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Intervención presentación libro “Grandes Desafíos”
El libro que hoy presentamos pretende contribuir a la discusión sobre un conjunto de temas –en un listado no exhaustivo- que nos parecen relevantes para producir las transformaciones que el país requiere con el propósito de superar contradicciones y desequilibrios que en último término son una consecuencia de un esquema económico-social impuesto en los años de dictadura y que con modificaciones que no alteran su esencia perduran hasta hoy día. El texto fue terminado de escribir en febrero pasado. Han transcurrido ya tres meses e intentaremos en nuestra intervención, a la luz de nuevos antecedentes y hechos, profundizar los planteamientos efectuados.
El principal problema económico social existente en el país está en la regresiva distribución del ingreso, que es una de las peores a nivel mundial, tema no abordado, como muchos otros, en el mensaje presidencial del 21 de mayo. En nuestro texto fundamentamos esta conclusión haciendo un examen crítico de la Casen 2011, cuestionando las estadísticas que se estaban utilizando, tema en estos meses aún más presente, cuando técnicos del propio INE denunciaron que se había producido “manipulación” en la elaboración del censo, corroborada en los hechos con la renuncia inmediata de su director, Francisco Labbé. A ello se sumó la negligencia para enfrentar cambios metodológicos muy evidentes en el cálculo del IPC, que subvaloran su nivel.
La subestimación de los datos de la Casen, al igual que en las efectuadas anteriormente, se dio en la determinación de la línea de pobreza utilizando datos de la canasta al consumo de los hogares del año 1988, la cual se fundamentó en el absurdo criterio de que debe utilizarse siempre “·el mismo termómetro”, en circunstancias que había datos estadísticos más recientes. La deformación era tan evidente que finalmente se concluyó en la necesidad de actualizarla. La verdadera razón de trabajar con cifras reconocidamente desactualizadas, fue que obligaba a reconocer cifras mayores de pobreza y extrema pobreza.
Con todo, la Encuesta Casen conducía a la conclusión, como señalamos en el libro, “que en un porcentaje muy reducido de la población es donde se produce su alta concentración”. En marzo un documento de trabajo de los profesores de la Universidad de Chile Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez, constató que la regresividad distributiva es muy superior. El salto cuantitativo y cualitativo se produjo al efectuar “nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, ya no por encuestas a los hogares sino en base a los datos proporcionados por los propios contribuyentes.
Efectuando una comparación con 20 países que tienen cifras de distribución de los ingresos calculadas utilizando declaraciones impositivas y no encuestas en los hogares, solo considerando las declaraciones efectuadas al Servicio de Impuestos Internos en el lapso 2005-2010, el 1% más rico de Chile encabeza el listado del país de la muestra de peor distribución al captar un 21,1% del total. El promedio de la muestra es de 11,5%, es decir el país acumula casi diez puntos porcentuales más. En el caso del 0,1% más rico el país aparece detrás de EE.UU. y en el 0,01% vuelve a ocupar el segundo lugar luego de la mayor potencia económica mundial.
Ahora bien, dado que la declaración de impuestos realizada en Chile no permite efectuar comparaciones en igualdad de condiciones con el resto de los países para hacerlas equivalentes debe ajustárselas adicionándole las utilidades no distribuidas de las empresas privadas o las ganancias de capital. En Chile, precisan los autores del estudio, “una alta proporción de los activos de las empresas pertenecen al 1%, 0,1% o 0,01% más rico de la población”. Por ello, cuantificar las utilidades retenidas o las ganancias del capital “resulta importante para medir la real participación de este grupo en el ingreso total”.
Así, subrayan, las mediciones “incorporan las principales fuentes de ingresos, incluyendo ingresos del trabajo y las utilidades de las empresas, sean éstas distribuidas o no distribuidas”. Constituye un gran avance. Falta por incorporar la retribución percibida en la explotación de los recursos naturales, que en Chile su propietario en muchas áreas fundamentales es el Estado, al cual en el mejor de los casos se le cancela, como acontece en la gran minería privada del cobre un impuesto reducido sobre sus resultados operacionales, con el agravante que se concedió además invariabilidad tributaria durante muchos años en un claro renuncio a la soberanía nacional.
Para incorporar las utilidades retenidas “se asume, de manera conservadora –detalla el estudio- , que 25% de las utilidades no distribuidas de las empresas privadas nacionales excluyendo las microempresas corresponde a ese 1% de personas naturales del país, lo que es equivalente a suponer que las doce personas naturales propietarias de ese 85% de las empresas cuyas acciones se transan en el mercado accionario chileno pertenecen al 1% más rico de la población (…)”. A partir de esta estimación en el año 2010 “la participación en el ingreso tributable del país más las utilidades no distribuidas indican que (…) casi un tercio (31,1%) del ingreso de Chile llegó al 1% más acaudalado de la población (…)”. En el lapso 2005-2010 la participación del 0,1% más acaudalado fue “en promedio –calculan- de 19,9% para dicho período. Es decir –explicitan- el 0,1% más rico capturó en promedio más de la mitad del ingreso que capturó el 1% más rico. A su vez, la participación del top 0,01% más rico, fue en promedio (11,5%) más de la mitad de la participación del top 0,1%”. Estas estimaciones de participación en el ingreso del país –concluyen López, Figueroa y Gutiérrez- muestran la enorme aceleración que evidencia la regresividad de la distribución del ingreso en Chile al avanzar desde el percentil 1 de la distribución a los fractiles más ricos de la distribución, aceleración que, evidentemente, explica por qué Chile se encuentra entre los países de peor distribución en el mundo”.
