Análisis microsocial del sistema de pensiones chileno

El nivel microsocial en la relación entre ciencias sociales y políticas públicas

Una aplicación al sistema de pensiones chileno[1]

Aldo Madariaga E. y Nicolás Pérez M.

RESUMEN

El desarrollo de políticas públicas necesita del conocimiento científico al momento de diseñar programas y mecanismos específicos. Uno de esos conocimientos de particular importancia es aquel que proviene de las ciencias sociales y tiene que ver con el nivel microsocial, esto es, aquel que se preocupa por la acción social y que en el contexto de las políticas públicas permite anticipar cómo van a actuar los beneficiarios de estas políticas ante los estímulos que representan las prestaciones ofrecidas por mecanismos de protección social. Por largos años la explicación de dichas conductas ha estado a cargo de la economía neoclásica que ha propuesto un modelo de racionalidad medios-fines y la búsqueda de motivos interesados como fundamento para el establecimiento de incentivos y gratificaciones. La sociología ha ofrecido históricamente una respuesta opuesta, centrando su explicación en las estructuras sociales y la sobredeterminación que estas ejercen sobre las conductas individuales. En el contexto de sociedades complejas y globalizadas debe entenderse que ambos modelos sólo explican parcialmente lo que ocurre en la realidad, lo que lleva a la ineficacia de las políticas sociales que estos modelos ayudan a diseñar. En atención a algunos desarrollos recientes en teoría social que intentan incorporar explicaciones provenientes de diversas disciplinas, se debe entender a los agentes como dotados de una capacidad limitada para procesar información. La eficacia en la coordinación de las interpretaciones resultantes de dicho procesamiento y las acciones en que se traducen, se basa, por otro lado, en la existencia de múltiples mecanismos de coordinación. Por último se ofrece una aplicación de este marco conceptual para explicar el efecto de los comportamientos individuales en el desempeño del sistema de pensiones chileno.

Palabras clave: sistema de pensiones chileno, comportamientos individuales, desempeño, protección social, políticas públicas

ABSTRACT

Public policy development needs scientific knowledge at the moment of designing specific programs and mechanisms. An important kind is the one that comes from social sciences and deals wtih microsocial level, that is, knowledge that cares about social action which, in a social policy context, allows to anticipate how people who benefit from different social protection mechanisms reacts to the stimulus they represent. For many years explanations about this behavior have been in charge of neoclassical economics. This stream of economic thought has offered as fundamentals for designing incentives and benefits, a social action analysis model based on a means/goals rationality and the search for self-interested motivations. Sociology, on the opposite side, has focused its explanation on social structures and their prevailing influence on individual behavior. In a context of complex and globalized societies it must be understood that both models only explain a little part of what happens in real life. This should be assessed as a main reason for lacking efficacy of policies thus designed. Following recent developments in social theory that try to incorporate explanations coming from different disciplines, we should stand for an understanding of social agents as coping with a limited information processing capacity. On the other hand, efficacy in coordinating interpretations following this information processing and actions in which they take part, is based in the existence of multiple coordination mechanisms. Finally, an application of this theoric frame is offered to explain the effects of individual behavior in chilean pension system performance.

Keywords: chilean pension system, individual behavior, performance, social protection, public policy

I

El problema de la protección social y su vinculación con las ciencias sociales y la sociología

La crisis de las formas de integración social y de los sistemas de protección social sostenidos por los Estado del Bienestar constituyen hoy en día uno de los problemas sociales de mayor urgencia tanto en el mundo desarrollado como en países en desarrollo. Esto se evidencia con particular intensidad en sociedades como la chilena en que las nuevas dinámicas sociales generadas por la profundización del proceso de globalización, la caída del paradigma de organización social de la “modernidad organizada” (Wagner, 1997) y la irrupción de la diferenciación funcional como imperativo sistémico han venido a mezclarse con procesos de modernización incompletos y en muchos casos disfuncionales típicos del capitalismo periférico. Viejas y nuevas formas de exclusión social generan conjuntamente una situación que tensa y desborda los límites de la política bajo la forma de crecientes demandas sociales que suponen de alguna manera directa o indirecta, una apelación al sistema científico bajo la forma de demandas por conocimiento válido.

