesto que ese año CODELCO ganó (EBITDA) 3.611 US$/ton producida, que resulta similar al precio promedio del cobre, que ese año alcanzó a 3.683 US$/ton.

Esta es la conclusión fundamental del análisis de estos datos, que puede ser formulada como la “ley de resultados financieros de la industria el cobre chilena.” Esta “ley” establece sencillamente que el costo de extraer, procesar, refinar y transportar el cobre chileno a los mercados es en efecto… 0,0US$/ton, ¡cero! Formulada más precisamente, la misma “ley” establece que los sub productos – molibdeno, lata y… oro -, que resultan gratis de la producción de cobre, pagan todos los costos de producción y otros. Expresada todavía de otro modo, la misma “ley” simplifica enormemente el calculo de las utilidades obtenidas por las compañías cada año – las mismas son aproximadamente iguales al precio de venta de las toneladas de cobre que producen[27].

Lo que resulta preocupante es que los balances de las mineras privadas no parecen ceñirse a esta “ley” ¡claramente, esta industria parece tener ciertos problemas con la legislación chilena! En efecto, las ganancias (EBITDA) de la industria privada en su conjunto, 5.153 US$/ton de cobre producido en 2006, son significativamente menores a las de ODELCO; más de 1.400 US$/ton inferiores. La diferencia con el precio promedio del cobre es todavía mayor. Las cifras de 2005 confirman esta tendencia (ver tabla 2). Escondida se comporta levemente mejor que el resto de las privadas, pero nuevamente mucho peor que CODELCO.

Una vez más, la cifra de sub producto reconocida por Escondida es muy pequeña – pero ahora la diferencia parece abrumadora. En la investigación anterior de UNRISD, CODELCO declaraba recibir tres veces el monto en dólares que Escondida reconoce por sub productos, por tonelada de cobre producido. Esta vez, la diferencia se dispara ¡a 20 veces! Como se muestra en la tabla 2, en 2006 CODELCO recibió 1.969 US$/ton de cobre producido, mientras Escondida reconoce solo 122 US$/ton el mismo año. En 2005 la diferencia es aún mayor, 1.809 US$/ton para CODELCO y sólo 89 US$/ton para Escondida. La diferencia es de 16 veces y 20 veces, para 2006 y 2005, respectivamente. Claramente, ¡demasiado para ser verdad!

Una vez más desde luego, esta comparación resulta posible solo con Escondida, porque el resto de las compañías no publica esta información

Impuestos pagados, rentas a recuperar

La mejorada contabilidad del gobierno chileno desde 2005 da una mejor idea de los impuestos pagados por la industria minería privada en años recientes – los registros públicos anteriores provenían sólo de compañías que pagaban algo, CODELCO y Escondida.

Como se muestra en la tabla 3, abajo, los impuestos de la industria minera privada han venido creciendo significativamente desde el 2005 – debido principalmente a los precios record del cobre, pero asimismo porque la discusión que culminó en la ley de “royalty 2,” y la nueva ley asimismo, en parte, han generado mejores registros y mayor recaudación.

Table 3: Chile, impuestos pagados por CODELCO y mineras privadas, 2005-2007

Sin embargo, CODELCO todavía paga significativamente más impuestos que los que corresponden a su (disminuida) participación en la producción de cobre. Sin embargo, como se muestra en la tabla 3, la proporción de CODELCO en los impuestos decrece más rápido que su participación en la producción. En 2005, produjo el 32% del cobre y pagó el 72% de los impuestos, mientras en 2007 estas proporciones han decrecido a 28% de la producción y 44% de los impuestos.

Una forma simple de estimar el monto preciso del objetivo a lograr en cuanto a renta minera apropiada por el país, es asumir que la minería privada debería pagar más o menos la misma proporción de impuestos que CODELCO, relativa a sus respectivas participaciones en la producción total de cobre. Esa meta parece razonable, y deja amplio espacio para sustanciales ganancias después de impuestos por parte de las mineras privadas.

Esto es así, porque los minerales que ellas explotan por lo general no tienen más de una década, mientras los de CODELCO han sido explotados durante un siglo en el caso de los dos mayores, y medio siglo en casi todos los demás. Solo los pequeños yacimientos Radomiro Tomic y Gaby son minas nuevas – la última bien puede terminar en manos de la China Minmetal, porque fue empeñada por un CODELCO asfixiado financieramente por los excesivos retiros del ministerio de hacienda. Adicionalmente CODELCO tiene gastos administrativos bastante pesados, lo que no ocurre con las privadas.

