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Tanto el CAE como el nuevo Sistema Integrado Financiamiento Solidario (SIFS) propuesto por el gobierno, que es aún peor porque se cobra con cada liquidación de remuneraciones, significan cargar una parte significativa del costo educacional sobre los salarios de futuros profesionales calificados, mediante un impuesto encubierto de discutible constitucionalidad porque nunca ha sido aprobado como tal por el parlamento, que es injusto porque se aplica sólo a algunos, e ineficiente porque recarga la mano de obra calificada. Constituye un abuso inmoral puesto que contraviene el contrato social secular que obliga a las élites a financiar íntegramente los "asuntos del espíritu", que incluyendo la educación, con cargo al excedente que se apropian. El costo total de la educación debe ser financiado por las empresas con cargo a sus ganancias, no por los trabajadores calificados.
La condonación de deudas estudiantiles y el avance inmediato a la gratuidad para dos tercios de la población estudiantil de educación superior, que cubren alrededor de nueve deciles de ingreso familiar incluyendo a todos los deudores actuales y prospectivos del CAE y SIFS, resulta posible traspasando hacia gratuidad los actuales recursos fiscales destinados a créditos y becas en cada presupuesto presentado; y destinando parte del incremento vegetativo del mismo a reembolsar los aportes netos de la banca al CAE, para condonar las deudas.
El CAE ha sido el principal instrumento de privatización de la educación superior chilena, canalizando hacia el subsidio a la demanda casi la mitad de todo el importante aumento del presupuesto fiscal respectivo presentado cada año a partir del 2006, alcanzando al 38,5 por ciento del presentado al parlamento el 2017 y beneficiando un pequeño grupo de "sostenedores" educacionales privados, algunos de dudosa calidad que lucran ilegalmente.
Por otra parte, si esa gratuidad se ejerce como financiamiento estable a las instituciones, dotando al sistema de regulación estricta y favoreciendo el aumento de matrícula en las IES públicas, se terminaría con la causa principal de la crisis del sistema educacional, la que ha sido generada principalmente por la mercantilización forzada del mismo.
Deben revisarse asimismo los sistemas de acceso a la educación pública de calidad, que actualmente dejan fuera del mismo a la mitad de los postulantes, ofreciendo un nuevo trato a todos los actores, basado exclusivamente en la entrega directa de recursos públicos a las instituciones, las que al contar con un presupuesto estable pueden a su vez ofrecer a sus académicos y funcionarios condiciones laborales estables, lo que constituye el requisito principal de una educación de calidad.
El total de créditos CAE cursados entre 2006 y 2017 en moneda del último año suman un capital 4,7 billones de pesos, de los cuales, el fisco ha aportado más de 2,8 billones que equivalen al 61 por ciento, en forma de recompra de créditos por 2,2 billones con un sobreprecio denominado "recarga" de 0,6 billones. Los bancos han aportado un financiamiento neto de 1,9 billones de pesos, un 39 por ciento del total cursado, avalados por las instituciones y el fisco.
Cabe mencionar que los montos indicados en el gráfico anterior corresponden al presupuesto ejecutado, que es significativamente menor al monto considerado en los presupuestos presentado cada año. Los años 2015, 2016 y 2017 se dejó sin ejecutar un quinto, un tercio y un 40 por ciento de las partidas CAE en los presupuestos presentados y aprobados por el parlamento.
Se aprecia que el CAE alcanza su máximo de 94 mil créditos cursados por un total de 614 mil millones de peses el año 2015, para luego reducirse sucesivamente gracias a la política de gratuidad por glosa introducida por la Presidenta Bachelet a partir del 2016. Sin embargo, el desembolso público en recompra y recarga se mantiene sin cambios significativos los últimos tres años, disminuyendo fuertemente el aporte neto de los bancos.
Casi dos tercios del CAE cursado desde 2006 a 2017 fue embolsado por cinco "sostenedores" privados, tres tienen dudosa calidad y han sido investigados por lucro ilegal.
El principal "sostenedor" beneficiario del CAE se embolsó desde el 2006 al 2017 un total de 842.783 millones de pesos en moneda del último año (unos 1.200 millones de dólares), casi un quinto del total cursado. Se trata del grupo privado internacional con fines de lucro Laureate, cuya actual cabeza en Chile era Directora de Educación Superior cuando se creó el CAE y es destacada militante del partido político al que pertenecen quienes han encabezado los ministerios de Hacienda y Educación a lo largo de buena parte de este período. Otros dos de los cinco principales "sostenedores" beneficiados, la Iglesia Católica y la Universidad San Sebastián, son encabezados por personas cercanas a otro de los partidos al que han pertenecido las autoridades gubernamentales parlamentarios que fueron más activos en la creación y defensa del CAE.
La precaria condición laboral de los actuales deudores de créditos estudiantiles ha resultado en que la Tesorería General de la República ha recuperado sólo un 1,9 por ciento de los 522.203 millones de pesos en retenciones de impuestos solicitadas por la Comisión Ingresa entre los años 2012 y 2018, que corresponden a los deudores de créditos universitarios que tienen cuotas morosas. El año 2018 se solicitó retener 168.880 millones de pesos a 124.597 deudores morosos, que representan un 43 por ciento de los deudores activos en ese momento; sólo se recuperaron 2.777 millones de pesos, es decir un 1,4 por ciento de lo solicitado.
Esto cambiaría con el nuevo "sistema de financiamiento solidario" (SIFS) propuesto por el actual gobierno, puesto que los cobros se descontarían directamente de la planilla de remuneraciones, lo que resultaría aún más oneroso para los deudores.