La articulación entre el conocimiento científico y las políticas públicas, sin embargo, ha carecido de la atención necesaria, lo que ha repercutido en la falta de reflexión en torno a ello y el debilitamiento del vínculo entre ambos. Este escenario se ve agudizado por dos situaciones relacionadas entre sí:

· Las políticas sociales y los mecanismos de protección social en general, y aquellas referidas a los sistemas de pensiones en particular, que han sido reformadas para adecuarse al escenario societal surgido del derrumbe del fordismo se han basado frecuentemente en modelos teóricos fuertemente restrictivos sobre el funcionamiento de la sociedad y la forma de comportarse de las personas. Esto ha repercutido en un sistemático fracaso de las políticas públicas, herramienta privilegiada de intervención de la sociedad sobre sí misma gracias a la acción dirigida desde un centro de toma de decisiones vinculantes como era el sistema político. Esto ha traído una pérdida de legitimidad de la intervención estatal, que se traduce como una pérdida de validez del conocimiento científico como sustento de esta.

· En tanto que ciencia social fuertemente asociada a la comprensión de estos fenómenos, la sociología no ha sido capaz de convertir adecuadamente esta relación entre política y conocimiento en un objeto sociológico. Si bien los problemas sociales son analizados en tanto que tales, no lo ha sido adecuadamente la necesidad/posibilidad de nutrir a la política social de observaciones y/o comprensiones que permitan afinar el diseño y análisis de políticas. La comunicación entre ambos sistemas se debilita en la medida en que cada una, política y ciencia, se cierran sobre sus propios códigos.

La problemática aquí presentada supone un reto particularmente importante para las ciencias sociales en cuanto respecta a la autocomprensión de la sociedad y su capacidad de proveer insumos pertinentes al sistema político. El presente artículo se inscribe de lleno en esta problemática, particularmente en el primer reto mencionado. Como propone Luhmann, “cuando ni el concepto de individuo ni el de clase social a él referido son capaces de dar cuenta de las consecuencias que tiene para la sociedad el confiar la inclusión social a la regulación autónoma de los sistemas funcionales, se hace preciso buscar otros instrumentos descriptivos” (Luhmann, 1998: 172). Reconocer el déficit, tanto a nivel teórico que permita formas de observación de los fenómenos mencionados que tengan mayores rendimientos para la comprensión, como a nivel práctico que permita indagar en la posibilidad de intervenir sobre ellos, es un paso para recomponer esta relación entre conocimiento científico y políticas públicas que se ha vuelto tan esquiva.

Para las ciencias sociales el problema del colapso del Estado Benefactor y su efecto sobre los sistemas de protección social puede abordarse desde dos niveles, uno macro y otro micro.

En el nivel macro, las ciencias sociales se han visto eclipsadas por la preponderancia de una rama de la economía encargada del análisis financiero, lo que ha repercutido en que en la comprensión de los problemas de la protección social se haya puesto un énfasis desmedido en dos aspectos: el cambio demográfico y especialmente los costos fiscales. En el caso de los sistemas de pensiones, para ponerlos como un caso paradigmático, el envejecimiento de la población y los problemas de financiamiento han sido sancionados como los responsables del fracaso de los sistemas estatales y esgrimidos en favor de las reformas privatizadoras tanto en el mundo industrializado como en su periferia[2]. Contrario a esta posición, diremos que el problema de la protección social hoy no está ni exclusiva ni principalmente relacionado con la magnitud de los recursos disponibles para encarar la nueva cuestión social, para usar las palabras de Robert Castel (2006). El problema de la protección social va más allá de los mismos mecanismos especializados organizados para su provisión. Este se aloja en el corazón mismo de las dinámicas que estructuran la sociedad, esto es, debe entenderse esencialmente como un problema de las formas de integración que hace posible la evolución de las sociedades a través de la diferenciación social.

En el nivel micro la problemática tiene que ver esencialmente con los modelos teóricos sobre el comportamiento de las personas que guían el diseño de mecanismos de protección social, desde los mecanismos de seguro hasta los programas de asistencia. Desde hace ya algún tiempo el modelo de comportamiento que ha operado en la base de los mecanismos de protección social ha estado relegado a unos cuantos supuestos sumamente restrictivos sobre elementos como la racionalidad de la acción y sus motivos, y sobre los ámbitos de evaluación de estos mecanismos, ligados a lo que se ha denominado el “paradigma de mercado”[3]. Este paradigma se ha desarrollado principalmente a partir de los aportes de la economía neoclásica que elabora una explicación del orden social (entendido como orden económico) basada en la idea de que la competencia entre individuos libres de toda sujeción normativamente orientada es suficiente por sí sola para generar cooperación y coordinación si existe un mecanismo como el mercado que coordine sus acciones individuales. Así concebido, el “paradigma de mercado” tiene como principal efecto sobre el ámbito de la investigación social el hecho de establecer una preferencia sistemática por considerar como no relevantes a las instituciones al momento de explicar la conducta humana, lo que permite prescindir de las complejas diferencias históricas y culturales en el análisis social, simplificándolo y reduciéndolo a un puñado de variables modelizables bajo la forma de funciones matemáticas.