El estudio ratifica que la regresiva distribución del ingreso es el más agudo problema económico –social del país. Por tanto, como revertirla es un tema central, imprescindible de considerar en un año lleno de eventos electorales en que deberían estar en el debate los grandes desafíos que se enfrentan. El deterioro distributivo se produjo en los años de dictadura, sin que se haya modificado mayormente en los años posteriores. Constituye una gran deuda pendiente, imprescindible de revertir.
En el país el momento distributivo más positivo se alcanzó durante el Gobierno de Salvador Allende, donde la retribución al factor productivo trabajo alcanzó su mayor participación porcentual histórica para ser modificada totalmente en el período de dictadura, experimentando una caída superior a los veinte puntos porcentuales, que equivale si se considera todo el lapso en que persiste esta disminución a haber trabajado varios años sin remuneraciones, situación que en lo fundamental persistió tanto en los veinte años de la Concertación como en el gobierno de Piñera. Esta es la realidad a cambiar. Los frutos no se los puede seguir apoderando mayoritariamente como hasta ahora el 1%, 0,1% y 0,01% más rico. Es una concentración del ingreso gigantesco, al cuál debe agregarse los recursos que se extraen del país. La problemática no se puede resolver sin tocar intereses minoritarios. Producir el viraje no será fácil, debe vencerse a fuerzas poderosas que se opondrán al cambio, empezando por el 1% y los grandes intereses extranjeros que se encuentran radicado en áreas fundamentales de la economía nacional.
Materializar estos objetivos reclama precisar las vías para lograrlo y crear conciencia y movilización ciudadana tras su consecución. La beneficiada con el modelo vigente es una minoría. La reforma tributaria, por ejemplo, debe terminar con el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), que acumula una cantidad muy amplia de utilidades no distribuidas, sin pagar impuestos. El director del SII durante el gobierno de Michelle Bachelet, Ricardo Escobar, cifra el FUT reunido en aproximadamente un 1% del PIB, en cifras actuales eso equivale a más de US$280.000 millones. Es un monto gigantesco.
El FUT se estableció en 1984, constituye una de las herencias dejadas por la dictadura en beneficio de una minoría. Se creó siguiendo formulaciones efectuadas en EE.UU. de las economías desde el lado de la oferta, como forma de enfrentar uno de los grandes problemas registrados en la década de los setenta, el estancamiento económico. El otro fue una inflación elevada. Fueron años de estanflación (estancamiento con inflación). Uno de los cambios impositivos llevados adelante durante la administración Reagan fue disminuir los impuestos a las sociedades, con la idea de que así se destinarían más recursos a la inversión. En el papel los menores ingresos fiscales en el corto plazo debido a la reducción de las gravámenes se recuperarían más adelante con crecientes ingresos consecuencia del supuesto mayor crecimiento económico. En realidad fue el inicio de un largo período de elevados déficits fiscales, reducido en los últimos años del gobierno Clinton, que fueron de gran incremento en la actividad económica. A comienzos de los ochenta, las políticas acordadas para enfrentar la inflación, que tuvieron como componente principal una violenta alza de las tasas de interés, contrajeron la economía, aumentando los déficits fiscales. La economía del lado de la oferta pretendió sin éxito modificar esta situación.
En Chile, el año 1984 además de crearse el FUT se estableció que los impuestos a las utilidades se pagarían solo por las utilidades retiradas y no por las devengadas como acontecía hasta entonces. Ello se modificó con la reforma tributaria de 1990, en los inicios del gobierno Aylwin, volviéndose a cancelar impuestos formalmente por las ganancias obtenidas, principio que quedó en el papel al mantenerse el FUT. Este mecanismo se mantiene igual que en 1984, han pasado ya cerca de treinta años. Es uno de los “amarres” de Pinochet de larga duración como el sistema binominal o la autonomía del Banco Central. El porcentaje de las utilidades que no tributan es muy alto. “Cuando uno mira el número agregado –señaló Ricardo Escobar-, del orden del 73% de las utilidades tributables de cada año (…) no se termina distribuyendo ni a inversionistas extranjeros ni a personas (…) la suma de dividendos y retiros que llega a personas e inversionistas extranjeros debe andar en el 26% - 27% de las utilidades de cada año” (12/05/13).
Los defensores del gran capital están abiertamente por la mantención del FUT. El académico de la Universidad Católica Rolf Lüders, que fuese biministro en el régimen de Pinochet, afirmó que de eliminarse se generaría todo tipo de males. Adelantaría declaró “una parte del pago sobre el impuesto a la renta. Aumentaría los ingresos tributarios en el corto plazo y los disminuiría en el largo plazo”, planteamiento similar al del ministro de Hacienda. “Si quieren terminar con el FUT, que estimula la inversión –declaró Felipe Larraín-, y aprobar una serie de otras propuestas que aumentan la carga tributaria, tranquilamente creceríamos dos puntos menos por año, y quizá me quede corto. Mientras más tiempo pasa más nos damos cuenta por la evidencia que tenemos reunida –enfatizó- que el mejor recaudador es el crecimiento económico” (25/05/13). En otras palabras, debe mantenerse la regresiva estructura tributaria existente, no tocarse los intereses del 1%, 0,1% y 0,01%, abandonar cualquier idea de reforma tributaria.
