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Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
Visión del Desarrollo Nacional 2010-2018
Visión del Desarrollo Nacional 2010-2018
Versión 03/11/09
Índice general
Índice general
Índice general................................................................................................................... 1
Índice de figuras............................................................................................................... 2
Indice de tablas................................................................................................................. 2
Responsabilidad del contenido............................................................................................. 3
Objeto y métodos................................................................................................................. 3
La crisis mundial.................................................................................................................. 6
Fin de las utopías............................................................................................................. 8
Hyperburbujazo financiero............................................................................................. 10
Banqueros...................................................................................................................... 12
La situación a fines de julio............................................................................................ 15
El burbujazo especulativo en las monedas y bolsas emergentes..................................... 18
Consecuencias probables para Chile.................................................................................. 24
La caída en las exportaciones......................................................................................... 25
Chile: Caída de las exportaciones durante las recesiones principales del último siglo........ 28
Años.................................................................................................................................. 28
¿Fin del desarrollo hacia afuera?.................................................................................... 31
¿Hacia un nuevo modelo de Estado desarrollista de bienestar social?................................ 34
La coyuntura de giro estratégico..................................................................................... 37
Hacia un Nuevo Modelo Desarrollista de Bienestar Social en América Latina?............. 39
Elementos de una estrategia alternativa de desarrollo nacional....................................... 43
Sugerencias metodológicas para observar la evolución de los escenarios reseñados y su impacto en el territorio 57
Alcance y precisión de los datos.................................................................................... 58
Nueva conceptualizacción de la fuerza de trabajo........................................................... 58
Carácter de la relación laboral......................................................................................... 58
Bibliografía........................................................................................................................ 59
Índice de figuras
Índice de figuras
Figura 2: Precios de acciones ajustados por inflación, EE.UU. 1920-2009......................... 9
Figura 3: Valor del mercado bursátil global como proporción del Producto Interno Bruto, 1980-2009 11
Figura 4: Participación del sector financiero en las ganancias corporativas, EE.UU, 1929-2009 13
Figura 5: Valores bursátiles, países desarrollados y mundo en su conjunto, 2000-2009... 16
Figura 6: Relación precio acciones / utilidades empresas, EE.UU, 1900-2009.................. 17
Figura 7: Relación precio acciones /utilidades empresas, EE.UU. 1881-2009................... 18
Figura 8: Valores bursátiles, países desarrollados, mundo en su conjunto, países emergentes, BRIC, Chile, 2000-2009........................................................................................................................... 19
Figura 9: Valores bursátiles, países desarrollados, mundo en su conjunto, países emergentes, BRIC, Chile, 2007-2009........................................................................................................................... 20
Figura 10: Valores bursátiles, países desarrollados, mundo en su conjunto, países emergentes, BRIC, Chile, 2008-2009........................................................................................................................... 21
Figura 11: Exportaciones / Producto interno bruto, Chile, 1920-2009............................... 32
Indice de tablas
Indice de tablas
Tabla 1: Caída de las exportaciones durante el primer semestre del 2009, por destinos principales 26
Tabla 2: Caída de exportaciones primer semestre 2009, por productos principales............ 27
Tabla 3: Caída de esportaciones durante las principales depresiones del siglo................... 28
Tabla 4: Caída de exportaciones y PIB en principales depresiones del siglo...................... 30
Responsabilidad del contenido
Responsabilidad del contenido
El presente informe ha sido preparado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA[1], en base a un trabajo encargado por el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, en el marco de una consultoría experta para el proyecto «Visión del desarrollo nacional».
La responsabilidad del informe es exclusivamente de CENDA y sus contenidos no comprometen a la institución contratante.
Objeto y métodos
Objeto y métodos
El objetivo del presente documento consiste en entregar «una visión fundada sobre los posibles escenarios en el marco del ámbito temático de los cambios socio-económicos en Chile y su impacto en el desarrollo, considerando las tendencias y variables mas relevantes en su configuración».
La metodología de definición de escenarios consistirá en asignar diferentes probabilidades de ocurrencia a escenarios alternativos, los cuales se configuran a partir de alternativas de estrategias de desarrollo determinadas por factores internos así como por las que dependen de la economía mundial posterior a la crisis.
De ese modo, se puede configurar un rango de posibilidades según sea su peso relativo que se asigne a uno y otro escenario alternativo sobre un espacio configurado por estos dos ejes.
Ello se grafica a continuación:
Figura 1
En el eje de los escenarios externos, el primero supone que la crisis en curso termina de modo más o menos rápido y no genera consecuencias que obliguen a un giro mayor en la estrategia de apertura exportadora seguida hasta ahora por Chile.
El segundo escenario en este eje es el que se reseña en el presente informe. Sus rasgos esenciales se basan en los principales aspectos del funcionamiento de la economía mundial que se han puesto de relieve en el curso de la crisis actual y que hasta ahora aparecían subordinados o latentes. Entre estos, el más relevante es el que dice relación con los grandes ciclos de expansión y contracción del comercio internacional que se han experimentado a lo largo del pasado siglo y que la crisis pudiera presentar como una de sus probables consecuencias. También se analizan en este documento otros aspectos de la economía mundial y la sociedad moderna que la crisis ha puesto de manifiesto, como el rol del Estado en la economía, por ejemplo “Nadie puede quedarse al margen –señaló en estos días el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia- de la necesidad de aplicarse a si mismo la lección que deriva de la experiencia de esta crisis. Cuando el Estado no regula bien –añadió-, el mercado no funciona o produce resultados que no son tolerables. El Estado es imprescindible en tanto regulador y en tanto autoridad que hace cumplir las normas” (CE, 30/08/09).
Asimismo, la crisis ha puesto de manifiesto que el tamaño e influencia que había alcanzado el sector financiero resultaban desproporcionados, y, ha remarcado la tendencia al cambio en la correlación de fuerzas de las economías de los distintos países, que se preveía antes de su inicio (Goldman-Sachs 2003). Estos aspectos resultan de extraordinaria relevancia en cuanto a incidir en las probabilidades de giro en el escenario.
En el eje de los escenarios internos, se supone por una parte la continuidad de lo que las bases reseñan como «el modelo de desarrollo actual de Chile, fundamentalmente de corte neoliberal en lo económico y que se caracteriza por la vigencia de un Estado subsidiario, tiene más de tres decadas de vigencia. El enfoque adoptado respecto de rol del mercado en el desarrollo socio económico, cuyos orígenes se remontan al regimen militar, ha sufrido pocos cambios durante los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. »
El escenario interno alternativo se reseña en el presente informe y supone un giro en la estrategia de desarrollo hacia lo que se denomina un modelo neo-desarrollista de bienestar social, impulsado por un nuevo bloque en el poder (M. Riesco, 2007).
Ciertamente las de más probable ocurrencia combinarán aspectos de una y otra estrategia, las que se orientarán hacia una u otra inserción internacional. Sin embargo, parece altamente improbable que las cosas continúen sin cambios de significación, tanto por elementos puramente internos como asimismo debido a los efectos de la crisis, los que afectan directamente por una parte, pero influyen también sobre los factores internos.
En otras palabras, luego de la crisis el mundo no será igual al existente antes de ella. No está claro aún la profundidad que alcancen, pero ya se van escribiendo modificaciones que pueden transformarse en prolegómenos de cambios muy profundos a futuro.
Por otra parte, es probable que los aspectos principales del escenario emergente se vayan manifestando de modo gradual, a medida que los rasgos predominantes del modelo anterior se van difuminando. De alguna manera, en algunos aspectos, este proceso ha venido cursando lentamente a lo largo de las últimas décadas. Ello significa que el nuevo modelo probablemente combinará rasgos de uno y otro durante un tiempo más o menos prolongado.
La argumentación referida a la crisis y sus efectos, se sustenta principalmente en la evidencia al respecto que han ido presentando los principales medios, instituciones y especialistas relacionados con el tema, a lo largo de la misma[2].
En el texto se hace referencia con frecuencia a la serie de artículos en los que CENDA ha venido haciendo seguimiento de la crisis y que se publican regularmente en la forma de cartas económicas semanales (referidas en el texto como CE dd/mm/aaaa) y notas cotidianas en el diario (blog) respectivo (referidas en el texto como Bl dd/mm/aaaa). Asimismo, la argumentación del escenario reseñado en el segundo eje se basa de manera importante en el trabajo previo de CENDA «Lineamientos de política económica 2006-2010,» preparado para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La crisis mundial
La crisis mundial
«La economía mundial no puede volver a lo que era antes de la crisis porque era insostenible. Se encuentra en los primeros pasos de una larga y penosa reestructuración. » De este modo define Martin Wolf, editor asociado y comentarista económico principal del Financial Times de Londres, las consecuencias de la crisis mundial en curso. (FT 21/04/2009 ).
China se transformará durante el presente año en la segunda economía del mundo por la magnitud de su producto, desplazando a la otra gran potencia asiática, Japón. En 2008, mientras la economía nipona registró un producto interno bruto de US$4,9 billones, el de China llegó a US$ 4,4 billones. Pero en 2009, si nos basamos en las estimaciones de la OCDE dadas a conocer al cerrar el trimestre, Japón se contraerá en 6,8%, en cambio China crecerá 7,76%. Otras estimaciones cifran el crecimiento de la mayor potencia emergente sobre el 8%. Por tanto, en un período breve China pasará a ser la segunda economía mundial por su producto.
En general, crece, la importancia de las cuatro economías emergentes más grandes de la tierra, los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que reúnen más del 40% de la población mundial, un 25% de la superficie terrestre, representan el 15% del producto global y tienen en sus manos el 42% de las reservas internacionales en dólares. Ello constituye una de las principales manifestaciones de las modificaciones que se están produciendo en la correlación de fuerzas entre países a nivel global, influidas por las repercusiones de la mayor crisis cíclica desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado.
El mundo enfrenta grandes desafíos globales que es imposible enfrentarlos sin considerar esta nueva correlación. Barak Obama lo reconoció explícitamente en la conferencia de prensa final de la última reunión del G-8 en L´Aquila (Italia). «Una cosa que es absolutamente cierta – explicitó – es que pensar que nosotros podamos resolver de alguna forma algunos de estos desafíos globales sin (…) China, India y Brasil parece ser errado» (CE, 11/07/09).
De allí el mayor protagonismo alcanzado por el G-20. Estos cambios deben tenerse en cuenta, es el nuevo escenario mundial que se está dibujando. Ahora bien, frente a estos cambios debe el país tener una actitud activa que sólo puede lograrse si se actúa en conjunto con los países de la región.
Con todo, como señaló Joseph Stiglitz en la conferencia especial efectuada por las NN.UU. para tratar la crisis económica a mediados de año, « (…) la toma de decisiones –no tiene que limitarse a un club autoelegido sin legitimidad política y en su mayoría dominado por quienes han tenido una responsabilidad considerable en el origen de la crisis». «Si queremos que la globalización funcione para todos –añadió Stiglitz-, las decisiones sobre la manera de gestionarla deben tomarse de una manera democrática e inclusiva, con la participación tanto de las víctimas de los errores como de quienes los cometen». No deben ser los responsables de la grave crisis económica y de muchos de los problemas globales existentes quienes determinen las instancias llamadas a superarlas. (CE, 19/07/09).
La lista de las grandes contradicciones globales no es pequeña. Entre ellas figuran los fuertes saldos positivos y negativos existentes en las cuentas corrientes de las balanzas de pagos; la crisis del dólar y del sistema global de reservas; la escasa relevancia de las instituciones creadas en Bretton Woods, particularmente del FMI; la existencia de un gigantesco mercado de capitales especulativos; la profundización de las brechas entre países ricos y pobres y la desigual distribución de los ingresos existente al interior de la generalidad de ellos; las medidas proteccionistas y de subsidios de las grandes potencias que siguen imperando en el comercio internacional; el daño medioambiental y las implicancias sobre el futuro de la humanidad que acompaña al cambio climático; la necesidad de crear una “nueva arquitectura” institucional y reguladora mundial; el dominio de las corporaciones transnacionales y la explotación irracional que efectúan de recursos naturales; las limitaciones y deformaciones impuestas por la reducción del papel de los Estados y dejar que predominen supuestos equilibrios a producirse por el “libre” movimiento de los mercados; etc.
La profundidad de la crisis exige poner atención en las grandes contradicciones y desequilibrios existentes en la economía mundial que de no superarse volverán a repercutir negativamente a futuro.
John Authers, el principal analista de mercados del Financial Times, ha venido mostrando a través de varios de sus comentarios diarios titulados «The Short View» que la utopía de las ganancias indefinidas en los mercados financieros en el largo plazo es sólo eso, una utopía. En el plazo verdaderamente largo hay asimismo largos períodos de pérdidas.
En su comentario del 3 de marzo del 2009 (Bl 3/3/2009) presenta un gráfico fascinante, que se reproduce a continuación, donde muestra el comportamiento de Wall Street entre 1920 y la actualidad, medido según el índice S&P 500 deflactado por la inflación. En otras palabras, muestra la evolución real del precio de las acciones a lo largo de un siglo, lapso prolongado que permite extraer conclusiones.
Figura 2: Precios de acciones ajustados por inflación, EE.UU. 1920-2009
Se comprueba claramente que han existido tres grandes ciclos largos o seculares en el último siglo (Bl 01/01/2009). Los mismos tuvieron sus máximos en 1929, 1969 y 1999, respectivamente.
La caída real hasta el mínimo respectivo fue de 79 por ciento en la Gran Crisis. Allí hubo deflación, por lo tanto, la caída se explica exclusivamente por la baja de precios de las acciones.
Entre 1969 hasta 1982, el segundo ciclo secular a la baja, la bolsa de Nueva York cayó 62,6 por ciento en términos reales. En este ciclo hubo alta inflación, la que explica la mayor parte de las pérdidas.
En la presente década, la bolsa neoyorquina ha caído un 61,4 por ciento hasta el lunes 2 de marzo del 2009. Luego de la recuperación reciente, entre el 31 de marzo del 2000 y el 31 de julio del 2009, había caído un 50 por ciento.
La utopía de las ganancias estables queda al desnudo al comprobarse que tras 1929 Wall Street demoró ¡tres décadas! En recuperar sus valores previos a la crisis. Algo parecido ocurrió en el curso del segundo gran ciclo, cuando las acciones demoraron ¡dos décadas! en recuperar sus precios reales de 1969. Es decir, como concluye Authers, durante larguísimos períodos, que en el tiempo analizado suman más de sesenta años, las acciones de hecho han estado a la baja en términos reales. Han subido menos que la inflación.
El ciclo actual en realidad lleva ya diez años a la baja, como el propio Authers demostró en su ya clásico comentario del 7 de octubre del 2008 (Bl 7/10/2008). Los ciclos seculares a la baja más o menos se compensan con los ciclos de ganancias, de modo que, a la larga, el precio de las acciones en los mercados desarrollados sube muy modestamente en promedio.
Según un estudio de Credit Suisse publicado por Authers en el Financial Times (FT 13/02/2009), entre 1900 y 2008, el precio de las acciones en Wall Street subió un 1,7 por ciento anual real, en promedio. Sin embargo, los EE.UU. fueron la potencia emergente en ese período, tal como lo es China en la actualidad. El mercado de Londres, que era más maduro en la época, subió sólo un 0,4 por ciento sobre inflación, en el mismo período. Los bonos del gobierno ofrecen resultados aún más modestos, de apenas 1,0 por ciento real anual promedio en ambos mercados en el mismo período. Los bonos de empresas resultan apenas superiores, puesto que arrojaron un promedio de 2,1 y 1,4 por ciento real anual promedio en los casos de Nueva York y Londres, respectivamente, entre 1900 y 2008. El estudio constata que los dividendos de las acciones resultan más atractivos que el alza en el precio de las mismas (Bl 17/02/2009).