De este modo, sugerir que deben pagar los mismos tributos relativos a su participación en la producción parece bastante generoso de hecho para las privadas[28]. La tabla 4 presenta este cálculo.

Tabla 4: Estimación de la renta excesiva apropiada por las mineras privadas

Como se puede apreciar en la tabla, si las mineras privadas pagaran la misma proporción de impuestos que CODELCO relativa a sus respectivas producciones, en 2007 las primeras deberían haber pagado US$13,7 mil millones, además de los US$6,2 mil millones que pagaron ese año. En otras palabras, las mineras privadas se están embolsando a lo menos US$3,7 mil millones en renta excesiva, en 2007.

La tabla 5 presenta el mismo cálculo para 2005, 2006 y 2007, y compara la renta excesiva apropiada por las mineras privadas con varios indicadores de gasto público social, y con el producto interno bruto, PIB.

Tabla 5: Renta excesiva apropiada por las mineras privadas, y gasto público, 2005-2007

Como se muestra en la tabla 5, si las mineras privadas pagaran lo que les corresponde en justicia, relativo a CODELCO, deberían haber pagado US$13,7 mil millones en 2007 y un monto similar en 2006, y US$7,4 mil millones en 2005; todas estas cantidades aparte de los impuestos que pagaron esos mismos años. Los mismos números se presentan en la figura 2, abajo.

Figura 2: Chile, renta excesiva apropiada por mineras privadas y gasto público, 2005-2007

Las rentas mineras que actualmente están siendo apropiadas en exceso por las mineras privadas equivalen a una proporción significativa del gasto público social en Chile – 80% en 2006, y dos tercios del mismo en 2007. De este modo, fácilmente podrían permitir duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, que son las tres componente principales del gasto social en Chile como en otras partes (ver figura 3 en apéndice).

Pareciera que el tiempo está más que maduro para cambios adicionales en la política minera chilena.

Manuel Riesco

Geneva, April 2008

CENDA

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Indice General

Taller UNRISD “Política Social en Países Ricos en Minerales”........... 1

Acerca de “Rentas Mineras y Desarrollo Social en Chile” ........... 1

Manuel Riesco ........... 1

CENDA, Chile........... 1

Introducción........... 3

La lucha reciente en Chile por la renta de los recursos minerales........... 5

¿Liberales versus nacionalistas?....... 6

¿Explotación eficiente de los recursos naturales?....... 10

Demandas pendientes........... 11

Resultados de las mineras, 2005-2007....... 11

Impuestos pagados, rentas a recuperar....... 15

Bibliography........... 20

Apéndice (ver set comleto de tablas en línea)........... 22

Appendix 2: Some factual objections to "Mineral Rents and Social Development in Chile "........... 29

Table 1: Chile, Resultados de la minería, 2005-2006 (US$ Millones)... 12

Table 2: Chile, resultados de la minería, 2005-2006 (US$/ton de cobre producido)... 14

Table 3: Chile, impuestos pagados por CODELCO y mineras privadas, 2005-2007... 16

Tabla 4: Estimación de la renta excesiva apropiada por las mineras privadas... 17

Tabla 5: Renta excesiva apropiada por las mineras privadas, y gasto público, 2005-2007... 17

Tabla 6: Producción de cobre en Chile, por controlador, 2005-2007... 23

Tabla 7: Chile, Resultados Gran Minería, 2005-205, Resumen... 24

Table 8: Chile, Resultados Gran Minería, 2005-2006... 25

Tabla 9: Chile, impuestos pagados por mineras privadas, 2005-2007... 28

Tabla 10: Chile, Gasto público, 2005-2006... 28

Figura 1: Ganancias de las mineras privadas 2005 – 2006, e inversion extranjera directa en minería 1974-2006... 13

Figura 2: Chile, renta excesiva apropiada por mineras privadas y gasto público, 2005-2007... 18

Figura 3: Chile, distribución del gasto público social, 2006... 22

Apéndice (ver set completo de tablas en línea)

Figura 3: Chile, distribución del gasto público social, 2006

Tabla 6: Producción de cobre en Chile, por controlador, 2005-2007

(COCHILCO 2008)

Tabla 7: Chile, Resultados Gran Minería, 2005-205, Resumen

Table 8: Chile, Resultados Gran Minería, 2005-2006

Tabla 9: Chile, impuestos pagados por mineras privadas, 2005-2007

(CODELCO 2007) (Consejo Minero 2007) (DIPRES 2007)