Felipe Larraín por tanto va aún más lejos, entrando abiertamente a los debates sobre políticas futuras rechaza abiertamente cualquier reforma tributaria haciendo uso de otra vieja y no corroborada por los hechos argumentación, al expresar que cualquier gravamen al capital reduciría la actividad económica, teniendo en consecuencia un impacto negativo en el crecimiento y como resultante afectaría a los ingresos fiscales.
Larraín desarrolla una campaña de terror, tratando de influir en la perspectiva electoral. Los hechos refutan su afirmación. Desde luego, no se produjo menor crecimiento con el aumento en el impuesto de primera categoría el año pasado. Tampoco para la mayor reforma tributaria post dictadura, la efectuada en los inicios del Gobierno Aylwin. “Alguien que administra la Hacienda Pública -observó el exdirector de Presupuestos Alberto Arenas- debería colocar entre sus prioridades no generar incertidumbre en el mercado (…)” (26/05/13). A esta campaña se sumó el propio Piñera al sostener “que parte de esta desaceleración que estamos observando obedece a las propuestas que se están escuchando en el debate público hoy día” (28/05/13)
Sin reforma tributaria no se desmonta, además, una de las causas de la regresividad de los ingresos en el país. La distribución es peor después que antes de cancelar impuestos. Ello exige una reforma que grave a los beneficiarios del modelo. “Cuando comparamos con los países de la OCDE, respecto de cuando esos países tenían el mismo ingresos per cápita en Chile hoy –puntualizó también Arenas-, nuestra carga tributaria aparece bastante baja (…). Se concluye de ello que se puede elevar la carga tributaria y que es absolutamente consistente con seguir creciendo”.
El FUT es un mecanismo muy poderoso de elusión impositiva, afectando tanto la equidad horizontal como vertical de la estructura tributaria. Constituye un punto central de cualquier reforma tributaria de verdad, así como reducir el IVA, que es el impuesto más regresivo ya que pagan más sobre sus ingresos los más afectados en el proceso de distribución, así como terminar con no cobrar renta adecuada por la explotación de recursos naturales.
La OCDE publicó en estos días por primera vez en español su Informe de Bienestar Económico y Social, creado según recomendaciones de los premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen y el economista francés Jean Paul Fitoussi. Incorpora 36 países, Chile figura en el lugar 34, delante de México y Turquía, e inmediatamente después de Brasil. Es otro documento, al igual que las de distribución del ingreso, que mide comparativamente la situación de los chilenos y que nos plantea grandes desafíos. En este caso mejorar la calidad de vida de grandes mayorías.
El comunicado del Banco Central informando sobre la mantención por décimo sexto mes consecutivo de su tasa de interés de política monetaria, en 5% nominal anual, constató que “los antecedentes del primer trimestre muestran una desaceleración de la actividad y la demanda interna”. Poco antes, en una exposición efectuada en Asimet por su presidente, Rodrigo Vergara, reconoció “que la desaceleración en el primer trimestre, fue algo mayor de lo esperado” (09/05/13). Felipe Larraín igualmente afirmó, a mediados de mes, que “es claro hay una desaceleración en curso”, lo cual calificó de “modesta” (27/05/13).
Estas aseveraciones fueron confirmadas por las cifras entregadas por el Banco Central posteriormente de un crecimiento en cifras interanuales de 4,1% en enero-marzo, porcentaje más reducido que sus estimaciones anteriores, corrigiendo las cifras de expansión mensual entregadas antes, dejando eso sí establecido que hubo dos días hábiles menos con relación a 2012, que fue además un año bisiesto. Numerosas áreas experimentaron caídas, comenzando por la pesca extractiva, la cual tiene ya expresiones estructurales, siguiendo por el sector agrícola-silvícola en 1,8%, debido ante todo a la sequía, y la industria manufacturera con una contracción de 0,6%, afectada por el síndrome holandés. El reglón más dinámico fue la minería cuprífera, debido a la recuperación productiva de Escondida, una menor contracción que el año anterior de Collahuasi y la puesta en explotación de Esperanza por el grupo Luksic. Desde el ángulo de los componentes de la demanda utilizados para calcular el PIB, el menor crecimiento se explica por la política oficial de acotar el crecimiento del gasto público, con un aumento de solo 0,9%, en lo que en el libro denominamos la “versión chilena” de las políticas de austeridad. Así como en la fuerte reducción en la demanda externa neta, a causa del débil incremento de las exportaciones (+1,0%), debido a la desaceleración del comercio exterior global, y el fuerte incremento de las importaciones, originado en una demanda interna que continuó alta y al abaratamiento por la revaluación del peso de las adquisiciones en el exterior medidas en moneda nacional.
Se volvió así a poner en primer plano el tema de la evolución en el futuro próximo de la economía nacional así como de la regional, muy dependientes en general de factores externos. El informe semestral del Banco Mundial entregado en el contexto de su primera asamblea del año 2013, al analizar la evolución de las economías de América Latina y El Caribe, afirmó que la región se encontraría ya “sin vientos externos a favor”, por lo cual sostuvo que la tasa de crecimiento del producto que en la última década promedió niveles entre 5% y 6% descenderá en el año a niveles de 3,5% a 4%. Por tanto, expresó su economista jefe para la región, Augusto de la Torre, ésta se benefició durante años de dichos vientos “que no dependían de las políticas de las economías latinoamericanas” (18/04/13). Sebastián Piñera niega esta realidad. En su formulación del 21 de mayo sostuvo que las tasas de crecimiento del país no constituyen una “casualidad”, atribuyéndola “a políticas serias y responsables” (21/04/13).