Esta evolución bursátil repercute en la economía real, a través del denominado efecto “riqueza” que incide en el consumo de los hogares. Por ello, los derrumbes accionarios empujan a las economías a fases contractivas, como se demostró durante la actual, o viceversa. Su volatilidad constituye un factor de desequilibrio económico que subsistirá mientras no existan regulaciones globales que las reduzcan. El país debe prepararse para vivir con ellas e intentar reducir sus efectos.
La crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad de los principales pilares que sustentaban el modelo predominante en el curso de las tres décadas. Entre éstos se pueden mencionar la creencia que en el largo plazo los mercados financieros eran capaces de generar un valor creciente de modo relativamente estable, que el comercio internacional podía crecer de manera rápida y sostenida y que los mercados en general eran capaces de alcanzar por si mismos equilibrios eficientes, sin la regulación y políticas activas de los Estados.
La crisis ha venido a desnudar toda una serie de distorsiones gigantescas en la economía mundial. Sucesivamente han quedado en evidencia y reventado la «burbuja» inmobiliaria en los EE. UU. y varios otros países desarrollados, la «superburbuja,» como la denominó Soros, que afectó a las materias primas y alimentos en el curso del 2007 y 2008 y el «burbujazo» que afectó las bolsas y monedas, especialmente las emergentes, en los años 2000 (Bl 23/10/2009) .
Ahora, sin embargo, con la crisis quedó en evidencia un fenómeno aún más vasto que todos los anteriores: el hyperburbujazo que vino infló los mercados financieros a lo largo de las tres últimas décadas.
Figura 3: Valor del mercado bursátil global como proporción del Producto Interno Bruto, 1980-2009
El mismo se aprecia a ojos vista en el gráfico que se adjunta, presentado por Martín Wolf en su comentario del Financial Times del 24 de febrero del 2009. El mismo presenta el valor de las bolsas mundiales expresado como porcentaje del producto interno bruto mundial, desde 1980 hasta el 2008.
Se observa como el valor de las bolsas mundiales se infló desde menos de un quinto del PIB mundial al inicio de los años 1980 hasta igualar su valor en el punto más alto del ciclo, a inicios del 2000. Luego se ha derrumbado hasta alcanzar poco menos del 40 por ciento del PIB mundial a principios del 2008.
Con la caída que ya va acumulada el 2009, que es de más de un cuarto de su valor a inicios de año, en este momento el valor de las bolsas mundiales debe andar más o menos en un tercio del PIB mundial. No sería raro que antes de tocar fondo vuelvan a los más sensatos valores de tres décadas atrás, es decir, menos de un quinto del valor del PIB mundial.
Este gráfico muestra quizás más claramente que ningún otro el origen del auge y caída del neoliberalismo en el mundo. Es el extraordinario auge del capital financiero, reflejado en este gráfico, el que explica su predominio a lo largo de estas décadas.
Fue el capital financiero, inflado en esteroides como se aprecia en el gráfico, el que estuvo detrás de políticos del corte de Reagan y Thatcher, así como sus símiles en países en desarrollo como Chile.
Lo mismo ocurre con los economistas neoliberales de todos los pelajes. Como se ha venido mostrando (Bl 28/01/2009s), esta extremista escuela de pensamiento fue desenterrada por los banqueros desde el ataúd donde yacía muerta en vida desde los años 1930. No sólo los sacaron de allí sino que les dieron cartabón de respetabilidad al ubicarlos en distinguidas cátedras y sobre todo poderosos cargos en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, bancos centrales y ministerios de hacienda.
Comparten una visión marcadamente anarquista respecto del rol del Estado y despiadada respecto tanto de los trabajadores como del capital productivo, entre otras distorsiones.
Martin Wolf, considera que el desmesurado poder de los banqueros es el principal problema que enfrentan los EE. UU. En su columna editorial del 14 de abril del 2009, expone el tema en toda su crudeza. Citando un artículo de Simon Johnson, ex economista jefe del FMI y actual profesor del MIT, dice: «la elite de intereses de negocios – los financistas en el caso de los EE. UU. – han jugado un rol central en crear la crisis haciendo apuestas cada vez mayores con el aval implícito del gobierno hasta el colapso inevitable.» Más aún «la gran riqueza que el sector financiero creó y concentró dio a los banqueros un inmenso poder político.» Ahora, argumenta el profesor Johnson, el peso del sector financiero dificultó la resolución de la crisis.
Los bancos «no quieren reconocer la magnitud de sus pérdidas puesto que los expondría como insolventes. . . este comportamiento es corrosivo: los bancos poco sanos no prestan (se guardan el dinero para protegerse ellos mismos) o hacen apuestas desesperadas en créditos e inversiones muy riesgosas de las que podrían ganar mucho pero probablemente no ganarán nada en absoluto. En cualquiera de los casos la economía sufre más todavía y los activos bancarios se deterioran aún más – creando un círculo altamente destructivo. »
De esta forma queremos mostrar como la crisis ha develado el corazón del auge y caída del neoliberalismo y la globalización: el desmesurado crecimiento de los activos financieros desde los años 1980 hasta el 2000 y consecuentemente el desequilibrante poder que adquirieron los banqueros sobre las otras fracciones del capital, factor de la crisis (Bl 3/3/2009).
Figura 4: Participación del sector financiero en las ganancias corporativas, EE.UU, 1929-2009
Wolf presenta en el gráfico adjunto nueva evidencia que se suma a la que antes se había mostrado (Bl 28/01/2009s). Las utilidades del sector financiero alcanzaron la increíble proporción de 42 por ciento del total de las ganancias empresariales el 2000 y ahora han caído a poco más de 25 por ciento, camino al fondo.
El problema, dice Wolf, es que su influencia en el gobierno de Obama, por ejemplo, continúa siendo decisiva. Los que critican el último plan de Geithner tienen razón – dice Wolf –, si funciona es porque permitió traspasar dineros públicos generosamente a los bancos. Sin embargo, no resolverá su insolvencia básica.
Tampoco la «prueba de blancura» a que fueron sometidos los grandes bancos – dice Wolf – conducirá a medidas que resuelvan este problema. Al igual que Japón – concluye – los EE. UU. están atrapados entre el temor a la bancarrota de la elite y la molestia del público con los salvatajes.
Al final – concluye – la quiebra y consecuentes pérdidas de los banqueros y sus acreedores debe ser parte de la solución. En caso contrario, la resolución de esta crisis sólo será el caldo de cultivo de la siguiente.
Estas políticas de tener éxito conducirían a que los mecanismos de funcionamiento de los grandes bancos estadounidenses, factor determinante en la magnitud de la crisis financiera, permanecerían inmodificados. «Los bancos que se consideran demasiados grandes para quebrar –llamó la atención Simon Johnson- ahora deben considerarse demasiado grandes para existir». Es el paso que la Casa Blanca y la Fed no han querido dar. «A menos que el presidente Barack Obama y otros jefes de Estado puedan encontrar una manera de disminuir los gigantes de las finanzas globales a tamaños manejables –comentó por su parte BusinessWeek-, los contribuyentes ciertamente tendrán que pagar la cuenta por más rescates en el futuro» (CE, 08/05/09).
El plan de regulación bancaria, declaró el presidente de Morgan Stanley para Asia, Stephen Roach, «es necesario pero no suficiente. Elude la cuestión principal: durante años EE.UU. llevó a cabo una política imprudente e irresponsable (…) Todo el plan –añadió– refuerza el poder de la institución que creó todo este monstruo con más poderes, que es la Reserva Federal sin asignarle responsabilidad por sus actos. Si no abordamos todos estos problemas, sin duda veremos una nueva crisis. Eso es seguro» (CE, 28/06/09).
Esta debilidad para actuar frente a la banca comercial privada tiene, guardando las proporciones, similitud con lo acontecido internamente[3]. El nivel de tasas se llevó casi a cero, con el propósito según se explicitó en sus comunicados, de “aumentar el estímulo monetario”, o sea que contribuyesen a frenar la caída de la demanda interna que en el segundo trimestre fue de un elevado 10,6%, según constató el propio instituto emisor al entregar la información de las Cuentas Nacionales de abril-junio.
La medida no viene sino a confirmar que la disminución de tasas de interés en proceso de contracción económica, como afirmó Keynes, tiene un efecto muy limitado como mecanismo reactivador. Así lo demuestra la experiencia internacional durante la crisis. La reducción de las tasas de interés y la creación de dinero a través de los bancos comerciales no dieron resultado, lo cual obligó a los bancos centrales de EE.UU., Reino Unido y Japón a recurrir a mecanismos monetarios no convencionales, como el de “relajamiento cuantitativo”, aumentando la masa monetaria directamente en el mercado a través de la adquisición de títulos de deuda públicos y privados, precisamente para sortear el papel regresivo desempeñado por la banca comercial durante la crisis. En otras palabras, no se limitaron –como las autoridades chilenas- a hacer llamados a la banca comercial a que cumpliesen un papel positivo frente a la crisis.
Los bancos comerciales privados al transformar en no poca medida esta baja de tasas en utilidades no sólo acentuó la inefectividad del paso dado por el Banco Central sino que jugó abiertamente un papel negativo. Según cifras de la Superintendencia de Bancos, en el primer semestre las tasas de interés anuales de las líneas de crédito eran de 40,18% y las de tarjetas de crédito alcanzaron a 48,96%. La banca comercial actuó en forma inversa a los propósitos anunciados por el Banco Central al bajar sus tasas de interés. Surge una pregunta obvia ¿por qué no se regulan esos cobros usurarios?
Ello constituye otro ejemplo de la ausencia de políticas monetarias con que se ha enfrentado la crisis. “La debilidad para la formulación de política pública –como escribió el economista de Aserta Consultores Hernán Frigolett- es evidente y la ausencia de capacidad para ejercer liderazgo institucional es patética. Las llamadas a la buena voluntad –añadió- y la utilización de presiones mediáticas no pueden ser instrumentos que se utilicen para conducir la política pública” (CE, 19/08/09).
Es interesante además el paralelo que se puede establecer entre el apoyo «bipartidista» a los banqueros en los EE. UU. Que denuncian Wolf y Johnson y la verdadera muralla «binominal» que protege en Chile el llamado «modelo neoliberal. «Éste no es otra cosa que el distorsionado y perverso capitalismo de los banqueros, como siempre ha denunciado el economista Ricardo Ffrench-Davis.
La evolución de la crisis se ha venido siguiendo en este documento a partir de la evolución de las bolsas mundiales, según la información actualizada a fines de cada mes por www.mscibarra.com. Los gráficos que siguen presentan la situación al 31 de julio del 2009. Todas las bolsas mundiales se expresan en euros.
Figura 5: Valores bursátiles, países desarrollados y mundo en su conjunto, 2000-2009
El primer gráfico muestra la evolución del conjunto de las bolsas mundiales (línea naranja en este gráfico) y los países desarrollados (verde), desde el inicio del actual ciclo secular (Bl 28/01/2009o), el 31 de marzo del 2000.
Se aprecia claramente que desde hace diez años las bolsas mundiales están a pérdida si se las expresa en una moneda relativamente estable como el Euro.
En efecto, primero caen durante tres años, perdiendo la mitad de su valor hasta agosto de 2003. Luego se recuperan parcialmente durante cuatro años, hasta alcanzar en junio del 2007 un 80 por ciento del valor de principios de la década.
Ahí se inicia el segundo momento de caída, durante el cual han perdido nuevamente la mitad de su valor hasta marzo del 2009, su mayor pérdida hasta ahora.
En total, la peor caída hasta el momento es de 60 por ciento desde sus niveles de inicio de la década. A partir de marzo del 2009 se han recuperado parcialmente, de modo que la caída total desde marzo del 2000 y hasta fines de julio del 2009 suma un 50 por ciento.
Lo que más llama la atención de este gráfico es que el primer momento de caída abarcó tres años completos, mientras que el actual lleva solo dos años. Esto hace que muchos piensen que la recuperación actual es solo un rebote parcial en una caída que todavía no ha topado fondo.
En el gráfico se incluye también la evolución de las bolsas de los países desarrollados, es decir, EE. UU. , Europa y Japón, principalmente (línea verde). Ellos constituyen el 80 por ciento de la economía y alrededor del 90 por ciento del valor de las bolsas mundiales. Como se puede apreciar, su evolución determina completamente la del conjunto de las bolsas mundiales (naranja), puesto que ambos gráficos coinciden casi exactamente.
Otro antecedente interesante entregado por John Authers del Financial Times en su comentario del 10 de noviembre del 2008 (Bl 20/11/2008), es el modelo de Robert Schiller acerca del valor de las acciones con respecto a las utilidades de las empresas, es decir, la denominada relación precio/ganancia (o P/E por profits/earnings en inglés).
De acuerdo al índice elaborado por Schiller, que mide estos elementos en el largo plazo, recién la relación P/E ha recuperado su nivel promedio de tendencia. Sin embargo, como se aprecia en el gráfico que sigue, en todas las recesiones anteriores se ha pasado de largo generosamente antes de empezar a subir nuevamente.
Figura 6: Relación precio acciones / utilidades empresas, EE.UU, 1900-2009
El mismo gráfico es reproducido por Authers en su comentario del 13 de agosto del 2009, actualizado hasta esa fecha, es decir, incluyendo la caída hasta alcanzar el mínimo de fines de febrero del 2009 y la recuperación posterior hasta fines de julio de este año. Como se puede apreciar en el gráfico, el mínimo de febrero del 2009 estuvo todavía lejos de los mínimos de los ciclos seculares anteriores.
Figura 7: Relación precio acciones /utilidades empresas, EE.UU. 1881-2009
El burbujazo especulativo en las monedas y bolsas emergentes
En los países emergentes, los especuladores han provocado gigantescas distorsiones, las que no son capaces de realizar en las más pesadas bolsas y economías de los países desarrollados.
En efecto, en el gráfico siguiente se aprecian los burbujazos especulativos que han estremecido las bolsas y monedas de los países emergentes, especialmente a partir del 2003. Para el Financial Times, durante ese período «la superperformance de los emergentes se movió exactamente en línea con la performance de los desarrollados. Parece haber sido un boom especulativo empujado por el optimismo del mundo desarrollado» (Bl 6/6/2009a).
Figura 8: Valores bursátiles, países desarrollados, mundo en su conjunto, países emergentes, BRIC, Chile, 2000-2009
El 31 de octubre del 2007, las bolsas del conjunto de los emergentes expresadas en euro (naranja en este gráfico) estuvieron un 80 por ciento por encima de sus niveles del 2000. Los llamados BRIC – Brasil, Rusia, India y China – (gris) sobrepasaron dicho nivel en 240 por ciento.
Luego se derrumbaron por debajo del nivel del 2000 y nuevamente rebotaron exageradamente, presa del último frenesí especulativo desatado a partir de octubre del 2008. Como se aprecia, el conjunto de los emergentes (naranja) y los BRIC (gris) se encuentran nuevamente por encima de su nivel del 2000, aunque todavía muy lejos de sus máximos de octubre del 2007.
En el segundo gráfico se incluye la bolsa chilena expresada en euro (azul). Se aprecia que durante el burbujazo de 2003 al 2007 la bolsa chilena siguió más o menos el comportamiento del conjunto de los emergentes, alcanzando también un máximo 80 por ciento por encima del 2000. Es decir, se vio afectada por dicha racha especulativa, pero no al nivel grotesco de los BRIC. En la última oleada de especulación, en cambio, la bolsa chilena ha sido una de las más afectadas del mundo, mucho más que el conjunto de los emergentes y todavía más que los BRIC.