Tabla 10: Chile, Gasto público, 2005-2006

Appendix 2: Some factual objections to "Mineral Rents and Social Development in Chile [29] "

1. Long range series in nominal US$ dollars are misleading: revenues (pg.18)

2. Chilenización of copper took place in 1969, not in 1964 (pg. 7)

3. Private mining accounts for 70% of production in 2007, not 65% (pg 11) (see table 1 in appendix 1)

4. Employment in mining has fallen from 80,084 (1.81% of the total employment, 1.02% in copper) in 1989, to 51,430 (0,80% of total employment, 0,60% in copper) in 2006. (Riesco, Lagos and Lima, The 'Pay Your Taxes' Debate 2005)

5. While it is true that social expenditure has increased considerably since the return to democracy (pg 23), nevertheless, the starting base of comparison is the terribly low levels of social expenditure and wages at the end of the dictatorship. Expenditure in education and health, for example did not recover its pre-coup levels until the mid nineties, in absolute volume measured in constant money, and are still lower when measured in per-capita basis, and even worse as a percentage of GDP where present expenditure in education and health is half what it was. Teachers. Economic growth has played its role as well in the prolonged transition. Under the first three governments after 1989, the economy grew at a very fast pace until 1997, when it entered a recession that lasted until 2003. The impressive economic growth of the 1990s allowed for almost everything in Chile to be multiplied by two, three, or even four, during this quite extraordinary period. Total public expenditure grew faster than GDP between 1989 and 2000, then slightly slower than GDP from 2000 to 2005, under the Lagos government; the same was true of expenditure on social programmes. As a result, although the Chilean budget almost trebled during this period—an increase of 2.8 times—it is still no more than about a fifth of GDP, which is low even by Latin American standards. Nevertheless, public spending on health more than trebled—3.4 times from 1990 to 2005—and on education more than quadrupled—4.4 times in the same time frame. Under President Bachelet public spending has been growing at almost 10 per cent a year, once more significantly above GDP, especially on social expenditure. However, as said, their present levels are still quite modest by international standards and far from pre-coup levels in relative terms. On the other hand, privatisation of social services has failed for the vast majority, prompting current reforms in health, pensions and education. In education, the dismantling by the dictatorship of the public system built throughout the developmentalist period was brutal. Education budget was slashed by half, public schools lost one third of its pupils, overall enrolment decreased during a decade. At the same time, since the 1980s, private schools were intensively stimulated through public subsidies - the voucher system -, and captured the students deserting the crumbling public system and all the new enrolment. However, they were not able to make up for the deterioration of the latter, nor in quality which is mostly deficient, nor in quantity, because the proportion of students in all levels and both in public and private schools to overall population fell from 30% in 1973 to 25% in 1990. After 1990 there were far more public resources, but most went to private schools, with the students, which continued to dessert the public system up until today, meanwhile quality is so deficient that it prompted millions of student "penguins" protesting in 2006, and the current reform process. The proportion of all kinds of students to overall population has recovered to 27%, still under 1973. At the same time, a relative decrease in the youth segments of the population pyramid has made it possible to increase the schools coverage, completing it in primary and secondary, but the country has fell behind in tertiary level, where its present coverage (42%) y far behind Argentina (65%) and eons away from Korea (98%) (Riesco, Derrumbe de un mito 2007)