Los vientos favorables De la Torre los resumió en tres. Primero, el crecimiento vigoroso en algunas zonas del mundo, como China, que repercutió favorablemente en la balanza comercial de los países latinoamericanos. “El segundo fue el superciclo de las materias primas. (…) no tenemos en la historia -detalló- un período tan largo y tan fuerte de subida en los precios de las materias primas (…)”, lo cual condujo a términos de intercambio extraordinariamente favorables. Finalmente, el tercer viento fue la situación financiera de bajas tasas de interés, generando un gran flujo de recursos hacia la región. Una gran pregunta a hacerse es que sucede con la evolución actual de estos factores determinantes, no considerados en la cuenta del 21 de mayo.
El crecimiento de la economía china que en el primer trimestre de 2010 fue de 11,9%, promedió en 2011 un 9,58% y en 2012 un 7,85%. La desaceleración es evidente, permaneciendo desde el segundo trimestre del año pasado en tasas similares a la de enero-marzo de 2013, cuando anotó un 7,7%. Pero, su crecimiento se mantiene relativamente alto y dejó de desacelerarse. El gobernador del Banco Popular de China, Zhow Xiaochuan, considera “normal” que el país sacrifique crecimiento para efectuar reformas estructurales. “China –enfatizó- está experimentando una reestructuración económica que algunas veces no va pegada al crecimiento” (22/04/13). Siendo el país asiático el mayor mercado para las exportaciones del país, la gravitación de lo que acontezca en su economía es muy elevada.
“ (…) en realidad –escribió Stephen Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, analista muy profundo de la evolución de la potencia asiática- su menor crecimiento del PIB es bueno para China, siempre que refleje la transformación estructural desde hace tiempo esperada de la economía más dinámica del mundo. Las líneas generales de esta transformación se conocen muy bien, un cambio del modelo de crecimiento encabezado por las exportaciones e inversiones hacia una estructura económica que se basa más en el consumo privado interno. Pero lo que se conoce menos es el hecho de que una China reequilibrada tendrá una tasas de crecimiento menor (…)”.
“Ni a los mercados financieros ni a las economías desarrolladas, ávidas de crecimiento –agregó- les agrada el ritmo natural más lento que probablemente experimentará una economía china reequilibrada. (…) las economías basadas en recursos (como la chilena, N del A) se han vuelto adictos al viejo modelo de hipercrecimiento insostenible de China. No obstante, este país sabe que es tiempo de abandonar ese peligroso hábito”[1].
De ser así, la potencia asiática, no volverá a las tasas de crecimiento de dos dígitos. Sin embargo, hasta el momento su expansión está por encima del objetivo para el año de las autoridades chinas (7,5%) y la cotización del cobre se mantiene, de acuerdo a parámetros históricos, alto. Su precio en los mercados internacionales está sobre los US$3,20, por encima de su indicador de tendencia, que es una estimación de su evolución en el mediano plazo. Es claro, muy por debajo de los US$4,60 alcanzados en febrero de 2011.
Mientras tanto, las bajas tasas de interés de políticas monetarias de los principales bancos centrales mundiales no se han modificado, siguen siendo reducidas, lo que experimentó un impulso muy grande es el incremento de las masas monetarias en aquellos países que llevan a cabo acciones de relajamiento cuantitativo, como EE.UU. y Japón, con múltiples impactos cambiarios, recorriendo un escenario desconocido, que constituye la mayor expansión monetaria de la historia.
Los vientos favorables, sin duda, se han debilitado, pero aún subsisten. Si se efectúa un balance de su aprovechamiento es abiertamente insatisfactorio. Los receptores directos de las ventas de cobre son las empresas exportadoras. La gran minería privada remesa las utilidades al exterior o la invierten teniendo presente las rentabilidades a obtener en el futuro. A su turno, el incremento de los ingresos fiscales por concepto de tributos o el traspaso de todos sus excedentes por Codelco, sobrepasado su indicador de tendencia no se pueden utilizar en gasto público, siendo colocados en el exterior en activos financieros. En los tres primeros años de la administración Piñera ya se recuperó en los fondos soberanos el uso que se hizo con propósitos anticíclicos de US$9.000 millones de ellos durante la crisis 2008-2009. Nunca estos recursos se concibieron para modificar la estructura productiva del país, extraordinariamente dependiente de recursos primarios, de bajo valor agregado.
El país ha acumulado, además, grandes sumas –cuyo monto no se divulga- en la Ley Reservada del Cobre, la cual establece en una legislación absolutamente indefendible, tanto por su objetivo como por razones de manejo tributario (los gravámenes deben ser neutrales y no dirigidos a una empresa determinada), que el 10% de las ventas de Codelco deben destinarse a adquisiciones de armamentos para las Fuerzas Armadas. Como las ventas de la empresa estatal, por el alto precio del cobre y el molibdeno, han sido elevadas, muy superiores al gasto en armamento efectuado, los fondos reunidos suman varios millones de dólares, que en una cierta cantidad deberían utilizarse para asuntos urgentes a resolver. Financiamientos permanentes no pueden hacerse, es claro, con recursos transitorios. En una perspectiva más larga debe hacerse con cargo a una reforma tributaria.