Como se aprecia en el gráfico que sigue, el que muestra la evolución de las bolsas mundiales expresadas en euro desde el inicio de la crisis en julio del 2007, la bolsa chilena (naranja en este gráfico) se encuentra apenas un 10 por ciento por debajo de sus niveles antes de la crisis. En otras palabras, mientras las exportaciones caían más de un 40 por ciento y el PIB casi un cinco por ciento y la cesantía se empinaba por encima del 10 por ciento, la bolsa expresada en euro se comportaba como si no pasara nada.
Figura 9: Valores bursátiles, países desarrollados, mundo en su conjunto, países emergentes, BRIC, Chile, 2007-2009
En los países desarrollados las bolsas también han rebotado, pero en un porcentaje moderado y todavía se encuentran un 40 por ciento por debajo de sus niveles anteriores a la crisis. El conjunto de los emergentes e incluso los BRIC han sido esta vez más moderados que la bolsa chilena.
Como se aprecia en el gráfico que sigue, el desacople de la bolsa y el peso chilenos (naranja) se inició el 10 de octubre del 2008, desde cuando han subido un 70 por ciento. En el mismo período los BRIC (azul) han rebotado un 50 por ciento, los emergentes (gris) un 35 por ciento y los desarrollados (verde) apenas un 10 por ciento. Esto es completamente insostenible.
Figura 10: Valores bursátiles, países desarrollados, mundo en su conjunto, países emergentes, BRIC, Chile, 2008-2009
A estos niveles de precios de las acciones, la bolsa chilena equivale al 117 por ciento del PIB del país. En períodos normales, las bolsas mundiales equivalen más o menos a la décima parte del PIB mundial. En el máximo de la burbuja del 2000, llegaron a igualar el PIB mundial y hoy día representan menos del 40 por ciento del mismo (Bl 11/7/2009).
Menos la chilena, que aparece valorizada hoy por encima del PIB. ¡En medio de una de las peores recesiones de la historia!
Como no podía ser de otra manera la crisis golpeó a la economía chilena con fuerza, más que durante la crisis del sudeste asiático que fue el inicio de una serie de fenómenos que condujo a la anterior recesión económica del país, a fines de la década de los noventa.
Con mucho retraso, sólo al iniciarse 2009, las autoridades del Ministerio de Hacienda reconocieron abiertamente la magnitud de la crisis económica global. «En 2009 –manifestó Andrés Velasco– veremos cosas en el planeta Tierra que hace mucho tiempo no vemos. 2009 será –añadió– el año más difícil para la economía mundial en décadas. Lo digo así deliberadamente, “décadas”, un poco vago porque no me cabe la menor duda que los estudiosos estudiarán por décadas si fue la crisis más grande en veinte años, o en cincuenta o en cien años» (CE, 16/01/09).
Después de un año y medio de haberse iniciado la crisis financiera en los países industrializados y transcurrido un año desde que comenzó en ellos a darse procesos recesivos, expresaba crudamente por primera vez la dimensión que alcanzaba a nivel mundial. Eso contrasta con las reiteradas declaraciones de autoridades que negaron reiteradamente la crisis, al igual que ocurrió, por ejemplo, en 1929. [4]
El Imacec registra a la fecha de este informe cifras negativas en doce meses desde noviembre. Por su parte, el PIB anota variaciones trimestrales en rojo, con relación al lapso inmediatamente anterior, desde el tercer trimestre de 2008. Cuando se produjo una segunda reducción, haciendo la misma comparación y se le señaló al ministro Velasco que usando parámetros muy empleados en el mundo, eso indicaba la existencia de una recesión económica contestó que siempre debía utilizarse el mismo “termómetro”[5]. Es decir, debía efectuarse la comparación en doce meses. Pero, cuando las cifras interanuales alcanzan su mayor caída en el segundo trimestre de 2009, basa su análisis en comparar en forma desestacionalizada con el mes precedente, utilizando como referencia sólo este dato.
Empezaron a implementarse desde comienzos del presente año cuando la recesión ya se manifestaba durante varios meses. Chile fue uno de los primeros países en América Latina en entrar en recesión. Ello no fue fruto de la casualidad sino de ser una economía extraordinariamente abierta y , por tanto, muy dependiente de lo que acontezca positiva o negativamente a nivel mundial, así como de depender de unos pocos rubros que son la base de sus exportaciones y por otra parte de la aplicación de políticas tardías para enfrentar el curso descendente.
Si se hubiesen utilizado oportunamente las medidas anticíclicas, implementándolas antes de configurarse el cuadro recesivo y con mayor fuerza, considerando que una economía tan extremadamente abierta como la chilena inevitablemente debía sufrir las consecuencias de la crisis mundial en desarrollo, los efectos negativos habrían sido menores. Este retraso en actuar tuvo como costo que en Chile durante el segundo trimestre se acentuase la caída del producto, cuando la tendencia a nivel global fue en ese mismo lapso que el curso recesivo se desaceleró con relación a los meses precedentes.
Los procesos cíclicos tienen etapas y por tanto sus fases de ascenso o descenso necesariamente se revierten en un momento. En consecuencia el tema no es si la recesión finalizará o no, sino su duración, profundidad, las consecuencias sociales que alcance y la forma que adquiera la salida. En el caso chileno para el término de la recesión, por su elevada dependencia de hechos externos, será determinante el curso de la economía mundial, la mayor o menor fuerza de las políticas anticíclicas, la evolución de los términos de intercambio y empezará a jugar a favor en la comparación interanual que ella se efectuará a partir de agosto con meses de crecimiento muy bajos e incluso desde un momento negativos. El crecimiento promedio agosto-diciembre fue en doce meses de apenas 1,7%, ligeramente superior al incremento de la población. De otra parte presionará negativamente la fuerte contracción experimentada por la demanda interna, una de cuyas causas reside en las altas tasas de desempleo y muy posiblemente la probable deflación, que tienen un claro carácter contractivo, a menos que se actúe decididamente para detener o revertir estos factores adversos.
Chile durante la actual administración registra tasas de crecimiento insuficientes, con la sola excepción del primer semestre de 2007 cuando se colocó por encima de los indicadores de tendencia, es decir del ritmo de incremento de los factores productivos. De no superarse este desequilibrio aumentan los recursos no utilizados posibles de destinar a la producción de bienes y servicios. Es lo que, por lo general, ha sucedido en estos años. Si se toma el período transcurrido desde el segundo trimestre de 2006 –el primero del actual gobierno- hasta junio pasado, considerándose la variación porcentual en doce meses, se registra un crecimiento promedio de apenas 2,9%. Ello a pesar que desde el inicio de la actual administración hasta mediados de 2008 se vivió una etapa de condiciones externas extraordinariamente favorables que no se supo aprovechar[6]. Ello se tradujo en enormes utilidades para limitados sectores y fiscalmente se privilegió unilateralmente colocar los elevados excedentes presupuestarios anuales en activos financieros en el exterior (CE 16/08/09).
Consecuencias probables para Chile
Consecuencias probables para Chile
Las dos grandes crisis anteriores del siglo 20 tuvieron consecuencias enormes sobre la economía y las estrategias de desarrollo en Chile. La primera significó el paso de la estrategia de «desarrollo hacia afuera» al «desarrollo hacia adentro» y la segunda coincidió con la adopción nuevamente de una estrategia orientada hacia el exterior.
La crisis impactó a través del comercio exterior en dos formas a los países latinoamericanos, como lo describiese el ex secretario ejecutivo de la Cepal José Antonio Ocampo. “La contracción del volumen de comercio –escribió en el número de abril pasado de la Revista Cepal– será el principal mecanismo de transmisión de la crisis hacia los países latinoamericanos y caribeños en su conjunto, pero afectará especialmente a aquellos en cuya estructura exportadora dominan las manufacturas y los servicios, es decir, México, Centroamérica y el Caribe. A su vez, las tendencias de los precios de los productos básicos serían el factor determinante en la evolución de las exportaciones sudamericanas”.
Este último es el caso de Chile. Las cifras de la balanza de pago en el segundo trimestre de 2009 muestran que las exportaciones disminuyeron en 32,9%, pero ello se produjo principalmente vía precios, los volúmenes colocados en el exterior se redujeron en 3,2%. En cambio, las importaciones cayeron en 39,6%, debido principalmente a la disminución de 22,3% de los volúmenes adquiridos, cuya explicación reside en la violenta caída de la demanda interna, particularmente en la formación bruta de capital fijo, que descendió en doce meses en el trimestre consignado en un elevado 10,6%, la mayor reducción desde el año 1999, cuando el país sufrió las consecuencias de su anterior recesión.
La economía chilena es extraordinariamente abierta tanto en el plano comercial como en el movimiento de capitales. Por consiguiente es fuertemente dependiente del acontecer externo. Eso se agrava por una estructura productiva que hace descansar al país en una proporción importante de unos pocos recursos exportables. La desindustrialización es creciente, dándose un masivo reemplazo de producción interna por importaciones. La magnitud de la apertura reduce automáticamente el papel del Estado. Las políticas macroeconómicas han reducido unilateralmente los objetivos a alcanzar en este plano, en el marco de las concepciones neoliberales, al considerar que existirían “equilibrios” si se logran determinados objetivos antiinflacionarios y de manejo presupuestario.
Este esquema no permitió aprovechar un período excepcional como fue el transcurrido entre 2004 y mediados de 2008 que proporcionó recursos sin precedentes que en un cierto porcentaje pudieron haberse utilizado para modificar la estructura productiva y las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, objetivo principal de cualquier política económica.
Dado que el crecimiento de la actividad global fue producido de manera importante por economías emergentes fuertemente demandantes de recursos primarios, ello coadyuvó a reforzar la estructura exportadora de la economía nacional que descansa en la colocación en los mercados externos de un conjunto limitado de bienes básicos o con poco valor agregado. En 2007, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, un 58% de las exportaciones totales provino de “productos de la minería del cobre”. Si a ello se le suma el molibdeno, extraído también en los yacimientos cupríferos, se alcanza a un 63%. Luego figuran tres sectores con una participación porcentual de 3% cada uno: celulosa, ‘salmones y truchas’ y ‘uva, manzanas y paltas’. El sector de “salmones y truchas” desde los últimos meses de 2007 enfrentó una profunda crisis.
Esta característica de la estructura exportadora chilena no fue modificada por los tratados de libre comercio. Frecuentemente se argumenta en los análisis oficiales a favor de estos tratados, destacando el incremento en el número de productos exportados. Sin duda, ello es valorable, pero es absolutamente lógico que acontezca en mercados cada vez más globales. El tema central es la estructura de las colocaciones en el exterior, la cual permanece siempre concentrada en unos pocos rubros. Desde luego, en la fase favorable de precios en los rubros chilenos fundamentales de exportación la concentración se expresa con mayor fuerza.
En cuanto a las importaciones, su crecimiento proviene –fuera de las tendencias generales propias de los procesos de globalización- de la reducción de aranceles, consecuencia de la multiplicidad de tratados suscritos, pero también de la apertura unilateral efectuada por el país, como del proceso revaluatorio vivido por el peso, que abarata el costo en moneda nacional de adquisiciones en el exterior.
Las exportaciones chilenas cayeron cerca de un 40 por ciento durante el primer semestre del 2009, comparado con el mismo período del 2008, en dólares corrientes. Se confirma de este modo la gravísima disminución que viene manifestándose desde enero del presente año (Bl 26/2/2009).
Tabla 1: Caída de las exportaciones durante el primer semestre del 2009, por destinos principales
Las caídas por país las encabeza Italia, con un 72,6 por ciento, seguida de Holanda, con un 63,4 por ciento, de Japón (49,4), Brasil (47,2), Alemania (45,6), México (43,5) Corea del Sur (42,7) y Canadá (41,3).
Las economías de casi todos estos países se caracterizan por una fuerte dependencia de las exportaciones, por lo cual han sido afectadas fuertemente por la crisis. Las exportaciones a los EE. UU. Caen “solo” un 31,4 por ciento. Menos afectadas fueron las destinadas a Perú, que cayeron un 20,5 por ciento, parecido a Argentina (20,1).
Uno de los destinos menos afectados fue China, que cayó un 13,2 por ciento. Sin embargo, ello no debe mover a engaño, puesto que se debe en parte no menor a las masivas compras de cobre que ese país ha realizado con la finalidad de transferir a stock del metal parte de sus gigantescas reservas, la mayor parte de las cuales está en dólares. Asimismo, ha influido el enorme paquete de estímulo fiscal y crediticio que China ha implementado para contrarrestar su propia caída de exportaciones (ver nota “¡Vamos China!”). Las exportaciones de China cayeron un 21,8 por ciento el segundo trimestre del 2009 comparado con el mismo período del año anterior, mientras sus importaciones bajaron un 24,4 por ciento en el mismo período (EM 16/7/2009).
Tabla 2: Caída de exportaciones primer semestre 2009, por productos principales
Casi todos los rubros mostraron fuertes caídas, encabezados por el cobre, que cayó un 50 por ciento. Ello se debió principalmente a la baja del precio promedio, el que disminuyó de 3,67 a 1,83 dólares por libra, es decir, exactamente a la mitad.
Cabe señalar que aparte del incremento de las compras por parte de China, el precio del cobre aparece todavía inflado fuertemente por los especuladores internacionales, al igual que el petróleo y otras materias primas (Bl 9/7/2009).
De continuar la tendencia del primer semestre, 2009 va camino a ser el segundo peor año de la historia de Chile en materia de caída de exportaciones. Como se puede apreciar en la tabla adjunta, el peor de todos fue 1932, cuando cayeron 61,5 por ciento, sobre una base ya muy disminuida por las fuertes caídas de los años previos.
Tabla 3: Caída de esportaciones durante las principales depresiones del siglo
La tasa de caída en primer semestre de 2009 supera la de 1930 y es peor que la de 1931, los primeros dos años de la Gran Depresión. Es peor a las experimentadas en 1975 y 1981, que fueron asimismo años de fuerte contracción de las exportaciones.
Según las estadísticas nacionales seculares compiladas por el equipo de la Universidad Católica de Chile, dirigido por el economista Rolf Lüders, a lo largo el siglo 20 no hay peores años que todos los arriba mencionados.
La única excepción fue 1919, año en que las exportaciones cayeron un 60 por ciento a raíz de la violenta disminución de la demanda de salitre para explosivos debido al término de la Primera Guerra Mundial, sólo para recuperar inmediatamente su nivel y continuar creciendo al año siguiente.
Como se aprecia en la tabla, la Gran Depresión significó una caída en las exportaciones chilenas de 82,2 por ciento entre 1929 y 1932. La recesión mundial de 1970-1972, por su parte, significó una caída de las exportaciones chilenas de 35,2 por ciento.
Las otras dos recesiones mundiales del siglo 20 que significaron caídas importantes en las exportaciones chilenas fueron las de 1955 -1958, cuando cayeron un 32,9 por ciento y la de 1980-1984, cuando bajaron en 29,3 por ciento.
En todas las recesiones importantes del siglo 20 las exportaciones no cayeron un año, sino al menos dos. En el caso de las iniciadas en 1929 y 1969 cayeron durante tres años seguidos.
La recesión actual va superando en el primer año y medio de caída lo que todas las demás, excepto la de 1929, cayeron en toda su trayectoria descendente. Incluso, ha caído significativamente más que en el primer año de la Gran Depresión.
Estas cifras demuestran el impacto terrible de la crisis mundial sobre la economía chilena.
Ello comprueba el gravísimo error de haber fundado la estrategia de desarrollo del país en la utopía que el mercado mundial iba a crecer de modo permanente. El país puede verse enfrentado a dar un giro decisivo, en la misma dirección del que tuvo lugar en 1929. Es decir, del “desarrollo hacia afuera” la economía puede verse forzada a privilegiar nuevamente el mercado interno.