II

La problemática del nivel microsocial

Entendemos los mecanismos de protección social a partir de su carácter institucional. Esto significa comprenderlos como la cristalización de una estructura de expectativas en torno a una forma persona que permite coordinar las probabilidades de inclusión social que ofrece una serie de subsistemas funcionales y medios. El carácter operativo de la definición ofrecida no debe esconder, sin embargo, el nivel individual del operar de los mecanismos de protección social, aspecto fundamental si se quiere comprender su desempeño especialmente en el contexto actual.

La forma de comportarse de los agentes sociales, de conocer, de guiarse y de tomar decisiones por las disposiciones contenidas en instituciones formales e informales (reglas, normas, costumbres, leyes, etc.) incide en la capacidad de dichas instituciones para coordinar sus acciones y generar resultados individuales y colectivos. Este supuesto se encuentra en la base de la observación del nivel microsocial y expone las razones de su necesidad: las expectativas de re-inclusión ofrecidas por los mecanismos de protección social constituyen probabilidades comunicativas en tanto deben ser procesadas por individuos. La forma de procesamiento de la información, por tanto, y las decisiones tomadas en función de ello son elementos determinantes del funcionamiento de los mecanismos de protección social. Por otro lado, en cuanto se reconoce la necesidad de los mecanismos de protección social de coordinar las prestaciones de sistemas funcionales con las respuestas individuales emerge la cuestión de los modelos de acción que estos mecanismos incluyen para probabilizar sus efectos en términos de inclusión. El diseño institucional de los mecanismos de protección social debe, de este modo, incluir modelos probables respecto de la forma en que los individuos actuarán con las probabilidades de inclusión social ofrecidas. Consiguientemente, mientras más se deje la regulación de estos mecanismos a los procesamientos individuales, como resulta crecientemente en la actualidad, más relevante se hace la observación del nivel microsocial en relación al macrosocial para efectos de su desempeño.

La observación del operar de los mecanismos de protección social en un nivel micro requiere generar distinciones para dos ámbitos: 1) el de cómo actúan los agentes sociales mediante referencias institucionalizadas que se les presentan como “pautas de acción”, y 2) el de cómo los mecanismos de protección social resuelven la coordinación de acciones individuales a partir de la incorporación de modelos de acción y agentes típicos.[4]

1. Teorías poco adecuadas: la lógica de la reproducción

Parsons describe como el acto de sociabilidad más elemental aquel en que dos agentes originalmente desconocidos –dos cajas negras- deben entrar en una situación de interacción para satisfacer necesidades o realizar intereses u objetivos: el unit act. La dinámica social inscripta en este acto de intercambio social básico ha venido a entenderse como “el problema del orden social”, es decir, del cómo enlazar sentidos atribuidos subjetivamente con acciones que tienen efectos colectivos, y su desciframiento ha constituido el punto de partida de las ciencias sociales modernas, desde sus orígenes en la filosofía política de los siglos XVI y XVII hasta las reflexiones más contemporáneas de ciencias como la economía y la sociología. Estas últimas, desde posiciones distintas, han intentado dar cuenta de este problema explicitando un modelo de orden social generalizante, donde se describe a los actores sociales y sus motivaciones (la acción), las formas de vinculación o agregación de dichas voluntades individuales (su coordinación), y los efectos colectivos resultantes que se dan en la forma de una institucionalización de pautas de acción.[5] Desde sus soluciones clásicas en Smith y Durkheim, economía y sociología han ofrecido modelos típicos que, aun cuando considerados opuestos, tienden a asemejarse respecto de las posibilidades abiertas a los agentes frente a las pautas de reproducción social, y la existencia de un único mecanismo de coordinación social (Granovetter, 1985; Favereau, 2005). En este contexto, y siguiendo a Bessis (2006), hablamos de reproducción cuando “el resultado de una regularidad deja de poner a disposición sus condiciones de aparición” (2006: 113)[6], de modo que “[s]i sus condiciones son bien (re)producidas por las prácticas, la lógica de la reproducción ya no necesitará de las representaciones” (íbid, 114).[7] Ello significa, en un plano analítico, prescindir de la pregunta por las condiciones de emergencia del orden y asumirlo como dado.