En los meses transcurridos desde el cierre de nuestro libro uno de los acontecimientos políticos destacables fue el colapso de la candidatura presidencial de Laurence Golborne, primero por la resolución de la Primera Sala de la Corte Suprema, acogiendo una denuncia colectiva presentada en 2006 por Sernac, declarando nulos y abusivos, los recargos establecidos en las tarjetas de crédito Jumbo Más de Cencosud, el consorcio comercial del grupo Paulmann, mientras los afectados no expresasen explícitamente su rechazo, cuando el ex candidato presidencial era su gerente general.
La primera reacción de Golborne frente a la resolución de la Corte Suprema fue “no me parece que sea un abuso”, justificando así el cobro efectuado a consumidores. A las pocas horas corrigió su afirmación, inmediatamente criticada, para sostener que “la empresa tomó una decisión que me correspondió llevar adelante (…). Uno obedece las instrucciones y las directrices que se establecen a nivel de un directorio” (26/04/13). Ante sus declaraciones su reemplazante como gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez -recalcó desmintiendo en los hechos su feble defensa-, que es en dicho nivel que se adoptan el tipo de determinaciones sancionada. “(…) la administración –puntualizó- es responsabilidad del gerente general. Hay una administración, existe un gobierno corporativo y hay decisiones del día a día de las cuales la administración se tiene que hacer cargo y yo, como gerente general de la compañía me hago responsable de las decisiones (…)” (27/04/13).
La formulación tratada de instalar por La Moneda, y personalmente por su exministro de Economía, Pablo Longueira, de un gobierno pro consumidores, experimentó así un duro golpe. El tema no afecta solo a Cencosud, como lo demostraron casos similares que alcanzaron resonancia posteriormente. El BancoEstado, por ejemplo, llegó a un acuerdo conciliatorio con la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus) en la Primera Sala de la Corte Suprema, acordándose devolver a 570.000 clientes comisiones aumentadas unilateralmente. Sebastián Piñera, en una entrevista radial sostuvo que apenas asumió la presidencia se preocupó que el Estado se hiciese parte en la denuncia presentada. “Eso rebatió el diputado Felipe Harboe en los primeros días de mayo - es completamente falso. El Sernac se hizo parte del caso BancoEstado hace un mes, es decir después de tres años. Este Gobierno –agregó- intentó echar abajo el fallo a favor de los consumidores en tres oportunidades con apelaciones, con recursos de casación y con recursos ante el Tribunal Constitucional. (…) la gente sabe –concluyó Harboe- que gran parte de los directores de las AFP, bancos y casas comerciales, son miembros de la UDI y RN” (10/05/13).
La tardía inserción de Sernac en la demanda de Conadecus en contra del banco estatal fue visada directamente por Sebastián Piñera y, también por el comité político de La Moneda. El plan fue responsabilizar a los gobiernos de la Concertación de los cobros unilaterales efectuados, iniciados en diciembre de 2002, bajo la dirección de Jaime Estévez, e intentar mostrar que la conciliación se logró durante su administración, aunque ello se produjo recién en los meses finales del período presidencial. Al mismo tiempo pretendió justificar la participación de su hermano Pablo, gerente general de BancoEstado desde 2008, que dejó sin cumplir los fallos de los tribunales desde 2010.
De otra parte, la superintendencia de Bancos e Instituciones Financieros (Sbif) se demoró mucho en ajustar sus normativas a la modificación del Sernac Financiero que –señaló el profesor Juan Luis Goldenberg del Doctorado en Derecho de la UC- “dejó bastante claro que hay cosas que no se pueden hacer. Esa ley –agregó- está vigente desde inicios de 2012, y pese a que no había habido una adecuación por parte de las normas de la Sbif, eso no puede ser (…) una justificación de los bancos respecto a un eventual desconocimiento de que había cambiado la ley. La mayor parte del ordenamiento europeo norteamericano –explicó- incluye estas normas de protección que son igual o más estrictas que las existentes a nivel doméstico. (…) en definitiva, estamos alineándonos a estándares superiores pero que son normales en todo el mundo. De hecho –concluyó-, la construcción de la Ley de Protección al Consumidor en nuestro país se basa en expedientes, principalmente, europeos” (20/05/13).
Cuando aún Laurence Golborne modificaba las explicaciones de su participación en los cobros indebidos efectuados cuando era gerente general de Cencosud, se hizo pública una nueva denuncia en su contra. El diario El Sur informaba que el excandidato a las primarias presidenciales de la derecha tenía depósitos en el paraíso fiscal de la Islas Vírgenes Británicas que no dio a conocer al efectuar su declaración patrimonial al asumir como ministro de Sebastián Piñera. En su declaración patrimonial, por tanto, ocultó parte de sus recursos colocados en una Isla “donde se censan veinte veces más sociedades registradas que habitantes”[2].
La nueva denuncia lo mostró utilizando resquicios para no declarar fondos depositados en el exterior. La cuantía de los recursos no se conoce. “En tanto depositante –manifestó Mónica González, directora de Ciper-, solo Paulmann podía saber cuando tenía Golborne en su cuenta” (22/05/13). Los paraísos fiscales se caracterizan por no cobrar impuestos y no ser transparentes. El 19 de abril, el G-20 suscribió un acuerdo para el “intercambio automático” de información sobre cuentas bancarias de personas que pueden estar evadiendo impuestos o tratando de ocultar fondos ilegales. ¿En cuál de estas categorías se encuentra Golborne? ¿Qué va a hacer el Servicio de Impuestos Internos?