La experiencia de la Unión Europea demuestra que hay una manera realista de ampliar los mercados nacionales de modo estable y efectivo. Para ello se requiere construir junto a países vecinos las instituciones estatales supranacionales necesarias para regular y proteger la libre circulación de dinero, mercancías y personas sobre un espacio mayor de soberanía compartida. En una escala menor, es precisamente lo mismo que hicieron los Estados nacionales, los que nacieron durante el siglo 19 para barrer con las viejas aduanas feudales (Bl 10/7/2009).
Pueder ser el momento de reemprender con toda decisión el camino de la integración de la región del cual el país nunca se debió apartar, lo cual le permitiría además incidir en los debates globales. Chile aisladamente no lo puede hacer.
Tabla 4: Caída de exportaciones y PIB en principales depresiones del siglo
¿Fin del desarrollo hacia afuera?
¿Fin del desarrollo hacia afuera?
Como se ha mencionado, Chile ha adoptado diferentes estrategias de inserción internacional a lo largo de su transición a la era moderna que ha durado un siglo. Las mismas se conocen generalmente como "Desarrollo hacia afuera (1880-1929)", "Desarrollo hacia adentro (1929-1973)" y nuevamente "Desarrollo hacia afuera (1973-2007). " Como se ha argumenta más arriba, debido a las consecuencias de la crisis mundial, el país se encontraría atravesando el doloroso trance de girar hacia una nueva etapa.
La evidencia de estos ciclos en el comercio exterior resulta muy impresionante. Ellos se pueden apreciar de modo espectacular en el gráfico que sigue, elaborado por CENDA completando las series de datos de historia económica compiladas hasta 1995 por un equipo de la Universidad Católica encabezado por el economista Rolf Lüders (ver CENDA, 2007 "Resultados de las Estrategias del Estado a lo largo de un Siglo").
Como se observa en el gráfico adjunto, durante el apogeo del primer período de "Desarrollo hacia afuera," entre 1920 y 1929, las exportaciones promediaron una cuarta parte del producto interno bruto (PIB). Generalmente oscilaron por encima de un quinto del PIB y alcanzaron su máximo justo antes de la Gran Crisis, cuando las exportaciones alcanzaron un máximo de 28 por ciento del PIB.
En cambio, durante el período de "Desarrollo hacia adentro," entre 1929 y 1973, las exportaciones promediaron un 14 por ciento del PIB. En ese período oscilaron por lo general entre un 10 por ciento y un 15 por ciento del PIB y sólo en una ocasión llegaron a un quinto del mismo.
De hecho, tuvieron que transcurrir 35 años hasta que el valor de las exportaciones recuperase el nivel que alcanzó antes de la Gran Crisis. Como se muestra en las cifras compiladas por Lüders, sólo en 1964 las exportaciones chilenas recuperaron el valor de 1929, medidas en dólares de igual poder adquisitivo.
Figura 11: Exportaciones / Producto interno bruto, Chile, 1920-2009
Durante la segunda etapa de "Desarrollo hacia afuera," entre 1973 y 2007, las exportaciones promediaron un 22 por ciento del PIB. Su participación fue ascendiendo en tumbos hasta dispararse de modo espectacular a partir del 2003. De este modo, el 2007 las exportaciones alcanzaron un máximo histórico de 46,6 por ciento del PIB.
Cabe señalar que este violento crecimiento se debe en parte importante a la "superburbuja" especulativa –como la llamó Soros, que es hombre que sabe de estas cosas–, que afectó a las materias primas durante el 2007 y primera mitad del 2008 (Bl 9/7/2998).
Asimismo, fue inflada en parte por el burbujazo especulativo que infló los mercados emergentes en general desde el 2003 hasta el 2007 (Bl 23/10/2008). Desatada la crisis mundial, la proporción de las exportaciones empezó a caer y el 2008 alcanzaron a un 43 por ciento del PIB.
Ello se ve agravado por el nivel de vulnerabilidad sin precedentes que alcanzó la economía en la víspera de la crisis. En 2007, las exportaciones representaron un 46,6 por ciento del PIB, una proporción mucho más elevada a la que existía en 1929.
Los economistas tienen la costumbre de denominar las grandes estrategias de desarrollo según la clientela que compra la producción. De este modo, la historia económica de América Latina se divide en los períodos arancelarios referidos: "Desarrollo hacia afuera (1880-1929)" "Desarrollo hacia adentro (1929-1973)" y nuevamente "Desarrollo hacia afuera (1973-2007). "
Dicha visión es algo estrecha, puesto que no toma en cuenta factores más importantes, especialmente el cambio de las relaciones sociales de producción. La más decisiva ha sido la masiva y dolorosa transformación de los campesinos en precarios asalariados urbanos, que en Chile ha sido el parto de un siglo y en el mundo se encuentra en pleno curso y apenas a medio camino (Bl 7/7/2009).
Sin embargo, captura un aspecto importante y está en el lenguaje corriente, por lo cual resulta gráfica para ilustrar el gran proceso que parece estar cursando en este momento en el mundo emergente y en Chile: un profundo cambio en las estrategias de desarrollo. La que había predominado a lo largo de treinta años estaba agotada y la crisis la ha desplomado en un cataclismo.
Ahora se trataría de asumir una nueva estrategia de desarrollo. El ex ministro de agricultura del Presidente Allende, Jacques Chonchol, ha sugerido denominarla "Desarrollo hacia adentro de América Latina", para desde allí insertarse en mejores condiciones a nivel global.
La nueva estrategia es compleja y sus elementos centrales son determinados internamente, como se analiza en el segunda parte de este informe. Sin embargo, la crisis ha puesto de manifiesto la enorme vulnerabilidad de basar el desarrollo nacional principalmente en factores externos. Lamentablemente, el ajuste puede ser muy doloroso, como lo fue durante la Gran Depresión. La nueva estrategia privilegiaría la producción para el mercado interno y para exportar más valor agregado. Recuperaría la industria nacional que ha sido desmantelada por treinta años de apertura indiscriminada. En ese sentido, al igual que ocurrió en los años 1930, la estrategia de desarrollo hacia afuera dejaría paso a una nueva fase de desarrollo más orientada al interior.
Sin embargo, como se argumenta a continuación, existen asimismo determinantes propiamente internos que justifican un giro decidido hacia la integración regional.
¿Hacia un nuevo modelo de Estado desarrollista de bienestar social?[7]
¿Hacia un nuevo modelo de Estado desarrollista de bienestar social?[7]
Usualmente, se identifica el Estado desarrollista con «desarrollo hacia adentro», como efectivamente ocurrió entre 1930 y 1973. Sin embargo, en Chile éste se había iniciado en 1924, seís años antes de la Gran Crisis (Illanes and Riesco) (CENDA). De este modo, el desarrollismo chileno se inició en pleno «desarrollo hacia afuera» y tuvo la flexibilidad de reorientarse «hacia adentro» cuando la crisis y depresión lo forzaron a ello.
Del mismo modo, en buena parte del mundo subdesarrollado del siglo 20 –que hoy conforma el mundo emergente– , el segundo giro hacia el «desarrollo hacia afuera» tras la crisis de los años 1970, fue conducido asimismo por los propios gobiernos desarrollistas. Así ocurrió por ejemplo, en Corea, China, Malasia, Vietnam y México, por mencionar algunos casos de muy diferente signo ideológico y ubicación geográfica.
En otros de estos países, el giro «hacia afuera» posterior a los años 1970 coincidió con cambios de régimen, como fue el caso de Argentina y Brasil en América Latina y los ex países socialistas de Europa, incluyendo Rusia. En todos ellos el giro «hacia afuera» coincidió con el término de los regímenes políticos autoritarios que impulsaron el desarrollismo a lo largo de buena parte del siglo. Sin embargo, en casi todas partes los giros fueron efectuados manteniendo aspectos relevantes de la estrategia anterior y sin destrucción significativa de las instituciones estatales construidas por el desarrollismo. En casi todos estos países los propios regímenes democráticos que sucedieron a los autoritarios, al poco tiempo giraron a su vez hacia estrategias de corte neo-desarrollista, pero manteniendo al mismo tiempo orientaciones hacia el mercado externo. Ello antes de la crisis mundial.
En Chile, en cambio, el giro «hacia afuera» se produjo durante la dictadura de Pinochet, que terminó con medio siglo de gobiernos democráticos que habían venido impulsando el modelo desarrollista. El rasgo principal del desarrollismo chileno es que culminó con una auténtica revolución popular conducida por un gobierno que con ese apoyo completó en muy breve tiempo reformas muy avanzadas, la mayor parte de las cuales resultaron irreversibles. Ello determinó a su vez el carácter contrarevolucionario de la dictadura que lo derrocó. Este particular origen del modelo chileno significó que el mismo asumiera un carácter extremista que no se dio en el mismo grado en otros países cuando efectuaron el mismo giro. Por ejemplo, en ninguno de ellos –excepto en algunos que se despedazaron y fueron devastados por guerras civiles como en la ex Yugoeslavia– el giro significó destruir lo construido por el desarrollismo, como lamentablemente ocurrió en Chile.
La estrategia desarrollista fue adoptada inicialmente a partir de condiciones predominantemente internas – originadas principalmente en el inicio de la gran migración campesina–, sobre las cuales se configuró un nuevo bloque en el poder, el que asumió la responsabilidad de dirigir desde el Estado el progreso social y económico del país. Del mismo modo, el giro estratégico actual se asentará muy probablemente sobre condiciones principalmente internas.
Ello se puede apreciar al revisar sumariamente los elementos principales de la nueva estrategia. Por ejemplo, ella postula que el Estado reasumirá en plenitud el rol de orientar el desarrollo del país en beneficio de sus ciudadanos. En este sentido y dado que Chile es un país emergente, se trata de una vuelta a la estrategia desarrollista que el país asumió entre 1924 y 1973. Sin embargo, a diferencia del viejo desarrollismo, ahora no es necesario que asuma directamente muchas funciones, puesto que ya han madurado en la sociedad civil los grandes actores modernos que pueden ejecutarlas. Antes se vio obligado a hacerlo porque estaban en su infancia y orientó su acción precisamente a ayudarlos a crecer y fortalecerse. Ellos constituyen la principal herencia del viejo desarrollismo.
El giro de las estrategias estatales hacia el mercado hacia fines del siglo 20 ciertamente estuvo influida poderosamente por eventos que tuvieron lugar en los países desarrollados, principalmente por el surgimiento del Reaganismo y Thacherismo en los países abglosajones, fenómeno que a su vez se originó en el aumento del poder relativo del sector financiero (Bl 14/4/2009).
Sin embargo, dicho giro estuvo determinado principlamente por factores internos. Especialmente, el hecho que el desarrollismo había completado ya su gran obra de conformar una masiva fuerza de trabajo predominantemente urbana y en cualquier caso libre de las ataduras del campo tradicional y razonablemente sana y educada. Ello permitió la conformación de nuevos bloques en el poder en los cuales el peso de la burocracia estatal se equilibró con las emergentes burguesías y también con las nuevas capas medias asalariadas de un modo diferente, donde el protagonismo de estas últimas se elevó considerablemente.
De este modo, al igual que los albores del desarrollismo tuvieron lugar en los inicios de la gran migración campesina, el giro hacia el mercado se produjo cuando aquella había finalizado en lo fundamental, y ahora el nuevo giro hacia la estrategia neo desarrollista de bienestar social ocurre cuando los actores sociales modernos que surgieron de todo el proceso de transición han alcanzado finalmente su madurez.
Por lo mismo, las políticas sociales posiblemente cumplirán un rol central en el nuevo desarrollismo como lo tuvieron en el viejo. Sin embargo, ya no se trata de enseñar a leer y escribir y proporcionar salubridad básica y vivienda a una población que por entonces migraba masivamente desde el sometimiento de su condición campesina tradicional a la ciudadanía moderna. Ahora se trataría de construir un Estado de bienestar hecho y derecho, que garantice a los multitudinarias masas urbanas el derecho a trabajos decentes y a mantener sus ingresos si los llegan a perder, a educación y salud gratuitas y de buena calidad, a jubilaciones dignas. Ni más ni menos que lo que han logrado todos los países desarrollados y también los emergentes más vigorosos.
Nuevamente, se trata de mejorar la distribución del ingreso, principalmente mediante una aumento significativo del nivel de remuneraciones. Ya se logró una vez a lo largo del período desarrollista cuando entre 1929 y 1971 los ingresos de la masa de los trabajadores se multiplicó 6,8 veces mientras el producto interno bruto se multiplicaba 3,7 veces, gracias a que las remuneraciones reales promedio se multiplicaron 3,5 veces. Gran parte de esos avances se perdieron tras el golpe de 1973 y tres décadas de extremismo neoliberal, cuando las remuneraciones reales se redujeron inicialmente a la mitad y crecieron apenas un 20 por ciento entre 1971 y 2006. Durante el segundo período, aún considerando su extraodinario creciemiento en el número de trabajadores por la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza laboral, los ingresos de la masa de los trabajadores se multiplicó sólo por tres, mientras el PIB nuevamente crecía 3,7 veces. Es decir, la participación de los trabajadores en el ingreso se redujo considerablemente (ver CENDA, 2007 "Resultados de las Estrategias del Estado a lo largo de un Siglo"). Adicionalmente, en Chile se desmantelaron los servicios públicos, especialmente los de educación, salud y previsión. Todo eso habría que revertirlo, puesto que uno de los rasgos de la nueva estrategia sería el que dependerá mucho más del mercado interno basado en una buena distribución del ingreso y en un generoso Estado de bienestar, como existe en las economías desarrolladas.
El Estado volvería a regular adecuadamente al mercado, para proteger a los consumidores y a los empresarios más chicos de los abusos de los más grandes, pero muy especialmente para corregir las inmensas distorsiones generadas por haber entregado a los privados la renta de los recursos naturales que pertenecen a la nación.
Incluso en lo que respecta a la inserción internacional, un giro parece imponerse aún sin la contracción del comercio mundial a consecuencias de la crisis. Sin duda parece deseable y conveniente expandirse hacia mercados que excedan los estrechos límites que establece la reducida población del país. La nueva estrategia no se basaría como la actual en la utopía de un mercado mundial sin trabas antes que se construya un Estado mundial; en permanente expansión, además.
De modo más realista, la nueva estrategia reconoce que todos los mercados modernos nacieron y se han desarrollado al amparo de los Estados, que a su vez se formaron para barrer con las antiguas aduanas feudales y para regular y proteger la libre circulación de dinero, mercancías y personas al interior de sus espacios soberanos. Asimismo, que varios Estados vecinos pueden construir instituciones estatales supranacionales que regulen y protejan la libre circulación estable de dinero, mercancías y personas, sobre un espacio mayor de soberanía compartida. De este modo un aspecto crucial de la nueva estrategia es que se propone expandir el mercado más allá de las fronteras del país hacia una América Latina integrada de verdad. Lograrlo es difícil, sin duda alguna. Pero no es una utopía irrealizable, como lo demuestra la Unión Europea.
En cambio, el giro de las economías «hacia adentro» y nuevamente «hacia afuera» estuvo condicionado exclusivamente por los grandes ciclos de la economía capitalista mundial, que hasta ahora ha sido casi sinónimo de los registrados en países desarrollados. Dichos ciclos impactaron a los países de la periferia principalmente en su comercio exterior.
En lo que sigue se examinan más en detalle las condiciones internas que apuntan hacia el posible giro en la estrategia de desarrollo.
La coyuntura de giro estratégico
El país atraviesa un momento complejo, en el cual al parecer buscan desenvolverse tensiones poderosas, que cruzan diversos planos y atraviesan diferentes dimensiones. Por una parte, parece coincidir con una inflexión en la estrategia de desarrollo, en un contexto que trasciende al nivel regional, lo cual puede constituir el trasfondo general del momento y por lo tanto el criterio principal a tener en cuenta al determinar el curso a seguir.