6. Chilean distribution of income, which is "scandalous" according to the Chilean Bishops (Conferencia Episcopal) ¿is it a secular problem deeply rooted in the history of Spanish and Portuguese colonisation (pg 61)? Recent research proves that, quite on the contrary, it has changed dramatically along the 20-century, in accordance with the prevailing development strategy and corresponding relative influence of workers and employers in public affairs. During the whole transition from traditional agrarian to urban-salaried society in Chile, from 1929 to 2006 (both years of peak in the respective economic cycles), GDP multiplied fourteen-fold, meanwhile the overall wage mass (average real wages multiplied by the number of workers) increased over 20 times. That is, the participation of workers in GDP - universally recognised as the number one determinant in income distribution - increased quite considerably. However, all that improvement took place during the developmentalist period (1924-1973 in Chile), meanwhile was reversed brutally after the military coup, and exception made for very brief periods, it has continued to deteriorate ever since. Considering both periods, from 1929 to 1971 (both peak years), GDP multiplied 3.7 times, meanwhile the overall wage mass multiplied almost seven times, meaning the participation of workers in GDP doubled. In the second period, however, GDP also multiplied 3.7 times from 1971 to 2006 (both years of peak economic activity), meanwhile the mass of wages increased only 3.2 times, that is, the participation of workers in GDP decreased significantly. The bulk of the deterioration occurred in the wake of the 1973 coup, because in the economic 1971-1981 economic cycle (both peak years), GDP grew at a pace which although was very slow (averaged +2.3% a year; really, it slumped from 1972 to 1975 and recovered up to 1981), meanwhile the overall mass of wages stagnated (+0.7% a year), with a subsequent serious regression of their participation in overall income. The next cycle 1981-1997 saw a fast GDP growth (5% a year on the average, really, it slumped in 1982-1985 into the worst crisis since the 1930s, but recovered very fast until 1997), and although the mass of wages also grew (4.2% a year) it did so significantly less, so participation continued to deteriorate in spite of growth. Only during the last cycle, 1997-2006 (both peak years), the mass of wages has grown (4.1%a year in the average) faster than GDP (3.5% a year). It is also remarkable that the improvement during developmentalism was due to wage increase (which multiplied 3.54 times from 1929 to 1971), meanwhile they stagnated (they recovered their pre-coup level only in 2000, and multiplied only by 1.21 (21% increase) for the whole 1971-2006 period. Meanwhile, the number of workers multiplied by 1.9, doubled, from 1929 to 1971, and by 2.4 times from 1971 to 2006, because women workers almost quadrupled during the second period by (CENDA 2007, based in long term series compiled by the Economic Faculty of the Catholic University). (CENDA 2007)

[1] Project Title: Financing Social Policy. Date: 24 - 25 Apr 2008. Location: Palais des Nations - Geneva, Switzerland. Donor(s): Ford Foundation. Programme Area: Social Policy and Development, Special Events

[2] Comentario solicitado acerca del informe de Juan Carlos Guajardo, Mineral Rents and Social Development in Chile, UNRISD (Geneve: UNRISD, 2008). Todos los documentos presentados en el taller están disponibles en: http://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/unrisd-workshop-on-mineral-rent-and-social-policy-files

[3] Vice-presidente de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Santiago, Chile. mriesco@cendachile.cl, www.cendachile.cl

[4] Todas las cifras han sido re-chequeadas por el autor. Sin embargo, la seria implicancia de las conclusiones demanda todavía mayor esfuerzo en este sentido, El autor agradece a todos los lectores que puedan encontrar alguna inconsistencia en las cifras presentadas – o cualquier otro error - , tengan la amabilidad de reportarlo a mriesco@cendachile.cl.

[5] Ver por ejemplo, The Pay Your Taxes Debate, UNRISD, 2005

[6] Esta es la tasa maxima, y se aplica sobre las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amprtización..

[7] En Chile se ha hecho popular la expresión “elusión,” para denominar la evasion de impuestos que se escuda en resquicios legales.

[8] El que será referido en lo sucesivo como “el trabajo” o “el trabajo comentado,” y se dará sólo el número de ágina (pg. #) en referencias específicas.

[9] Por ejemplo, muchos de los hechos enumerados en el trabajo aparecen listados en el sitio web www.consejominero.cl , que representa a las mineras privadas que operan en Chile. La descripción de las políticas sociales y económicas es repetida asimismo usualmente en las presentaciones oficiales del gobierno.

[10] Centro de Estudios del Cobre, CESCO, Santiago, Chile. www.cesco.cl. El autor principal de la mencionada respuesta comisionada la industria contra la anterior investigación de UNRISD pertenece asimismo a este centro. Otros miembros del mismo han ocupado cargos claves en el gobierno y en CODELCO, la minera estatal, desde los cuales la política minera se decide en los hechos desde 1990 hasta ahora. Roberto Farías, El cobre chileno los nuevos caminos a la usurpación., Terram (Santiago: http://cep.cl/CENDA/Cen_Documentos/Cobre/cobreterram.pdf , accessed on 12 July 2004.).

[11] Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Santiago, Chile. www.cendachile.cl el autor de la investigación anterior de UNRISD pertenece asimismo a este centro.