En el mundo hay una gran campaña en contra de la evasión y elusión tributaria. “Es una lucha contra un flujo monstruoso –señaló un reportaje de El País- cerca de 2,3 billones de euros negros y mutantes, más del 10% del PIB mundial, que se trasladan por el orbe en monosegundos, sin control ni reglas, que no pagan impuestos, que provienen en un tercio del narcotráfico (…) que cuestionan cuanto tocan. Que irritan a los contribuyentes que sí contribuyen y que tiene dueños y padrinos poderosos (…)”. Un estudio efectuado por Tax Justice Network (TJN), conformada por expertos que luchan por una mayor justicia tributaria mundial estableció que los países en desarrollo son especiales víctimas de los paraísos fiscales, estimando que desde Chile salieron entre 1970 y 2010 US$105.000 millones no declarados.
Las Islas Vírgenes Británicas es uno de los territorios de ultramar de la Corona. Nicholas Shaxson, en un libro publicado en 2011, describe que la City londinense “es el centro de las parte más importante del sistema offshore (extraterritorial) global” constituido por tres anillos. Uno de ellos son los territorios de ultramar entre los cuales figuran las Islas Vírgenes, junto a Caimán, Bermuda y Gibraltar. “Casi todos los grandes escándalos financieros recientes –relató- se trenzaron en la City, desde el enmascaramiento de la contabilidad de Grecia en la oficina de Goldman Sachs en 2002 a la quiebra del Northern Rock, pasando por los fondos ultraespeculativos Abacus colocados al Royal Bank of Scotland, antes endilgados al holandés ABN-Amro, y a su desastroso colega alemán IBK, o por el broker que en 2011 desfalcó por (…) 1.500 millones de euros al suizo UBS”.
¿Qué conclusión se puede sacar de partidos como la UDI o del gobierno de Piñera cuando a un personaje que debe renunciar a su candidatura presidencial al saberse de sus cuentas en paraísos fiscales se le ofrece como “compensación” ser candidato al Senado o el cargo de embajador de La Moneda ante la OCDE? La respuesta surge por si sola. Los manejos de Golborne de recursos en un paraíso fiscal no puede considerarse solo un hecho anecdótico que hundió definitivamente sus pretensiones presidenciales. Desde luego que en lo sucedido hay responsabilidades personales. Pero, sería errado quedarse solo en ellas. Demuestra las consecuencias de haberle entregado la conducción del país a los grandes intereses económicos. Estamos –como titulamos en un libro anterior- en un país gobernado directamente por uno de sus dueños.
Otro impacto para el Ejecutivo lo constituyó en estos meses el escándalo denunciado por Ciper Chile en la elaboración del Censo 2012, pese a las advertencias efectuadas al respecto de parte del personal técnico del propio INE, dando por “censadas”16.600.000 personas, cuando su número era de 15.800.000 para así demostrar, como anunció orgulloso el propio Sebastián Piñera que constituía el mejor Censo efectuado en el país “de la historia”. A pesar de las evidencias en tal sentido, Pablo Longueira, que era su jefe directo y La Moneda no reaccionaron, defendiendo al director del organismo estadístico, Francisco Labbé, hasta que Mariana Alcérreca afirmó en entrevista a Ciper que “en el Censo 2012 sí hubo manipulación” (27/04/13). Su situación se hizo insostenible, regresando apresuradamente desde Pucón, en donde participaba en la XII Conferencia Estadísticas de las Américas, para presentar su renuncia, que le fue inmediatamente aceptada. Fue una renuncia voluntaria entre comillas. Su permanencia en el cargo era ya imposible, tendría un costo político aún más elevado.
Pocos días antes, Longueira había declarado: “Tenemos un INE fuerte, serio, que se está poniendo a la vanguardia respecto de sus pares internacionales” (22/04/13). Ello cuando varios estudios demostraban con datos irrefutables los errores existentes en las cifras de inflación, indicador que tiene una incidencia determinante en el cálculo de muchas variables, por ejemplo en las tasas de interés reales de política monetaria, en el cálculo de la UF y la UTM, así como en transformar valores nominales en reales y en numerosos contratos. Al ser nominado candidato presidencial por la UDI, buscando eludir su responsabilidad en los errores y manejos cometidos en la institución de gran importancia nacional que dirigía, Longueira enfatizó que “su papel se redujo a garantizar la plena autonomía e independencia del INE. No ha recibido el INE –recalcó- una sola instrucción de parte de este ministro, y no ocurriría nunca, porque creo en las instituciones” (30/04/13). En otras palabras no responde por organismos bajo su dirección, descargando las críticas y los errores cometidos en mandos inferiores.
Longueira, señaló Jaime Quintana, presidente del PPD, era “el responsable directo del INE, el presidió la comisión censal que en agosto de 2012 decía que aquí se estaba haciendo un esfuerzo logístico sin precedentes en la historia” (30/04/13). La senadora DC Ximena Rincón, manifestó que el 18 de abril advirtió a Pablo Longueira de las irregularidades en el organismo estadístico. “Le pedí –añadió- que se juntara con la subdirectora Ortúzar y que ella le iba a entregar todos los antecedentes de lo que estaba ocurriendo en el INE, (…) que no era un tema menor, que era un tema técnico y grave, y que si no se tomaban medidas en forma urgente iba a escalar” (01/05/13). Longueira nada hizo, declarando estallado el escándalo que de la situación producida se había enterado por la prensa.