Dicho cambio de estrategia parece inscribirse asimismo en un cambio de mareas ideológico a nivel mundial, que se alejan del neoliberalismo que ha predominado en décadas recientes. Todo ello agudizado por la crisis, que ha debilitado seriamente al sector financiero mundial, cuyo exagerado creciemiento en las tres décadas precedentes constituyó el principal soporte material del pensamiento neoliberal en el mundo (Bl 14/4/2009).
Por otra parte, en el plano político interno parecieran deshilvanarse finalmente los amarres institucionales y políticos vigentes durante el largo período de transición a la democracia, de lo cual parecen constituir las señales más significativas los simultáneos desplazamientos y divisiones que afectan a todas las fuerzas políticas, así como cierto resurgimiento de la movilización social masiva y las consecuentes reformulaciones de la agenda pública.
Por expresarlo en los conocidos términos de la teoría política clásica, pareciera que al menos pueden estar dadas dos de las condiciones objetivas requeridas para un cambio sustancial en la situación política. Por una parte, existe un extendido convencimiento en la ciudadanía acerca de la necesidad de un cambio profundo en el estado de cosas del país, el que se manifiesta explícitamente como un deseo de cambiar un modelo económico que es percibido como injusto y crecientemente ineficaz en muchos ámbitos. Dicho fenómeno es medido sistemáticamente por sondeos de opinión, los que indican amplísimas mayorías en esa dirección.
Por otra parte, se aprecia un significativo desarreglo en el bloque en el poder desde el fin de la dictadura. Entre los signos más salientes de este fenómeno están aquellos que afectan a la coalición de gobierno, la que está sufriendo conflictos de significación. El cuadro en la oposición no es menos complicado, puesto que sus permanentes conflictos internos se dan en el contexto de un sostenido deterioro en su evaluación pública.
Las FF.AA., por su parte, han dejado ya hace tiempo de jugar un rol político de significación, lo cual constituye uno de los logros más importantes del proceso de transición hasta el momento, así como muy especialmente del movimiento nacional e internacional de derechos humanos. La muerte de Pinochet ha refrendado la desaparición de esa expresión política, sin perjuicio que sus funerales mostraron la persistencia de su halo tanto en el ejército como en la derecha y el empresariado.
Este último sector, por su parte, ha venido evidenciando desde hace algunos años ciertos tímidos movimientos, que se manifiestan, por ejemplo, en el recambio de sus principales dirigentes y en una diferente orientación de algunos de sus centros de pensamiento, los cuales apuntan a su gradual alejamiento del pinochetismo.
De llegar a producirse un cambio en el estado de ánimo de la ciudadanía, que la lleve a manifestarse de modo más enérgico –la conocida tercera condición objetiva del cambio–, el cuadro político puede modificarse rápidamente y de modo sustancial. A este respecto, cabe observar que el conocido ciclo de largo plazo de la actividad política masiva pareciera haber entrado nuevamente en una fase de ascenso, tras la larga depresión posterior a la solución exitosa de su multitudinaria manifestación abierta de los años 1980. Como es bien sabido, dicho ciclo presenta períodos del orden de dos décadas en los cuales la actividad política masiva pasa por fases de depresión, ascenso lento, ascenso rápido y manifestación abierta.
Naturalmente, el giro estratégico no parece posible sin que se establezca un nuevo bloque en el poder, lo cual además de múltiples dimensiones considera la necesidad de una nueva alianza política. Ésta es la conocida condición subjetiva del cambio, que otorga una expresión adecuada en la conducción del Estado de las mayorías nacionales y, en especial, al significativo actor social constituido por el asalariado moderno, de gran extensión numérica en la nueva conformación sociológica y de crucial importancia económica.
Por otra parte, como es bien sabido, en materia de alianzas políticas, muchas veces sino siempre, "la necesidad crea el órgano”, es decir, cuando se requieren coaliciones capaces vde implementar determinados cambios, no es infrecuente que las mismas surjan, a veces, de los modos más insospechados. Así ha quedado demostrado una vez más, por ejemplo, con la irrupción del kirchnerismo en Argentina y el triunfo de coaliciones progresistas en casi todos los países de América Latina.
Hacia un Nuevo Modelo Desarrollista de Bienestar Social en América Latina?
La hipótesis que Chile confronta un momento de transición hacia una nueva estrategia de desarrollo se funda en que la economía y la sociedad adolecen de serios desequilibrios, producto de las insuficiencias y distorsiones de un modelo económico que mantiene todavía muchos de los lineamientos básicos impuestos por la dictadura.
Mirado desde una perspectiva histórica más larga, durante el curso del último siglo, el Estado chileno ha presidido la completa transformación social y económica del país, mediante dos estrategias sucesivas, las cuales, si bien se han confrontado violentamente entre sí, parecieran al mismo tiempo conformar una unidad, en que la segunda aparece determinada por la primera.
A partir del 11 de septiembre de 1924 y hasta el 11 de septiembre de 1973, entre dos golpes militares, el Estado adoptó la estrategia denominada "desarrollista," en la cual el progreso, en sus dos dimensiones, económico y social, fue la consigna central. De esta manera, por una parte, el Estado construyó directamente la infraestructura económica hasta entonces inexistente, tarea que los incipientes actores sociales modernos no eran capaces de asumir por sí mismos como lo habían hecho en los países pioneros. Por otra parte, se propuso la tarea de fortalecer a dichos actores, mediante políticas de protección al naciente empresariado, así como de manera muy importante, con políticas sociales que acompañan la transformación del campesinado en asalariados urbanos, e intervenciones de transformación social directa, cuyo logro más significativo fue la reforma agraria, las que se constituyeron así en una parte esencial del proyecto.
Es posible que la decadencia de esta estrategia y su reemplazo hacia fines del siglo, sea consecuencia de su éxito en terminar para siempre con la estructura social secular y prohijar a los actores sociales modernos que pudieron dar sustento a la estrategia que la vino a reemplazar. En el caso chileno, el período desarrollista culminó de manera revolucionaria. En pocos años introdujo transformaciones radicales e irreversibles en la vieja estructura agraria, al mismo tiempo que recuperó la renta de los recursos naturales, hasta entonces en manos del capital extranjero y logró avances espectaculares en la nutrición, salud y educación de la población. Dichos logros históricos constituyen la verdadera base del dinamismo posterior de la economía chilena (Illanes & Riesco, 2007) (Draibe & Riesco, 2007).
Por otra parte, el carácter extremo y especialmente contradictorio de la versión chilena de la estrategia denominada "Consenso de Washington" se explica principalmente por el origen contrarrevolucionario del gobierno militar que inició la nueva estrategia en un clima de revancha de las elites contra el Estado y los trabajadores que recientemente las habían expropiado. Muy posiblemente, va a ser considerada en el futuro como una suerte de anticipo unilateral de la modernidad que en su propio beneficio llevaron a cabo el gran empresariado, capitales externos y su reducido entorno de altos ingresos. Sin embargo, ello ocurrió con olvido y grave perjuicio de las grandes mayorías y , también en este caso, con un considerable desmantelamiento de las instituciones del Estado creadas durante el período anterior, particularmente aquellas relacionadas con la política social.
Las formulaciones del modelo declinante, partían del supuesto simplista y sesgado que los problemas del desarrollo económico y social se pueden resolver en lo principal creando un ambiente favorable a los negocios, en un marco de total apertura al comercio, la inversión extranjera y el movimiento de capitales. Efectivamente, en el curso de las últimas décadas se ha mejorado sensiblemente el ambiente de corto plazo para las mayores empresas privadas, especialmente las extranjeras –como lo evidencian sus elevadas utilidades–, e incrementado abundantemente la provisión de bienes y servicios, incluyendo servicios sociales diferenciados, destinados a las minorías acomodadas, las cuales al mismo tiempo han aumentado fuertemente sus diferencias de ingresos y riqueza con la mayoría de la población. Chile continúa estando, como lo evidencian las estadísticas del Banco Mundial, entre los países con peor distribución del ingreso en el mundo, a pesar del impacto mitigador de las políticas sociales focalizadas en los sectores más pobres (Fazio, 2006; Illanes-Riesco, 2007; Draibe-Riesco, 2007).
Al mismo tiempo, sin embargo, se ha aislado relativamente al país del proceso de construcción de una América Latina integrada, mientras se accedía a la apertura indiscriminada, incluyendo el libre flujo financiero y de servicios, que demanda la estrategia de la potencia hegemónica (CENDA-MINSEGPRES 2006). Se han entregado los recursos naturales a la explotación privada, principalmente extranjera, prácticamente sin cobro alguno, con el resultado de un enorme subsidio que ha resultado en sobreexplotación de los mismos, con grave perjuicio a la economía y el medio ambiente y transferencias de renta gigantescas, las cuales sólo en la minería del cobre alcanzan órdenes de magnitud comparables al presupuesto del Estado (Riesco et al., 2005).
Por otra parte, se ha desmantelado severamente el servicio civil del Estado –lo cual ha continuado mediante la aplicación de las teorías de la llamada "tercera vía", mientras en el mundo se aprecia una fuerte reacción (Suleiman, 2004)–, especialmente sus servicios públicos sociales, con el resultado de un serio deterioro en los sistemas de protección social que atienden a la mayoría de la población –especialmente a la hoy masiva clase media asalariada–, mientras al mismo tiempo, la apertura a la economía global incrementaba sensiblemente la precariedad de sus empleos y su nivel de inseguridad. La privatización de los servicios sociales y especialmente el sistema previsional, ha incidido asimismo de manera significativa en el deterioro de la distribución del ingreso (CENDA 2006 a, b, c).
Adicionalmente, se ha establecido un manejo macroeconómico centrado en el objetivo antiinflacionario, que ha generado serios desequilibrios en diferentes planos, agudizando el comportamiento cíclico de la economía y prolongando sus fases recesivas, lo que ha perjudicado a los sectores productivos, particularmente a la pequeña y mediana empresa. Al mismo tiempo, el manejo macroeconómico ha subsidiado generosamente al sector financiero, al capital extranjero y a los mayores grupos empresariales, mientras ha restringido el gasto público y contenido los incrementos salariales, contribuyendo así decisivamente al incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso (CENDA) (CENDA-MINSEGPRES 2005). Ello ha sufrido modificaciones sustanciales con motivo de la crisis, sin embargo se mantienen muchos de sus aspectos.
El rol del Estado en la política social y económica fue desmantelado por la dictadura. Esto no ocurrió en otros países de América Latina, donde las llamadas “reformas estructurales” tuvieron lugar durante los años 1990 y fueron realizadas por gobiernos democráticos, principalmente, los que al mismo tiempo estaban expandiendo fuertemente el gasto público social. Sin embargo, durante la dictadura, la acción del Estado continuó forzando el cambio social y económico, aunque esta vez bien brutalmente, en beneficio de la emergente clase empresarial y minorías de altos ingresos, mientras los trabajadores y la mayoría de la población debieron soportar penurias y represión. En el trasfondo, la migración campesina alcanzaba un ritmo muy rápido durante la dictadura, en parte forzada directamente por la forma peculiar en que Pinochet dio cumplimiento a la ley de reforma agraria, que significó que cientos de miles de campesinos fueron expulsados de sus tierras (Riesco, 1988). Paralelamente, se fortalecía por todos los medios a la emergente clase empresarial, especialmente a los grandes grupos económicos, parte de los cuales se constituyó a partir de la privatización de empresas estatales (Illanes-Riesco, 2007).
A pesar de las significativas variantes introducidas al mismo a partir de 1990 –y que en general han intentado corregir algunos de sus aspectos más extremos y dañinos– puede sostenerse que dicho modelo ha predominado sin modificaciones fundamentales desde hace treinta años. Durante los primeros gobiernos democráticos, la economía creció a un ritmo muy acelerado hasta 1997, atravesó una recesión que si bien no fue violenta, significó una caída muy drástica en los ritmos de crecimiento previos y se prolongó durante seis años hasta 2003. De todas formas, el impresionante crecimiento de los años 90 permitió que la pobreza, que alcanzaba a la mitad de la población al fin de la dictadura, bajara a una quinta parte y que todos los indicadores sociales mejoraran significativamente, tal como lo registra el Índice de Desarrollo Humano, IDH del PNUD. Sin embargo, una parte mucho mayor todavía fue a parar al segmento de altos ingresos a medida que la distribución del ingreso se ha tornado aún más escandalosa en años recientes, como denunció la Iglesia Católica.
Aún después de esta recuperación, sin embargo, el tamaño del Estado y el gasto público social permanecen muy reducidos, aún para los modestos estándares latinoamericanos. Los esfuerzos, intentados por los gobiernos democráticos, de recuperar el daño inferido a las instituciones del Estado, aunque muy visibles en áreas como infraestructura y otras, han sido dificultados tanto por la falta de una institucionalidad plenamente democrática, como por la persistente hegemonía de la ideología neoliberal tanto en la comunidad académica como en los cuadros gubernamentales (Illanes-Riesco, 2007).
En la estrategia que parece emerger, el Estado ofrecería un nuevo trato a la población mediante la construcción de un moderno Estado de bienestar y asumiría nuevamente la responsabilidad de conducir el desarrollo nacional. En esta oportunidad, sin embargo, enfrentará dicho desafío apoyándose en los nuevos actores sociales y económicos surgidos de todo el proceso anterior y en un espacio latinoamericano crecientemente integrado que aspire a tener soberanía en el mundo del siglo XXI. En la actualidad, se aprecian en América Latina expresiones inequívocas de rechazo a esa estrategia de desarrollo, en una dirección que se aleja del predominio hegemónico neoliberal. En la región está surgiendo la que será una de las grandes potencias económicas del siglo que se inicia. Concientes de la necesidad de construir un espacio mayor que aspire a tener soberanía en el marco de bloques económicos gigantescos a nivel mundial, la estrategia de los mayores países de América del Sur, Brasil y Argentina, se ha orientado de manera sistemática en el curso de la última década a la generación de ese espacio. Al mismo tiempo, han logrado plegar a dicha estrategia a otros países en un proceso complejo, en que persisten las convulsiones propias de períodos anteriores del desarrollo social. No puede descartarse que la otra potencia subregional, México, pueda en su momento optar por un camino similar.
Los lineamientos generales de esa política no son diferentes en muchos sentidos a los seguidos en largos períodos por Europa y EE.UU. durante el siglo XX. Consisten en generar grandes programas estatales de desarrollo, los que al mismo tiempo fortalecen al conjunto del empresariado que los ejecuta en su mayor parte y que tienden a dotar al espacio económico de una infraestructura moderna de energía, comunicaciones, transporte, ciencia y tecnología, mientras al mismo tiempo impulsan industrias como la aeroespacial y defensa, entre otras, todo lo cual les permite alcanzar un nivel de soberanía capaz de contar con una política independiente con relación a los bloques establecidos y, otros, emergentes. Al mismo tiempo, mediante la construcción de un moderno estado de bienestar, ofrecen un nuevo trato a su población, especialmente a su moderna clase asalariada, que se constituye en fuerza gravitante y que normalmente ejerce gran nivel de influencia en la conducción del Estado (Illanes-Riesco, 2007; Draibe-Riesco, 2007; CENDA-MINSEGPRES 2006).
Mientras tanto, la potencia hegemónica del presente lleva a cabo una estrategia de bloqueo o retraso, en cuanto sea posible, a la integración subregional, tendiente a la subordinación individual de cada uno de los países, integrándolos en un bloque económico controlado por ella misma. En ello ha contado con el apoyo de la estrategia en relaciones internacionales seguida por los gobiernos chilenos (CENDA-MINSEGPRES 2006).
