CENDA
¡No+ISAPRE!
CENDA rechaza proyecto Piñera
propone recuperar impuesto 7% salarios por ISAPRE y avanzar hacia fondo único de salud
Bases para una reforma
mayo 2019
mayo 2019
El proyecto presentado por el Gobierno no es un camino de solución al problema de segmentación del sistema de salud chileno. Refuerza un sistema que retroalimenta la inequidad existente a nivel general y la hace más aguda en salud, sobrecarga el sistema público que cuenta con menos recursos que el sector privado, donde la dinámica de los seguros privados se desarrolla con discriminación inaceptable, con ganancias desmedidas y despilfarro social de recursos. Por estos motivos, CENDA rechaza este proyecto y propone recuperar impuesto de 7 por ciento hoy expropiado por ISAPRE para sumarlo a un Fondo Único Nacional de Salud que financie atención gratuita y de calidad a toda la población.
Privatización de servicios sociales públicos chilenos ha consistido en apropiación privada de impuestos que se aplican íntegramente sólo a los trabajadores, por parte de empresas financieras que actuado en beneficio de sus controladores han incumplido demagógicas promesas de proveer servicios adecuados a la ciudadanía. Esto debe terminar y el Estado recuperar esos impuestos, que en sus niveles actuales pueden sostener adecuadamente los sistemas públicos respectivos.
Como son los casos del Reino Unido, Alemania, Canadá, España o Italia.
Se financia con impuestos generales, una prima obligatoria de seguridad social que aportan sólo los trabajadores (el 7%) y con un importante nivel de gasto de bolsillo.
Permite a las personas de mayores ingresos salir del pool de riesgo social solidario representado por el FONASA y entregar el 7% a unas entidades privadas llamadas ISAPRE que lo tratarán de acuerdo a su riesgo de enfermar, preferencias y capacidad de pago.
Lo que habrá ocurrido entonces es que esa parte del financiamiento, la fuente mayor en términos relativos porque se trata de la proveniente de los salarios más altos, habrá sido expropiada por la ISAPREs y se utilizarán en un mundo privado donde predomina el mercado.
Esta es la raíz del problema.
Cuando las personas envejecen y disminuyen los ingresos de modo que ya no pueden seguir financiando su plan y cuando realmente van a estar enfermas.
Fondo realmente “nacional” y universal para financiar la salud. Ello sumará a las arcas públicas cerca de un punto porcentual del PIB cada año.
Reunirá todos los recursos disponibles para salud, aporte fiscal y todas las cotizaciones, que podrá aprovechar todas las ventajas en solidaridad y eficiencia que esto conlleva, y que ha demostrado la experiencia internacional.
Este será el punto de partida para avanzar hacia una salud gratuita cubierta por un aumento significativo de la inversión pública en el sector hasta alcanzar la satisfacción de las necesidades de salud de la población, sin que las familias deban enfrentar barreras de acceso como lo es el gasto de bolsillo.
Una red de servicios para todos, con un solo fondo pagador que puede ayudar a modelar el sistema de modo que tienda a dar servicios integrales a individuos y comunidades, de manera integrada y basada en un primer nivel de atención y la estrategia de atención primaria de salud para todos.
Un fondo como este, fortalecido en sus capacidades, podrá además negociar términos más favorables con proveedores de servicios que se integren a las redes señaladas y ejercer economías de escala, ahorros sociales en administración y manejo de altos costos de manera inteligente y precisa.
Condiciones y derechos de las personas, expresados en los montos de subsidio/financiamiento que recibirán desde el fondo cuando enferman, serán los mismos para toda la población y podrán ir aumentando en el tiempo conforme se vayan cubriendo financieramente las necesidades a través del aumento del gasto público hasta llegar al menos al 6% del PIB como recomienda y se ha comprometido Chile en el marco de los organismos de salud de las Naciones Unidas.
Una tarea mayor del Ministerio de salud radicará en la fiscalización y organización de la provisión, a la vez que, en una gobernanza y capacidades adecuadas para asegurar transparencia y poder de regulación.
A casos ya mencionados y consolidados hace muchos años, pueden sumarse casos más recientes como Corea del Sur, Estonia y Costa Rica y Uruguay en la Región.