Las repercusiones internacionales de lo sucedido con el Censo 2012 y las críticas a las cifras de inflación fueron inmediatas. Financial Times aseguró que ambos hechos han “dañado la credibilidad del país”. Por su parte, The Economist, luego de recordar los cuestionamientos a las cifras de pobreza de la Casen 2011, afirmó que “las implicancias son enormes” y que “la credibilidad del INE ha quedado en entredicho” (02/05/13).
En el libro destacamos la importancia de la minería y particularmente del metal rojo en la economía nacional. “Esta realidad –señalamos- exige la existencia de una política nacional para el cobre y otros recursos mineros, reteniéndose para el país, a lo menos, un porcentaje de los excedentes que se generen para que sirvan de pilar a una estrategia de desarrollo. Mientras no se avance en esa dirección, grandes beneficiarios de la explotación (…) seguirán siendo un grupo reducido de poderosos consorcios privados”. “Me sorprende –comentó Ricardo Haussman, académico de la Universidad de Harvard- que un país con una tradición minera tan larga no tenga empresas de talla global en el sector, ni de geología, materiales y equipo, ingeniería, estudios ambientales, etc. Chile se vanagloria –agregó- de tener empresas como Censosud, Falabella y a las AFP invirtiendo en el exterior, (…) pero no genera empleos a los chilenos. En Chile (…) tampoco será fabricante importante de ningún tipo de maquinaria” (22/05/13).
No existe una política oficial para la principal riqueza natural del país y en los tres meses transcurridos desde el cierre de nuestro libro aparecen numerosos ejemplos de ello. En mayo, después de quince meses de gestiones se produjo la fusión de Glencore –que fuese en sus inicios una empresa de corretajes de commodities- con el consorcio minero anglosuizo Xstrata. Los dos últimos obstáculos que se enfrentaban fueron superados durante abril, primero cuando las autoridades chinas la autorizaron y luego cuando dio su aprobación el Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra y del País de Gales. Fue un acuerdo cifrado en US$70.000 millones, dando nacimiento a Glencore Xstrata PLC.
La fusión originó una empresa inédita en el sector minero entre una sociedad, que es el mayor comercializador de commodities listado en bolsa, con una poderosa red de ventas, formada por aproximadamente 8.000 abastecedores y cincuenta y cuatro oficinas en todo el mundo, incluyendo Chile, que cuenta con instalaciones portuarias propias y una flota de barcos, y Xstrata consorcio minero cuyos activos en un 70% corresponden a dos commodities: carbón y cobre. Ambas empresas participantes en la fusión tienen como domicilio el paraíso fiscal del cantón suizo de Zug.
Xstrata cuenta con explotaciones en el país. La más importante es Doña Inés de Collahuasi, donde tiene la mayoría accionaria en conjunto con el consorcio minero anglosudafricano Anglo American. Posee además Lomas Bayas y la Fundición Alto Norte. En Collahuasi debe definirse aún la concreción de su fase III, que según comunicó en el presente mes su presidente ejecutivo a la SVS “se ralentizó (…) y continúa en etapa de prefactibilidad hasta la recuperación de la estabilidad operacional”. En espera de una resolución se encuentra también el proyecto binacional El Pachón de Xstrata, con una inversión estimada de US$4.100 millones. A mediados del año pasado se debía presentar un estudio de impacto ambiental, lo que no se hizo esperando que el nuevo directorio del consorcio fusionado defina las prioridades de inversión. Por tanto, las decisiones a adoptar por Glencore Xstrata inciden directamente en los niveles de inversión y producción en el país. El gobierno solo se dedicó a constatar la fusión. Una vez más se traspasó en el exterior entre privados empresas poseedoras de yacimientos que contienen recursos naturales propiedad de los chilenos sin que se escuchase pronunciamientos del Estado sobre la operación, solo tomándose nota del paso dado.
A su turno, el cuestionado proyecto binacional Pascua Lama, del consorcio aurífero canadiense Barrick Gold, se encuentra paralizado. Los movimientos de tierras desde octubre del año pasado, por resolución de Sernageomin, debido a que ponían en riesgo la salud de los trabajadores a causa de la polución, y el proceso de construcción desde abril luego de una resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó acogiendo una demanda efectuada por la comunidad diaguita denunciando los problemas medioambientales provocados y los serios daños producidos en los glaciares Esperanza y Toro 1 y 2, y por contaminar las aguas de la zona.
En la semana pasada, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que le efectuó 23 cargos por manejos de agua, los cuales solo con la excepción de uno fueron admitidos por la empresa canadiense, después de una investigación de cuatro meses, le aplicó una multa de $8.000 millones y acordó la paralización transitoria de las obras mientras no se adopten las medidas que permitan llevar adelante la iniciativa en forma sustentable.
El superintendente de Medio Ambiente (s), Juan Carlos Monckeberg, al dar a conocer la resolución, informó que “constataron un daño ambiental irreparable”, en el desarrollo del proyecto, en una extensión cercana a media hectárea, como consecuencia de un alud que se produjo a consecuencia de la falta de infraestructura exigida en la RCA la cual “obligaba –detalló- (…) a construir una serie de otras que debieran estar implementadas en forma previa a las faenas de excavación” (25/05/13). ¿Es suficiente una multa que, como calculó Greenpreace, equivale a solo el 0,2% del costo total del proyecto, y esperar que cumpla con compromisos asumidos en un proyecto en ejecución desde el año 2007, para seguir adelante? La conclusión es claramente que no.