Hay que mencionar que estas estrategias evidenciadas en la región, así como su surgimiento y decadencia, tienen correlatos a nivel mundial tanto en los países desarrollados como, asimismo, en otras regiones subdesarrolladas. Sin embargo, si bien todas ellas muestran cierta simultaneidad, así como un lenguaje y conceptualización que son comunes, sus contenidos son completamente diferentes. Éstos dependen, en cada caso, del momento histórico general por el cual atraviesa cada una de esas sociedades, determinado a su vez por las características de su estructura social, como asimismo por los muy diferentes patrones de evolución histórica seguidos por ellas, así como en un plano mucho más concreto, por las instituciones y eventos políticos determinantes que conforman en definitiva las formas que ellas adoptan en cada lugar.
Elementos de una estrategia alternativa de desarrollo nacional
Elementos de una estrategia alternativa de desarrollo nacional
En lo que sigue, se presentan algunos elementos de un posible diseño de una nueva estrategia de desarrollo nacional, que puede avanzar hacia los objetivos simultáneos de propender hacia el paradigma que parece emerger tras la declinación del neoliberalismo, en el marco del acelerado desenlace de la transición y de las nuevas alianzas político-sociales que emergen de ambas situaciones, considerando también las posibilidades y exigencias derivadas de una situación económica más desfavorable. Los mismos se presentan a modo de tesis y siguen el esquema de lo que se consideran las principales distorsiones del esquema socio-económico actual, en el orden de su respectiva importancia estratégica. Dicho orden, ciertamente, no tiene necesariamente que ver con los tiempos y ritmos de su eventual implementación.
1) Plena participación en la construcción de una América Latina crecientemente integrada que aspire a la soberanía en el siglo XXI
El elemento más importante a considerar en un diseño alternativo pareciera ser la estrategia por parte del Estado chileno para confrontar el dilema que el ejercicio de la soberanía en el siglo que se inicia aparentemente requiere de un espacio mayor, al que sólo parece posible acceder mediante su construcción conjunta con los Estados de los países de la región, en un proceso de integración que respete las particularidades y apoye el desarrollo de cada cual, los que deben seguir sus propios cursos, al tiempo que se crean instituciones comunes. Sin perjuicio de sus constantes avances y retrocesos, normales en un proceso de esta envergadura y complejidad, existe hoy en América del Sur un curso de integración en marcha. Éste es el que encabezan los mayores Estados de la subregión y al que se han ido incorporando otros en forma creciente. Pareciera corresponder que el país se sume al mismo de modo pleno.
Chile puede incorporarse plenamente al proceso de integración latinoamericana, cuyo eje principal pasa en la actualidad por el Mercosur, pacto al cual el país puede integrarse como socio pleno. Parece posible impulsar, asimismo, que la Comunidad Andina de Naciones confluya como tal en la misma dirección, en la perspectiva de incorporar al conjunto de países sudamericanos en el marco de UNASUR. Ello, a su vez, puede crear las condiciones para que México y por añadidura los países de Centroamérica y el Caribe, puedan mirar su integración a este proceso como una alternativa viable a su actual compromiso con las potencias del Norte.
De la misma manera que hicieron antes otras regiones, parece probable que los Estados latinoamericanos, crecientemente integrados, avancen en el desarrollo de grandes iniciativas tendientes a dotar a la región de una moderna infraestructura económica y, al mismo tiempo, procedan a construir modernos estados de bienestar que, ofreciendo un nuevo trato a sus poblaciones, sean a su vez un importante motor del desarrollo económico. Como ocurrió en Europa y EE.UU. durante el pasado siglo, el que ahora se inicia puede ser testigo de iniciativas conjuntas de los estados latinoamericanos, que permitan construir, por ejemplo, una red continental de energía y telecomunicaciones, carreteras y ferrovías de alta velocidad, industrias como la aeroespacial y otras, incluida la defensa, todas las cuales requieren espacios y respaldos mayores, así como una base científica y tecnológica relativamente autónomas, además de todo aquello que resulta indispensable para sustentar una soberanía efectiva en el plano económico. Por otra parte, parece probable que coordinen crecientemente sus políticas de relaciones exteriores y defensa –las respectivas burocracias civiles y militares son probablemente las que más han avanzado en esta coordinación hasta el momento– y avancen en la dirección de una mayor integración política, de modo adecuado a la creciente estatura que irá adquiriendo la región en el plano internacional. Tal parece ser el camino para asegurar efectivamente la presencia del país en las ligas mayores del siglo que se inicia.
A diferencia del desarrollismo estatal latinoamericano del siglo XX, sin embargo, iniciativas como las descritas seguramente serán delineadas y financiadas por los Estados, pero ejecutadas ahora, principalmente, por el empresariado regional, que se fortalecerá enormemente en el proceso y que por su propia iniciativa está ya orientando el grueso de sus crecientes inversiones productivas internacionales al ámbito regional.
Al igual que los países más avanzados construyeron modernos Estados de bienestar en el curso del siglo anterior, es muy probable que los estados latinoamericanos completen esta tarea en el que se inicia. Una dimensión esencial de la estrategia emergente parece consistir en ofrecer a la ciudadanía un nuevo trato, que le garantice condiciones razonables de bienestar y seguridad, adecuadas en la mayoría de los casos a su nueva condición masivamente urbana, en economías de mercado razonablemente abiertas a la globalización. En otros casos, ello se hace necesario para acompañar el paso a esa nueva condición, desde el campesinado que todavía constituye la condición de parte importante de los habitantes de la región. La garantía de tales seguridades a las poblaciones de cada uno de los países, en el marco de la construcción económica y política del espacio integrado latinoamericano, parece una argamasa indispensable para superar las dificultades que tal proceso enfrenta debido a las diferencias y confrontaciones seculares, nacionales, regionales y locales. Tal nuevo trato parece condición indispensable para lograr la identificación de las grandes masas ciudadanas con el proyecto emergente.
Por otra parte, como ha sido también la experiencia de las economías modernas, la incidencia del Estado de bienestar resulta significativa para la conformación de un mercado interno más amplio, que se base no tan sólo en el consumo de las empresas y las minorías acomodadas de altos ingresos, sino también en un nivel de ingresos más elevado y estable de las amplias masas de la población. De este modo, la política social construida en un espacio mayor, pasa a constituir un elemento consustancial del paradigma de desarrollo emergente.
Por otra parte, parece evidente que la potencia que hoy día ejerce la hegemonía mundial sigue mientras puede una estrategia que se propone impedir, o al menos retrasar en cuanto sea posible, el proceso de construcción de alternativas soberanas como la delineada más arriba. De esta manera, impulsa la subordinación individual de cada uno de los países, tratando de incorporarlos a un espacio dominado por ella misma. Sin embargo, dicha influencia, aún cuando es muy significativa, puede contrapesarse con éxito tanto en la cohesión nacional y regional respecto de tales objetivos, como asimismo por el interés objetivo de otras grandes potencias mundiales en el desarrollo independiente de esta región. Hasta el momento, la política de Chile parece haberse debatido entre su vocación integracionista y su subordinación a esta política hegemónica. Ciertamente, han jugado un papel no menor en favor de la segunda alternativa las concepciones abstractas y simplistas que a este respecto ha difundido el neoliberalismo económico, el que no pocas veces ha constituido el sustento conceptual de una política de obsecuencia a la directriz imperial, que en el marco señalado, no sólo parece inconveniente, sino peligrosa desde el punto de vista de la seguridad nacional.
2) Recuperación para el Estado de la renta de sus recursos naturales.
Sin duda, la principal distorsión que afecta a la economía chilena como resultado del modelo neoliberal, se deriva del hecho que sus recursos naturales se han entregado a la explotación privada, principalmente extranjera, prácticamente sin cobro alguno. Ello equivale a un gigantesco subsidio a las empresas que operan en ese ámbito, que se traduce en sobreexplotación de los mismos y graves desequilibrios, con serios efectos sobre la economía y el medio ambiente. En consecuencia, Chile procederá a revisar completamente su política de recursos naturales, estableciendo cobros que restablezcan en este sector y en la economía en general los equilibrios perdidos debido a su carencia. Adicionalmente, dichos recursos se transformarán en la base de sustentación de un acelerado progreso del país en beneficio general.
Como es sabido, las industrias basadas en recursos escasos, periódicamente ven multiplicarse sus precios de una manera que no ocurre con las industrias normales, las que por el contrario se enfrentan más bien a una baja sostenida de los mismos, derivada del progreso tecnológico. Dichas alzas se traducen en ganancias extraordinarias, que se transforman en renta de los propietarios de los referidos recursos. En el caso chileno, en cambio, la política del propietario, en este caso el Estado, de no cobrar dicha renta, ha convertido a las mismas en un gigantesco subsidio a las industrias favorecidas, que ha distorsionado en favor de estos sectores toda la estructura de inversiones, llevando a que el país se transforme en un exportador de materias primas de escasa elaboración, con grave perjuicio para la economía en general y el medio ambiente. Adicionalmente, la mayor parte de estas empresas se las han ingeniado para eludir sistemáticamente el pago de los impuestos normales a la renta, mucho más aún que el resto de las firmas que operan en el país, lo que ha agravado la situación aun más.
La magnitud de la renta apropiada por empresas privadas sólo en el caso del cobre, se mueve actualmente en el mismo orden de magnitud que el presupuesto estatal. En el curso de los últimos cuatro años, las mineras privadas han obtenido utilidades no inferiores a 80.000 millones de dólares, lo que equivale a cuatro veces el total de inversiones privadas en minería entre 1974 y 2006 y a dos veces y media el presupuesto del Estado (Riesco M. , 2008).
La tímida legislación, aprobada en 2001 y luego en 2005, tendiente a corregir en parte esta situación, no ha sido suficiente. Muy por el contrario, en el último caso la ha agravado, puesto que se ha traducido en una rebaja de la tasa de impuestos efectiva que grava a dichas empresas. Esto ha resultado particularmente odioso, puesto que ha discriminado en contra de la única minera que durante los años 90 pagó al Estado impuestos significativos, sin utilizar algunos de los mecanismos de elusión de los cuales abusaron las demás. En efecto, como se sabe, todas las grandes mineras menos la señalada, han venido utilizando un resquicio legal para eludir impuestos a la renta. Valiéndose de una disposición entonces disponible para empresas mineras medianas y pequeñas, han venido retirando, sin tributar, utilidades sobre las cuales habían postergado el pago del impuesto a la renta en virtud de la depreciación acelerada. Eliminado el resquicio por la ley anti-evasión de 2001, estas empresas continuaron haciendo lo mismo, escudadas en la “invariabilidad tributaria” a la que tienen derecho los inversionistas extranjeros. Como se sabe, el DFL 600 otorga dicha invariabilidad a cambio de subir su tasa de tributación respectiva de 35% a 42%, pero como estas empresas declaraban pérdidas para efectos tributarios, en los hechos no pagaban nada. La recuperación del precio del cobre de los últimos años, sin embargo, ha sido tan significativa que no hay mecanismo de elusión capaz de ocultar por completo las inmensas utilidades que las mineras están obteniendo a partir de 2004, por lo cual no habrían tenido más remedio que pagar impuestos a una tasa de 42%.
Sin embargo, la legislación mal denominada “royalty II” ofreció a estas empresas bajar la tasa a 35%, a cambio de aceptar la sobretasa de impuestos a las utilidades de 5% allí establecida. Es decir, para estas empresas, la tasa efectiva bajó de 42% a 40%, con el agravante que se les concedieron años de gracia para pagar el “royalty,” y por otra parte, se les extendió la invariabilidad tributaria por otros doce años. Por el contrario, la única empresa que no utilizaba depreciación acelerada, no estaba acogida a la invariabilidad tributaria y pagaba impuestos a la tasa de 35%, vio incrementarse ésta a 40%. Por este motivo, dicha empresa se negó en un principio a pagar el denominado “royalty”, es decir esta sobretasa y fue necesario obligarla a ello mediante una ley especial. Hay que mencionar que incluso en el caso de esta última empresa, por otra parte, se ha puesto en evidencia que pagó servicios de refinación a compañías relacionadas un 10% por encima del precio de mercado respectivo, a lo largo de más de una década, tiempo durante el cual, además, vendió el cobre a ésta sistemáticamente por debajo del precio de la bolsa de metales de Londres y aceptó de la misma créditos por sub-productos sustancialmente inferiores a los obtenidos por Codelco (Riesco, Lagos, & Lima, The 'Pay your taxes' Debate, 2005).
En el curso del actual ciclo alcista en los precios de las materias primas, en todo el mundo, los gobiernos han renegociado los contratos con las empresas privadas que explotan los recursos naturales en su territorio. En el caso de América Latina, Venezuela, Ecuador y Bolivia han logrado mejorar de modo muy significativo los términos en que operan en su territorio las empresas extranjeras, duplicando los cargos de royalties e impuestos y en algunos casos expropiando activos (FT 12/10/06). Ecuador puso término al contrato de Occidental Petroleum, el mayor inversionista extranjero en el país (FT 17/05/06). Venezuela había subido ya en 2004 el royalty sobre las ventas de 1% a 16.7% (FT 15/06/04) y en 2006 lo volvió a subir a 33,3% y la tasa de impuestos a las utilidades desde 34% a 50% (FT 8/05/06). Luego, en 2006, forzó a todas las empresas extranjeras a constituir empresas mixtas con Petróleos de Venezuela, perteneciente al Estado venezolano, que de esta manera ha logrado una participación de 30-49% en las nuevas empresas, porcentaje que al cabo de poco tiempo subirá a un rango de 51% a 60% (FT 23/10/06). Todas las compañías extranjeras han permanecido bajo las nuevas condiciones, obteniendo igualmente utilidades muy interesantes.
El 30 de octubre del 2006, el gobierno de Bolivia anunció un acuerdo con las empresas extranjeras que operan en su territorio, las que han aprobado su plan de nacionalización de hidrocarburos, aceptando subir la tasa de impuestos de 50% a 82%, mientras al mismo tiempo entregaban al Estado el control de la comercialización y comprometían millonarias inversiones adicionales. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que representa a inversionistas extranjeros como Petrobras, Repsol, Total y British Gas, declaró que los nuevos acuerdos creaban una «relación positiva y duradera entre socios -las compañías y el Estado-» (FT 30/10/06). En mayo, el Presidente Evo Morales había anunciado la nacionalización de los hidrocarburos, dando 180 días de plazo a las compañías para que llegaran a nuevos acuerdos con el Estado. Como parte de los contratos, Petrobras y Repsol comprometieron inversiones adicionales por 1.500 y 1.000 millones de dólares, respectivamente. Silas Rondeau, Ministro de Energía de Brasil, Estado propietario de Petrobras, señaló que seguía siendo interesante operar en Bolivia y que persistían condiciones de rentabilidad.
El tema es tan escandaloso en Chile, que no se trata de determinar si se van a adoptar o no medidas que corrijan la situación descrita, sino cuándo ello va a ocurrir. Es evidente que esta situación no puede continuar y cada momento que pasa el perjuicio es mayor. La política a seguir al respecto pareciera tener mucho que inspirarse en el modelo establecido por Noruega. Éste consiste en un conjunto de políticas que incluyen la licitación de licencias de exploración y de explotación, el cobro de royalties a las ventas y sobretasas de impuestos a las utilidades, ambas flexibles de acuerdo a la evolución del mercado mundial, reservando yacimientos a la empresa estatal y preservándolos de los estándares tecnológicos y de precios relevantes para el cobro de impuestos, así como niveles de explotación fijados por el Estado, también en concordancia con el mercado mundial. Como se sabe, con una política de esta naturaleza, combinada con un inteligente manejo de los excedentes así obtenidos, de modo de evitar la llamada “enfermedad holandesa” y otras distorsiones, Noruega ha logrado capturar el grueso de la renta de sus recursos naturales, explotarlos racionalmente y disponer de excedentes que han proyectado a ese país al primer lugar en desarrollo humano en todo el mundo.