[12] Como es sabido, la renta es un concepto económico que se deriva de la existencia de factores fijos – la tierra es el caso estudiado pos los clásicos, especialmente Smith, Ricardo y Marx – que constriñen la producción cuando aumenta la demanda más allá de un cierto nivel, forzando un alza de los precios por encima de los niveles de competencia. El precio adicional se transforma en renta pagada a los propietarios del factor escaso por nuevos entrantes atraídos por las ganancias en exceso. Desarrollos teóricos adicionales consideraron la renta diferencial (Ricardo), la renta absoluta (Marx), y la renta intertemporal (Hotalling), así como la formulación marginal del concepto (Samuelson), entre otros. Todas las escuelas económicas reservan un tratamiento extensivo para este tema, y muchos de ellos, incluyendo todos los autores mencionados, concluyen que el tratamiento óptimo de la renta debe capturarla en su totalidad mediante impuestos especiales, para evitar la distorsión que introduce en la asignación de recursos. Ricardo, entre otros, era partidario de la nacionalización de toda la tierra de cultivo, con este propósito. Manuel Riesco, «Chile: Un nuevo esquema de impuestos para la minería,» Visiones Económicas Universidad ARCIS, october de 2002, http://cep.cl/Arcis/Visiones/Visiones0210/Visiones0210.html, accessed on 12 July 2004. ed. Eugenio Figueroa, Economic Rents and Environmental Management and Natural Resource Sectors (Alberta: Faculty of Business, Universidad de Alberta, Alberta, Canada., 1998).

[13] La Constitución prohibe explícitamente la venta de los minerales, todos los cuales fueron nacionalizados en 1971. Por este motivo, los mismos son entregados a las mineras privadas bajo una cláusula de “arriendo perpetuo,” introducida en 1981. El autor de esta cláusula fue José Piñera, entonces Ministro de minería de Pinochet, la misma persona que el mismo año privatizó el sistema de pensiones.

[14] El concepto de “elusión de impuestos” se ha generalizado en Chile, para distinguir el no pago escudado en requicios “legales,” de la evasión ilegal lisa y llana.

[15] La ley de reforma agraria fue aprobada por abrumadoras mayorías en el parlamento chileno a mediados de los años 1960, e implementad principalmente por Allende y el movimiento campesino a principios de los años 1970, de una manera rápida drástica y masiva que en dos años expropió prácticamente todos los latifundios tradicionales. Tras el golpe, los antiguos dueños, o más bien sus hijos, recibieron de vuelta aproximadamente un 305 de las tierras expropiadas, sin embargo, solo bajo la forma de las reservas relativamente pequeñas a las que enían derecho por ley. Los capesinos que fueron considerados “leales” recibieron cerca de un 405 de las tierras expropiadas, asimismo de acuerdo con la ley, y aunque muchos vendieron luego sus parcelas, la mayoría las conserva y con los otros conforma la vibrante agricultura capitalista responsable de buena parte del boom exportador. El resto de las tierras fue rematado a empresas forestales. Desde luego, los campesinos que más merecían tierras - aquellos que había luchado por ellas apoyando la reforma agraria – no solo no recibieron nada, sino que tras el golpe fueron expulsados y perdieron incluso sus casas en muchos casos, miles fueron encarcelados y cientos asesinados.

[16] El Senador Lavandero ha pagado caro por sus acciones. Con más de 80 años de edad, y siendo el parlamentario más antiguo – fue elegido por primera vez en 1957 – fue encarcelado en 2005 bajo cargos de pedofilia que ni siquiera fueron probados judicialmente – en los procedimientos previos al juicio se le ofreció un trato que él aceptó, que lo obligaba a pagar indemnizaciones pecuniarias a los denunciantes, y una pena de prisión remitida. Sin embargo, la fiscalía desconoció el acuerdo, apeló y una corte más alta ordenó su encarcelamiento. Cada vez que solicitó su libertad le fue denegada, hasta precisamente mayo del 2008, en que se le acaba de permitir salir bajo fianza.

[17] “Estos recursos minerales tienen un valor intrínseco, porque pueden ser explotados con ganancia. Sin embargo, el Estado no recibe compensación ninguna por la extracción y venta de tan valiosos recursos los que de acuerdo a la Constitución le pertenecen. Actualmente el contratista minero saca partido de los recursos minerales no renovables como si fuesen bienes sin valor ninguno. Esta situación es equivalente a un subsidio del Estado en beneficio de los dueños de las compañías.” Congreso Nacional Chileno, «Ley Nº 20.026, establece un impuesto específico a la actividad minera,» Biblioteca del Congreso Nacional, 27 de Mayo de 2005, http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/239219.pdf (accessed 22 de april de 2008).

[18] Este autor fue un testigo material de este acuerdo, porque el lobbyista que logró el acuerdo muy orgulloso le informó del mismo, semanas antes que la ley fuera enviada al parlamento – que la aprobó con cambios menores.