Para el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, constituiría una demostración de que la normativa ambiental funciona en buena forma. ¿Será así cuando se constata de la existencia de daños irreparables que no debieron haberse producido? La aprobación ambiental fue obtenida el año 2006 quedando en evidencia la debilidad de la fiscalización desde entonces.
¿La conducta de Barrick Gold en Pascua Lama puede quedar impune? ¿Queda resuelta con los proyectos de mitigación que propuso? En verdad constituye otro capítulo de la aberrante explotación de recursos naturales producido en el país y que debería servir de ejemplo para impulsar una política en su defensa y uso a partir del interés nacional. No se puede permanecer sin reaccionar frente a los atentados cometidos por un consorcio que divulga sus folletos con la frase “Minería responsable”. La ejecución del proyecto Pascua Lama revela ampliamente su irresponsabilidad y los daños que provoca. No constituye en su historial un acontecimiento aislado. “(…) el Council on Ethics (Consejo de Etica) de los Fondos de Pensiones de Noruega –relata el escritor argentino Miguel Bonasso- dirigió una Recommendation inapelable al Ministerio de Finanzas de su país, para que se excluyera de la cartera de inversiones a la Barrick Gold, por el daño irreparable causado al medio ambiente con su mina de Porgera, en Papúa Nueva Guinea. El extenso informe –agregó- (…) destaca que los desechos tóxicos de la mina se han venido descargando en el río Stirckland, desde el comienzo de las operaciones en 1990 (…)”
“¿Cómo –se preguntó un reportaje de El Mercurio –la mayor minera de oro del mundo, que opera en mercados altamente regulados como Estados Unidos, Canadá y Australia, se convierte en la empresa con más multas ambientales de la historia de Chile?” (26/05/13). Para Peter Munk, fundador y presidente del directorio de Barrick, se trata de un hecho “imprevisto”, que desde que se produjo, “el enfoque principal de la compañía a todos los niveles se ha dirigido a asegurar que este proyecto cumpla con el (…) programa estimado” (26/05/13).
La situación financiera del consorcio canadiense de otra parte es complicada. La calificadora de riesgos Standard & Poor’s redujo su puntuación a BBB, su segundo grado de inversión más bajo. Con anterioridad la calificadora Moody`s igualmente había efectuado una disminución de su ranking. En el curso de abril, un informe de Royal Bank of Scotland señaló que de caer la cotización del oro por debajo de los US$1.200 la onza, Barrick se enfrentaría a una “elevada probabilidad” de que su calificación fuese rebajada a “bono basura”. Sus seguros de riesgos (CDS) ya se negocian en los hechos a nivel especulativo. Para financiarse, Barrick colocó títulos de deuda a diez años por un monto de US$1.500 millones a fines de abril. Fue transado, en comparación a empresas similares con igual calificación de créditos, con un diferencial más alto de 37 puntos base.
En la conducta del Gobierno, como ya se demostró en el negativo acuerdo para el país –ampliamente relatado en el libro- alcanzado entre Codelco con Anglo American, luego de que la empresa anglosudafricana rechazó arbitrariamente la opción de compra de un 49% del yacimiento los Bronces y cedió posteriormente un porcentaje de propiedad a la nipona Mitsui, no está presente la defensa de la riquezas pertenecientes al país. Chile requiere de una política nacional para el cobre y otros recursos mineros, que tenga como uno de sus componentes el desarrollo de Codelco, con una orientación distinta a la seguida por su directorio corporativo actual.
Quedan apenas treinta días para las primarias y seis meses hasta las elecciones presidenciales, sin que temas como los planteados hayan estado, en lo fundamental, en el debate. Es un hecho negativo dado que las transformaciones requeridas por el país pasan por que sean hechas suyas por muy amplios sectores, con vistas a construir una alianza amplia para hacerlas factibles. Materializar estos objetivos reclama precisar las vías para lograrlo y crear conciencia y movilización ciudadana tras su consecución. El estudio de los académicos de la Universidad de Chile mencionada al comienzo de nuestra intervención lleva a la conclusión que la alianza a construir puede ser muy amplia. La beneficiada con el modelo vigente es una minoría, pero muy poderosa. Los frutos no se los puede seguir como hasta ahora apoderando mayoritariamente el 1%, 0,1% y 0,01% de los más ricos. Es una concentración del ingreso desproporcionado por cualquier parámetro que se mida.
Mientras tanto, la derecha centra sus esfuerzos en la defensa del modelo. La UDI nominó como su carta presidencial a Pablo Longueira, dejando de lado a Laurence Golborne, que más allá de los hechos concretos que condujeron a esta determinación, evidenció su debilidad política y por tanto, no ser el portavoz adecuado para defenderlo, rearmó su cartilla de candidatos a parlamentarios tratando de mantener el quórum que permite detener propuestas democratizadoras en el Parlamento, mientras en el empresarial Centro de Estudios Públicos, encabezado por Eliodoro Matte, se remueve a su director considerado demasiado “liberal” y en consecuencia no la persona adecuada para la defensa irrestricta del modelo. Superarlo, llevarlo adelante transformaciones como las indicadas, constituye un gran desafío.
Mayo 2013
HUGO FAZIO
[1] Stephen Roach, Que viva la desaceleración de China, 27/05/13
[2] Le Monde Diplomatique, 5/13.
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