Por otra parte, la nueva estrategia exige recuperar los recursos naturales para el país, empezando por el cobre. Desgraciadamente, el debate oficial en el país sobre el cobre se ha centrado durante el año en el proyecto de ley de gobierno corporativo de Codelco, propuesta efectuada considerando los requisitos colocados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hegemonizada por las antiguas potencias industriales –cuyas normativas son funcionales a su política. Es una iniciativa que no atiende al problema central de la empresa estatal: establecer una política nacional para su desarrollo, que conllevaría también en cierta medida importante tener una concepción para la principal riqueza natural del país, el cobre y sus subproductos, entre los cuales se encuentran varios de gran importancia, como por ejemplo el molibdeno.
Codelco requiere de otra discusión orientada a su desarrollo, enclavada en una política nacional. Durante los gobiernos de la Concertación la mayor empresa estatal ha perdido sistemáticamente relevancia, disminuyendo su participación en la producción nacional de cobre que en el presente año alcanzará a sólo un 28% del total, siendo el resto generado por empresas privadas, la mayoría de ellas controladas por capitales extranjeros. El único grupo chileno privado presente en la gran minería cuprífera es el de los Luksic, cuya estrategia es transformar cada vez más a Antofagasta Minerals (AMSA) en una empresa transnacional la cual, por lo demás, tiene su casa matriz en Londres.
Un camino opuesto al desarrollo nacional de Codelco es el propuesto por dos candidaturas presidenciales, de privatizar entre un 5% y un 20% de su capital, utilizando recursos de los imponentes del sistema de pensiones para entregárselos al reducido grupo de administradores que aumentarían así aún más su influencia y conduciría al aprovechamiento en beneficio de intereses minoritarios de recursos que pertenecen al país y deben ser utilizados nacionalmente. El argumento dado es que así la empresa dispondría de más recursos. Desde su nacionalización, el 11 de julio de 1971, Codelco ha entregado US$72.000 millones en moneda actual al Estado. De allí que argumentar su privatización parcial en la escasez de recursos no tiene ninguna coherencia. Cualquier criterio racional indica que un porcentaje de sus excedentes, como en cualquier empresa que pretenda crecer, deben destinarse a inversión. y los generados a partir de la nacionalización del cobre han sido cuantiosos.
El problema es que no existe una política diseñada para potenciar a la empresa estatal y se mantiene el absurdo de que Hacienda debe autorizar su plan de inversiones, después de entregar todos sus excedentes al Estado. Esta situación debe terminar. Como toda empresa que busque crecer de existir excedentes un porcentaje de ellos debe destinarse a inversiones. Con mayor razón si se trata de una empresa minera que debe constantemente poner en explotación nuevos recursos para reemplazar los que se van agotando y, todavía más, si se quiere lograr su expansión. La capitalización debe ser la regla y no la excepción, al revés de lo acontecido durante los gobiernos de la Concertación.
Por ello mismo no tiene explicación que la necesaria capitalización de Codelco anunciada a comienzos de año, por US$ 1.000 millones, se haya incluido en la iniciativa de gobierno corporativo, postergando así su aprobación. La empresa lleva adelante un conjunto de proyectos en sus y acimientos de Andina, Radomiro Tomic y El Teniente, que suman una inversión total de US$1.428 millones, necesarios para contrarrestar la baja en las leyes de los minerales y los procesos propios de su largo lapso de explotación.
De otra parte, con cargo a un gravamen a la empresa estatal se financia la adquisición de armamentos para las FF.AA. Es difícil encontrar un ejemplo que hable más por sí mismo para ratificar lo aberrante de esta disposición.
El Mercurio sostuvo editorialmente, en la misma dirección de las candidaturas referidas, que “la única manera de lograr el desarrollo de una empresa como Codelco es abrirla al capital privado. Así el gobierno tendrá más certeza –añadió– de la conveniencia de un proyecto específico, mediante la recepción que él tenga en sus socios privados y en el mercado accionario” (18/07/09). Para los “socios privados” su criterio de conveniencia es la rentabilidad que se obtenga, lo cual va unido a apropiarse de recursos que le pertenecen al país. De otra parte, usar como parámetro de medición de las ventajas o no de un proyecto específico la reacción de los mercados accionarios es negarse a aprender de las enseñanzas dejadas por la crisis, que tiene como una de sus expresiones la volatilidad de los títulos bursátiles y la influencia en su evolución de la dirección en que se muevan capitales especulativos (CE 26/07/2009).
3) Reconstrucción del servicio civil del Estado, en las dimensiones y grados de profesionalismo que demanda su nivel de desarrollo.
Uno de los aspectos más extremistas y dañinos de la versión chilena del modelo neoliberal ha sido su rasgo anti-Estado –Eric Hobsbawm lo denomina "anarquismo burgués"–, que se ha traducido en un serio desmantelamiento del servicio público civil. Al contrario de lo que proclaman tales doctrinas, todo Estado democrático moderno requiere de un servicio civil de tamaño considerable y creciente en concordancia con su desarrollo general, de un nivel profesional elevado y en constante perfeccionamiento. Éste debe ser independiente de los gobiernos, cuya función no es reemplazarlo periódicamente sino dirigirlo. Asimismo, debe estar conformado por funcionarias y funcionarios con carreras de por vida y remuneraciones adecuadas, con una acendrada ética de servicio público. Ello señala la urgencia que el país inicie un programa de reconstrucción de su servicio público en todos sus ámbitos.
Por otra parte, el Estado puede recuperar su capacidad de regulación, tanto sobre los aspectos que son propios del ámbito nacional, como aquellos otros que requieren compartirse en espacios mayores, regionales y aún globales. En lo inmediato, se pueden restablecer los controles al flujo de capitales, así como aquellos que sean necesarios para asegurar un equilibrado desarrollo industrial, entre otros aspectos relacionados con movimientos comerciales y financieros. Muy particularmente, parece conveniente recuperar la capacidad de regulación del Estado en lo que se refiere a la comercialización del cobre, lo cual es indispensable para garantizar la maximización de la renta respectiva.
El desmantelamiento del servicio civil fue violento durante la dictadura, donde alcanzó proporciones muy severas, especialmente en los servicios públicos sociales, los que se vieron reducidos y sometidos a un deterioro muy serio, del cual aún no se recuperan y que se encuentra en la raíz de su actual crisis, como argumentamos más abajo. Sin embargo, ha continuado de modo más velado en el período posterior, al amparo de doctrinas que asimilan el Estado a una empresa proveedora de servicios y a los ciudadanos en consumidores de los mismos. Estas concepciones alcanzaron amplia difusión durante la década pasada, al ser adoptadas por los gobiernos de Clinton en EE.UU. y Blair en el Reino Unido, en el marco de lo que se denominó la “tercera vía”. Todas estas teorías, sin embargo, han venido siendo sometidas más recientemente a una aguda crítica, la que proviene de los centros académicos más respetados del mundo (Suleiman, 2004) y aún de intelectuales de derecha (Fukuyama, 2004).
Como bien recuerdan tales críticos, los servicios del Estado constituyen la forma más importante de organización humana. Es aquella que ha sido la más adecuada para la consecución de las empresas de mayor escala que se han propuesto las diferentes sociedades –sus mayores construcciones, así como también, lamentablemente, las más destructivas–. Dicha forma de organización se ha venido desarrollando a lo largo de milenios y ha evolucionado hasta la concepción actual de los servicios públicos modernos, los que presentan una amplia variedad, de acuerdo a su función y otros factores. A fines del siglo XIX, la proporción del gasto del gobierno en las economías industriales era de 9% y justo antes de la Primera Guerra Mundial (1914-18), ella había subido a 13% del PIB. Hoy en día, la proporción del gobierno en el PIB de las mismas economías es de un 45%, en promedio (Dervis, 2005). La inferencia es que la parte del gobierno en la actividad económica se ha cuadruplicado. La misma está basada en una serie de principios y mecanismos específicos, íntimamente relacionados y determinados unos con otros, cuyo equilibrio y complementariedad deben ser respetados cuidadosamente en su constante perfeccionamiento. Uno de estos mecanismos se refiere a las formas de financiamiento, que es el presupuesto anual; otro a la relación laboral, que es el funcionariado; otro a la estructura de dirección y de mando y, más en general, a la relación que se establece entre las instancias superiores e intermedias y las diferentes unidades operativas, sin dejar de mencionar la existencia de un plan racional de desarrollo estratégico, a nivel nacional, regional y local, así como en cada unidad operativa, que asigna recursos según las metas y plazos respectivos; que deben ser los adecuados a este tipo específico de organización.
Por otra parte, en períodos históricos mucho más recientes y, especialmente, en el curso del último siglo, a partir del gran desarrollo alcanzado por los mercados y las empresas privadas capitalistas en diversos ámbitos, los servicios estatales han establecido una relación complementaria con éstos. En dicha relación, las funciones esenciales se mantienen bajo la estructura y formas propias de los servicios públicos, mientras una serie de funciones de apoyo son subcontratadas a empresas privadas, allí donde existen mercados desarrollados que permiten a éstas proporcionar aquellas en mejores condiciones que el propio servicio público. Esta es la forma adecuada de la relación público-privada en los servicios públicos.
De otra parte, las formas neoliberales adquiridas por el proceso de globalización reducen sistemáticamente la capacidad decisoria del Estado, quedando cada vez más a merced de determinaciones y hechos externos. Lo anterior no es consecuencia de la globalización en sí, sino de la forma irrestricta en que la misma es enfrentada en la extremista concepción aludida. La relación histórica entre el desarrollo de los mercados globales y las regulaciones estatales es exactamente la contraria, es decir, las segundas han nacido y han evolucionado precisamente como consecuencia de los primeros. Los Estados mismos son una invención histórica muy reciente, como se sabe y han nacido de la necesidad de establecer regulaciones que permitiesen el desarrollo adecuado de los mercados en un ámbito geográfico determinado. Los mercados modernos mismos son de hecho, creaciones institucionales, especialmente en su base más esencial, que son las relaciones sociales que los sustentan, las cuales a su vez han sido desarrolladas sobre la base de una constante intervención y regulación estatal, muchas veces violenta y destructiva. Ya se ha mencionado, por ejemplo, como en el caso chileno los modernos mercados y las relaciones sociales que los sustentan son el resultado ante todo de un activo intervencionismo y regulación estatal a lo largo de un siglo.
En la actualidad, lo que sí se aprecia es una creciente inadecuación de la mayor parte de los Estados nacionales surgidos en los dos siglos pasados, a las dimensiones de los espacios en que se requiere establecer hoy la regulación de los mercados, de modo de generar condiciones de soberanía en las mismas, en un mundo en el cual surgen gigantescos Estados modernos, de dimensiones continentales. Sin embargo, la conclusión no apunta en la dirección del desaparecimiento de los Estados, sino a su superación en el marco de la integración en un espacio superior, cuyas regulaciones institucionales pasan a adquirir predominancia creciente por encima de aquellas de los antiguos Estados. En otras palabras, lo que se vive es un proceso de construcción de Estado, pero a nivel regional, supranacional, el cual no debilita los Estados nacionales, sino que los fortalece al generar instancias que permiten proyectar su influencia sobre las regulaciones establecidas en un espacio muchísimo mayor, a nivel regional, e incluso en algunos aspectos –como la emisión de gases que inciden en el calentamiento global–, ello se hace objetivamente necesario a nivel planetario.
Desde otro ángulo, en ese marco, se aprecia la posibilidad de permitir asimismo el desarrollo de instituciones estatales con un grado de autonomía superior a las permitidas por los Estados nacionales, en espacios más reducidos, como son aquellos en los cuales habitan las nacionalidades más antiguas y arcaicas. En el caso chileno, este último aspecto tiene relevancia en el sentido que permite visualizar, por una parte, el fortalecimiento de las instituciones del Estado nacional en el marco de proyectar su extensión hacia un espacio mayor regional, con soberanía compartida. Desde el lado opuesto, ello permite visualizar asimismo la extensión de la gestión democrática de las instituciones estatales hacia las regiones y, lo que es más significativo desde el punto de vista histórico, hacia las nacionalidades tradicionalmente oprimidas por el Estado nacional chileno, de las cuales la más significativa es la nacionalidad mapuche.
Ello parece obligar a que el país aporte a construir un nuevo marco del proceso de globalización, que exige disponer de mecanismos regulatorios decididos democráticamente y destinados a que estos procesos vayan en beneficio de la gran mayoría de los habitantes del planeta y no de minorías como acontece actualmente. Como se ha visto, ello exige por una parte la construcción compartida de los mismos a nivel regional y global, como asimismo la descentralización de otros aspectos a nivel local y de las nacionalidades originarias. Todo ello, sin embargo, en el marco del fortalecimiento de las instituciones del Estado nacional y no de su debilitamiento o extinción.
4) Construcción de un Estado de bienestar moderno, que ofrezca un nuevo trato a sus ciudadanos y sea motor del desarrollo económico.
La privatización de los servicios públicos sociales ha sido un fracaso en términos de ofrecer beneficios adecuados a las grandes masas, de lo cual constituye prueba la crisis por la que atraviesan actualmente los sistemas de previsión y educación. El resultado ha sido un severo desmantelamiento y deterioro de los sistemas públicos, de los cuales continúa dependiendo la mayoría de la población, que el fortalecimiento paralelo de los sistemas privados no ha sido capaz de suplir. El país requiere reconstruir los sistemas sociales públicos, como la forma más efectiva de garantizar al conjunto de la población una adecuada protección social. Ello, sin perjuicio de incorporar plenamente las prestaciones de la industria privada respectiva, pero en una relación diferente y en aquellos ámbitos en que resulta adecuado al fortalecimiento de los sistemas públicos y a la calidad de los servicios en general.
En el mejor de los casos, la privatización ha logrado generar una industria privada que ofrece servicios sociales diferenciados de relativa buena calidad. Sin embargo, sólo una minoría de la población logra acceso a los mismos, a un elevado costo y con un alto nivel de subsidios públicos. Por otra parte, la denominada “focalización” de un reducido gasto público en los sectores de extrema pobreza, si bien ha aliviado en parte sus atroces condiciones de vida, no ha resultado efectiva para la mayoría. El grueso de la población, incluyendo a las nuevas capas medias asalariadas emergentes, ha quedado completamente desprotegido, al mismo tiempo que la apertura a la globalización ha tornado más precarios sus empleos e insegura su condición en general.
Las reformas a la previsión y educación, actualmente en curso, son una demostración de la crisis que atraviesan los esquemas privados de protección social. En el caso de la previsión, se ha arribado a un consenso en el sentido que el sistema público –que todavía atiende a tres de cada cuatro adultos mayores–, lejos de desaparecer, deberá mantenerse hacia el futuro, otorgando pensiones básicas universales, lo que parece posible si se mantiene el elevado nivel de gasto público que ha significado la privatización de las pensiones y en función de los objetivos que se proponga, se consideren recursos fiscales adicionales. Ello permitirá que las dos terceras partes de menores ingresos de la población, que no tienen capacidad de ahorro en las AFP ni siquiera para financiar una pensión mínima, accedan a estos beneficios. La reforma implementada el 2008 evidencia el consenso casi unánime logrado a este respecto.
Adicionalmente, sin embargo, se requiere restablecer el sistema de reparto, de modo de destinar parte de las cotizaciones previsionales a reparar el daño previsional que hoy afecta a quienes jubilan por AFP. Es decir, a igualar sus pensiones con aquellas que hubiesen obtenido de permanecer en el sistema público y, hacia el futuro, garantizar a las emergentes clases medias asalariadas pensiones definidas y dignas y especialmente a las mujeres, pensiones iguales a las de los varones sin extender la edad de jubilación a la que tienen derecho adquirido. Asimismo, terminar gradualmente con el gigantesco mecanismo de transferencia obligatoria de parte de los salarios hacia un puñado de grandes conglomerados, en forma de préstamos y capital accionario. Las cotizaciones, al menos en parte, deben destinarse nuevamente en forma directa a pagar pensiones. (CENDA 2006 b, c).