[19] Todas las empresas deben pre-pagar un 17% sobre las utilidades distribuidas a sus duelos, los cuales luego pueden imputar dicho pago como un crédito al momento de hacer su propia declaración de impuesto a la renta.

[20] En 1995, Chile vendió 2,41 millones de toneladas de cobre puro por US$6,43 mil millones, mientras en 1999 vendió 4,23 milones de toneladas de cobre puro por sólo US$5,89 mil millones. De este modo, mientras las exportaciones físicas aumentaron en 76%, el valor de las mismas disminuyó en 8,4%. En 2002, Chile exportó 4,5 millones de toneladas de cobre fino y recibió a cambio US$6,28 mil millones. Manuel Riesco, Gustavo Lagos and Marcos Lima, The 'Pay Your Taxes' Debate, UNRISD (Geneve: http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/D0911BEE223DF74EC12570AC0032E4E2?OpenDocument, 2005)..

[21] El impacto sobre la asignación de recursos de no considerar la teoría de la renta en el diseño de la política minera fue asimismo cons¡gnado en la nueva ley: “No cobrar por el uso de un factor de producción redundará adicionalmente en una reducción artifical de los costos de extracción y tratamiento de los productos minerales. Esta reducción artificial en los costos de producción genera incentivos a la sobre explotación de los depósitos minerals, porque los productores tomarán sus decisiones basados en sus costos privados. El establecimiento de un royalty minero como en esta ley corregirá esta situación, haciendo que los productores internalicen el costo real de ls minerales extraídos (Chilean government 2004).”

[22] A mediados del 2002, cuando el precio del cobre cayó bajo los 60 US7c por lb, los mayores productores en Chile encabezados por CODELCO y Escondida de BHP Billiton, decidieron reducir su producción o incrementar sus stocks. La reacción del mercado mundial del cobre fue instantñanea; el precio del cobre detuvo su caída libre y en algunas semanas había recuperado casi 10 US/c por lb.

[23] El trabajo incorrectamente fecha esta ley en 1964 (pg. 7).

[24] This financial indicator is widely used to get a more accurate picture of profits, especially in industries that make extensive use of depreciation and leverage, as is the case in mining.

[25] La mayor parte de la inversión extranjera directa (IED) fue realizada en años recientes. El trabajo comentado afirma que le 90% de la IED ingresó después de 1990, y las cifras de COCHILCO muestran que el grueso fue realizado de hecho con posterioridad a 1995, y aún en años más recientes. Adicionalmente, y más significativo para esta argumentación, las ganancias de las mineras en años anteriores habían ya pagado sus inversiones varias veces. Ello significa que las ganancias de los últimos años fueron pura ganancia. Esto significa que aún luego de efectuar correcciones por la depreciación del dólar e intereses acumulados no cambia la realidad fundamental que en dos años las ganancias mineras superan a todas las IED de todos los años anteriores.

[26] In addition to by-products, CODELCO sells copper from third parties, earning a slight additional margin on every ton, for this reason.

[27] El lector ciertamente comprenderá que la pretendida “ley” es una broma a medias – cuando los precios se derrumban, las mineras del cobre también la pasan mal. Sin embargo, es interesante que estas cifras prueban de modo tan claro la precisión la versión simplificada de la “ley” que ha popularizado el movimiento que busca reformar la ley minera, que intenta que cada niño conozca y comprenda lo que se están llevando las mineras privadas: “Multiplique el precio del cobre (que en Chile se publica en US$/c por lb) por 2 y luego por 1.000 y luego por 6 millones de toneladas, y va a obtener el valor del cobre vendido. Eso mismo es lo que ganan todas las compañías del cobre, y solo tres privadas se están llevando la mitad de esa cantidad, y el 70% se lo llevan diez compañías privadas.” ¡Cualquiera puede entenderlo!

[28] CODELCO debe pagar un royalty de 10% sobre sus ventas, un 5% de “royalty 2” sobre sus utilidades EBITDA y luego un 57% de impuesto a la renta. Las compañías privadas pagan 0,0% (cero%) de royalty sobre las ventas, 5% de “royalty 2” sobre utilidades EBITDA, y 17% de impuesto a la renta. Adicionalmente, los dividendos retirados por los dueños deben pagar un 35%, del cual se descuenta el 17% ya pagado por las empresas

[29] Juan Carlos Guajardo, Mineral Rents and Social Development in Chile, UNRISD (Geneve: UNRISD, 2008).