Por otra parte, se hace indispensable terminar con el sistema de AFP, centralizando las funciones que presentan economías de escala en el INP y diseminando la administración de los fondos en muchas instituciones, una de las cuales debe ser pública, con estrictas regulaciones que establezcan, entre otras cosas, la obligación de invertir los fondos en Chile. Asimismo, es necesario eliminar o al menos reducir las franquicias tributarias que benefician a los ahorrantes de mayores ingresos.
Todo esto se ha puesto en evidencia con la crisis, que ha mostrado que las bases sobre las cuales se sustenta el sistema de capitalización son muy débiles, sino falsas: en el largo plazo los mercados financieros pasan a pérdida la mayor parte del tiempo y su rentabilidad promedio es del orden del uno por ciento real anual; evidentemente inadecuados para sostener un sistema de pensiones.
En el caso de la educación, el Estado puede reconstruir el sistema público en todos sus niveles, de acuerdo a un plan nacional al cual se destinen los recursos necesarios de modo de garantizar su nivel de calidad para todos en un plazo breve, así como el desarrollo científico y tecnológico que necesita hoy el país. El sostenido desmantelamiento del sistema público es la causa principal de la crisis actual. Hoy día, cuenta con casi medio millón menos de alumnos que en 1974, continúa perdiéndolos a razón de decenas de miles por año y sus establecimientos se debaten en una seria crisis. Mientras tanto, la importante industria privada que ha absorbido todas las matrículas perdidas por el sistema público, incluyendo nueve de cada diez adicionales a partir de 1990, no ha sido capaz de proveer educación de calidad y menos con equidad.
El Estado puede reasumir en propiedad la dirección de los establecimientos que le pertenecen, estructurándolos como un sistema nacional moderno, siguiendo las mejores prácticas internacionales al respecto. Contratar directamente al magisterio que financia hoy mediante subvenciones y restituyéndole en plenitud su condición de funcionarios del servicio civil del Estado. Ello le permitirá, asimismo, asumir directamente la gestión docente de todos los establecimientos que financia completamente. Sin perjuicio de ello, puede concesionar los servicios anexos a la docencia, incluyendo locales y abriendo de esta manera un amplio espacio a la inversión privada en la educación pública, en los ámbitos que le corresponden. Finalmente, continuar apoyando con recursos fiscales la educación particular que lo amerite, generalizando la experiencia de las universidades particulares del Consejo de Rectores a otras universidades y también a colegios.
Todo lo anterior, además de reformas a los sistemas de salud y vivienda, establecimiento de efectivos subsidios de desempleo y otros planes sociales, conformarán la construcción de un Estado de bienestar moderno que ofrezca un nuevo trato a la población, que se avenga con el nivel de desarrollo alcanzado por el país y sus relaciones sociales. Desde el punto de vista del gasto público, ello significa pasar en un par de décadas desde alrededor del 13% del PIB destinado actualmente a gasto social, a un nivel cercano al 30% que presentan los países desarrollados. Es el desafío que lograron países europeos, EE.UU. y otros durante el siglo XX y en las últimas décadas los países de industrialización reciente del Sudeste de Asia. Ello exige aumentar el nivel de gasto social sostenidamente por encima del crecimiento del PIB, preferiblemente con diferenciales mayores en períodos de recesión, de modo que el gasto social juegue un rol contra-cíclico. Ello debe complementarse con reformas a la legislación laboral, que permitan un real equilibrio en las negociaciones colectivas y, por lo tanto, un aumento en la participación de los asalariados en el producto, relación que se ha venido reduciendo sistemáticamente y constituye la causa principal del deterioro en la distribución del ingreso. El impacto de dicha medida sobre el crecimiento del mercado interno será significativo, con especial efecto sobre las PYMES, que abastecen muchos de los bienes que consume la población. Tener una política que aumente la productividad de las PYMES constituye uno de los grandes desafíos a resolver por el país para entrar en otra fase de desarrollo.
5) Un manejo macroeconómico que restablezca los equilibrios perdidos debido a la unilateralidad del actual.
El manejo fiscal no puede seguir haciéndose como un ejercicio contable que pone como objetivo prioritario el equilibrio de las cuentas, sino que debe entenderse como un mecanismo de política que permita enfrentar los desajustes que constantemente tiende a producir el devenir económico. Un ejemplo extremo en este tipo de conducciones es no haber sabido aprovechar para crear una base económica diferente –haciendo que el país deje de depender de un reducido número de recursos naturales y de la colocación en el exterior de bienes de bajo valor agregado– los elevados superávit fiscales producidos desde 2004.
Paralelamente, se requiere enfrentar dos grandes desafíos: aumentar la carga tributaria, para permitir que el Estado pueda cumplir más a plenitud el papel diseñado en apartados anteriores y modificar la regresividad de su estructura. Chile es un país donde la distribución del ingreso es más negativa después que antes de pagar impuestos, lo cual se refuerza debido a que grandes intereses económicos son beneficiados ya sea no cobrándoles por la explotación de recursos naturales pertenecientes al país o por una cadena de excepciones en beneficio de una minoría. La estructura tributaria de Chile no puede seguir descansando en impuestos indirectos que afectan indiscriminadamente al conjunto de la población. Deben aumentarse los gravámenes directos, especialmente orientados a los sectores beneficiarios del modelo económico en aplicación.
La apertura económica, en un mundo que vive una profundización de los procesos de globalización sin que existan mecanismos de regulación de ellos, plantea a la política macroeconómica nuevos desafíos. La capacidad de acción del Estado objetivamente se reduce. Fenómenos acontecidos fuera del país y movimientos económicos hacia y desde el territorio nacional pueden perfectamente anular los objetivos que se propongan las autoridades. Ello exige una acción simultánea en dos planos. De una parte, contribuir a que se establezcan a nivel mundial los necesarios mecanismos regulatorios y, de otra, colocar restricciones al libre movimiento de capitales mientras persista la desregulación a nivel mundial.
Es posible colocar la política macroeconómica en función del desarrollo del país y atender crecientemente las necesidades no satisfechas de la gran mayoría de la población. De esta manera se restablecerán plenamente tanto los objetivos como el instrumental del manejo macroeconómico moderno, de modo de eliminar los desequilibrios mencionados y asegurar un entorno macroeconómico que favorezca el desarrollo de la producción y la distribución del ingreso.
Es sabido que la macroeconomía nació como ciencia buscando enfrentar las secuelas de la crisis de 1930, con objetivos múltiples, el principal de los cuales fue en esos años conseguir el pleno empleo. Los multifacéticos propósitos e instrumentos de esta ciencia fueron reducidos a cumplir con la meta inflacionaria, alcanzada con políticas monetarias y fiscales conservadoras y a lograr un manejo presupuestario “prudente”. Ello ha generado desequilibrios muy serios en el comportamiento cíclico de la economía, la distribución del ingreso y el incremento de las tasas de desempleo. Por otra parte, dicho manejo se ha traducido en subsidios muy significativos hacia el sector financiero, particularmente a los acreedores extranjeros, quienes se han beneficiado de las políticas de intereses y tipos de cambios resultantes, los que en cambio han perjudicado severamente a los sectores productivos.
Si se hace un examen de la conducción macroeconómica chilena de los últimos años, ella resalta por su pobreza y, en ámbitos de gran importancia, por su carencia. Se ha creado una imagen de que existirían “equilibrios macroeconómicos” si se mantienen tasas de inflación bajas, para lo que se utilizan muchos de los instrumentos con los cuales cuenta el Estado, frecuentemente con costos muy altos en materia de crecimiento y empleo; y se tiene un manejo fiscal adecuado, que en los últimos años se ha transformado en una acumulación irracional de elevadísimos superávit. Los costos en diferentes aspectos que implica esta política no se consideran si se alcanzan los “equilibrios macroeconómicos”.
En este esquema, la insuficiencia de las políticas macroeconómicas es muy grande. La cambiaria, uno de sus componentes más determinantes, se puede resumir en “no tener política”, salvo cuando el curso de la paridad cambiaria crea peligros inflacionarios. Es la realidad que el país vive desde fines de la década de los noventa y que ha conducido en contextos de grandes ingresos de divisas –ya sea por inversiones directas o alzas en los precios de rubros de exportación fundamentales– a procesos revaluatorios de la moneda nacional que hicieron abandonar en los hechos la formulación programática previa a los gobiernos de la Concertación, de llevar al país a una “segunda fase exportadora”. La experiencia internacional, así como la interna han demostrado las consecuencias negativas de los dos mecanismos extremos de política cambiaria: el tipo de cambio fijo y la llamada “flotación limpia”. La política cambiaria debe ponerse en función de objetivos económicos como la competitividad de la producción nacional en los mercados externos, poder pasar a una “segunda fase exportadora” y no favorecer a los productos importados en su competencia con los nacionales.
Los hechos muestran el impacto decreciente de las políticas monetarias del Banco Central. La tasa de interés no puede manejarse sin tener en cuenta que las empresas y personas no se relacionan directamente con el instituto emisor, sino que lo hacen con la banca comercial sometida a mecanismos de regulación muy flexibles y cuyo objetivo central es obtener altas tasas de rentabilidad, como las conseguidas en los últimos años, aprovechando la política “expansiva” seguida por el Banco Central. Ello exige establecer regulaciones al funcionamiento de la banca comercial. La forma más gráfica de representar esta incongruencia se produjo cuando el Banco Central declaró mantener, según expresa en sus comunicados, una política de tasas de interés expansivas, mientras que la economía se desaceleraba a simple vista. Los hechos dieron una vez más la razón a Keynes cuando fundamenta las limitaciones de las políticas monetarias, particularmente cuando se desea que cumplan una función expansiva. Recuperar capacidad decisoria del instituto emisor pasa también por poner límites a la apertura irrestricta de la cuenta de capitales mientras no existan regulaciones a nivel mundial que lo permitan.
Bibliografía
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Suleiman, Ezra, 2004. Dismantling Democratic States. Princeton University Press, Princeton.
Santiago, 14 de septiembre 2009
Señor
MARCOS A. RIVERA OLIVIER
Departamento de Planificación y Gestión del Territorio
División de Planificación Regional
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
Nueva York 25 piso 4º Santiago Centroes
De nuestra consideración,
Tenemos el agrado de adjuntar el informe de la Conasuotoría experta para el proyecto, «Visión del desarrrollo Nacional.»
Confiando que atienda en parte sus requerimientos y quedando a su disposición al respecto,
Les saludan con la mayor atención
CENDA
Manuel riesco
Encargado del proyecto
[1] Sus autores son Manuel Riesco y Hugo Fazio, Vicepresidente y Director de CENDA, respectivamente.
[2] Una fuente principal es el diario londinense Financial Times (referido en el texto como FT dd/mm/aaaa), reconocido como uno de los dos principales medios financieros del mundo. El periódico ha mantenido a lo largo de la crisis una línea editorial clarísima y explícita, que ha consistido en develar sin tapujos los alcances de la misma, al mismo tiempo que abogar por una intervención estatal masiva y enérgica. Por otra parte, ha defendido la necesidad de introducir modificaciones de fondo que apunten a remover lo que considera las causas principales de la misma. Especialmente, ha insistido en la responsabilidad del sector financiero, denunciando el crecimiento desproporcionado de su tamaño e influencia y abogando derechamente por la nacionalización general de la banca, en razón que la misma constituye en los hechos un servicio público avalado por el Estado.
[3] Durante semanas desde el Ministerio de Hacienda, con la activa participación de Andrés Velasco, se efectuaron constantes llamados a la banca comercial privada para que traspasasen a sus clientes la reducción en las tasas de interés de referencia de política del Banco Central.
[4] Palabras muy diferentes a las del 13 de julio de 2007 –cuando la crisis financiera ya había estallado– y aseguraba que «la economía mundial está en el quinquenio de mayor expansión». Ello le llevó a pronosticar para Chile una larga fase de crecimiento. «No sólo el gobierno –dijo, en esa ocasión–, sino que el consenso privado ha ido elevando la tasa esperada de crecimiento para éste (2007) y el próximo año». Era un “consenso privado” funcional a intentar respaldar su aseveración. (CE, 13/07/09)
No es en el país una novedad que se minimicen los impactos externos en la economía chilena. La experiencia histórica entrega múltiples ejemplos similares. En 1929, en frases que hoy nos suenan cercanas, Carlos Ibañez del Campo aseguró que Chile se encontraba en mejor posición que otros países para enfrentar la Gran Depresión. En 1931, ya no podía desconocer los hechos, Chile fue uno de los países en el mundo que más sufrió de las consecuencias de la crisis, pero igualmente aseguró una rápida recuperación que tampoco se produjo. «Respondo con mi vida, si es preciso –señaló– de que la República entrará pronto por el próspero camino del resurgimiento económico y financiero (…)». No respondió con su vida, sino con el cargo, treinta días después renunciaba.
Iniciada la crisis financiera, Velasco aseguraba que la economía chilena se encontraba “muy bien protegida” frente a los fenómenos que se daban en el mundo. «En Chile –decía- no hay factores de riesgo que permitan que lo que hoy son turbulencias financieras se transmitan a la economía real». En los mercados financieros se producían mucho más que simples “turbulencias” y la economía chilena dejó de crecer, adquiriendo desde los últimos meses de 2008 un marcado curso descendente. (CE, 16/08/09).
En agosto de 2008, el ministro Velasco sostuvo: «Hay razones para suponer que la actividad va tomando vuelo y vamos a tener un segundo semestre mejor que el primero». Los hechos nuevamente lo desmintieron. En enero-junio el producto creció en promedio, según los datos del Banco Central, un 3,9%. En julio-diciembre, anotó en doce meses un 2,5%, siendo más evidente la caída si se utilizan cifras trimestrales. En septiembre, cuando la crisis financiera global se agudizó extraordinariamente, Velasco insistió: «Dijimos que la economía en la segunda mitad del año crecería y así fue». Peor aún, ya en noviembre, cuando la contracción interna era evidente, el Imacec de ese mes descendió en 1,1%, el ministro expresó: «Las proyecciones pesimistas no encuentran sustento (…) Chile sigue creciendo y a una tasa bastante alta». El Imacec descendió en cifras anualizadas constantemente. Sobran los comentarios.
¿Por qué estimaciones tan alejadas de la realidad? La única explicación es que Velasco se negó a visualizar oportunamente el impacto de la crisis global en la economía chilena. Ello explica que tanto las políticas fiscales como las monetarias hayan adquirido una connotación anticíclica con tanto retraso y no tuviesen la fuerza requerida. «Es imposible, para nosotros o cualquier otro país del mundo –reconoció tardíamente el presidente del Banco Central José De Gregorio en su exposición–, no ser afectados por el descalabro financiero y la desaceleración económica mundial. La pregunta importante no es si nos afectará o no –añadió– sino como podemos mitigar su impacto». Desde luego, al no visualizar apropiada y oportunamente la realidad es imposible aplicar políticas a la altura de las circunstancias. (CE 25/01/2009).
[5] Véase, Hugo Fazio, Crisis mundial: ¿Recesión o Depresión?, Págs. 174-178.
[6] Véase, Hugo Fazio, Chile en el período de las vacas gorda. Sus grandes beneficiarios. Cenda, 2007.
[7] Esta sección del trabajo se basa principalmente en el trabajo previo de CENDA «Lineamientos de política económica 2006-2010, Riesco, M. (2007). Lineamientos de política económica 2006-2010: La conveniencia de considerar un programa alternativo. In C. Centro de Estudios para el Desarrollo, & M. Jelvez (Ed.), Perspectivas económicas para el Chile del Bicentenario. Santiago, rm, Chile: Centro de Esudios para el desarrollo, CED.» preparado para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
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