A partir de la consolidación del análisis neoclásico como corriente dominante en la economía, esta se ha caracterizado por ofrecer una explicación del comportamiento humano basado en el modelo del actor racional. El supuesto de racionalidad instrumental (paramétrica; sustantiva)[8], define la forma de actuar de un agente cuya motivación es la maximización de un tipo particular de preferencias: las utilidades[9]. Esto plantea una ética específica basada en la imputación de un criterio de eficiencia técnica[10] a la consecución de objetivos en un escenario social del cual se conoce toda la información relevante. Las necesidades u objetivos, entendidos como utilidad, no variarían en el tiempo, se encontrarían jerarquizados y sería posible además expresarlos como una relación de costo/beneficio a partir de una función matemática que representa su ordenamiento en base a determinadas tasas de cambio. El mercado, por su parte, permitiría coordinar estas acciones individuales descentralizadas a partir de la formación de una única referencia o parámetro: el precio. Al respecto, Gary Becker, eximio representante de la corriente neoclásica postula: “[l]os precios y otros instrumentos de mercado distribuyen los escasos recursos al interior de una sociedad y de ese modo enmarcan los deseos de los agentes y coordinan sus acciones”[11]. Así entendido, el enfoque económico sería un modelo de observación comprehensivo, aplicable no sólo a las acciones económicamente orientadas sino a todo tipo de acción y de decisiones, de cualquier agente y en cualquier lugar[12].

La sociología por su parte, especialmente desde las corrientes estructuralista y funcionalista, ha ofrecido una explicación que subraya el peso de las estructuras sobre las conductas individuales.[13] Esto es, la determinación que produce un universo normativo común sobre las decisiones de los agentes individuales en los distintos ámbitos de acción. Véase al respecto la solución clásica que da Parsons aludiendo a la existencia de un sistema normativo compartido que permite ajustar las expectativas recíprocas a un sistema de rol. Similar resulta la propuesta habermasiana a partir del concepto de mundo de la vida como trasfondo normativo que permite generar un consenso gracias a que los agentes se encuentran dotados de una “racionalidad comunicativa”. En el caso del estructuralismo de origen marxista, este universo normativo se asienta en una base socioeconómica que explica el fundamento clasista de la acción social.

A pesar de sus evidentes diferencias epistemológicas, metodológicas e incluso éticas, los dos modelos derivan en una concepción de la acción y la toma de decisiones como llevadas a cabo por actores atomizados (Granovetter, 1985): unas debido a la búsqueda utilitarista del propio interés; las otras, por la importancia de la internalización de pautas de comportamiento. Ambos modelos supondrían, en este sentido, una “perfecta adecuación de los esquemas de comportamiento individuales a la fabricación del orden colectivo” (Favereau, 2005: 326). La atomización de la toma de decisiones lleva a centrar la atención no en las decisiones mismas sino en el entorno social en que estas se llevan a cabo, esto es, en las instituciones que les sirven de referencia, pero de un modo radical: ya sea mediante un cálculo de optimización o a partir de la identificación de las variables que determinan la posición de una persona en la estructura social, el componente individual se asume como constante, es decir, el comportamiento de las personas frente a determinadas referencias para la acción se torna automáticamente previsible. En el caso de los mecanismos de protección social esto querría decir que su desempeño no depende en estricto rigor del comportamiento de los agentes que acceden a las probabilidades de inclusión contenidas en ellos, sino en última instancia, de las decisiones tomadas por quienes elaboran las políticas: en virtud de la previsibilidad a toda prueba de los comportamientos individuales se diseña un conjunto óptimo de arreglos institucionales que permite generar los resultados esperados en materia de inclusión social.[14]

Estos dos modelos nos parecen insuficientes desde el punto de vista de la comprensión de cómo los agentes sociales toman decisiones y los plexos de sentido mediante los cuales enlazan sus acciones. Como propone Hopenhayn: “A los ojos del observador compenetrado resultan cada vez menos convincentes las explicaciones totalizadoras que remiten un universo de fenómenos o de comportamientos a una matriz única” (2004: 243). Ambos modelos, de hecho, deben recurrir con frecuencia a explicaciones ad hoc para dar cuenta de los casos “desviados”. Un ejemplo de ello desde la corriente neoclásica puede apreciarse en la incorporación del análisis de aquellas situaciones alejadas de la optimización: información imperfecta, costos de transacción, etc. En el caso de quienes diseñan mecanismos de protección social existe una creciente preocupación por develar estas situaciones que parecen quebrar los modelos restrictivos con que estos mecanismos operan. De ahí que, por ejemplo, desde la economía se haya acuñado conceptos como el de “miopía” para dar cuenta de la falta de interés de las personas jóvenes respecto de su previsión o se tenga cada vez más conciencia de la dificultad de tomar decisiones óptimas dada la complejidad de las referencias disponibles, llámese tasas de interés, mercados financieros, rentabilidad, y a la falta de información.[15]

En oposición a esto, nos parece que las distinciones propuestas para el nivel microsocial deben permitir implicar de manera conjunta:

- La existencia de orientaciones múltiples que sirven de guía para las acciones: resulta interesante imaginar a los individuos como dotados de una racionalidad limitada –si es que puede hablarse de racionalidad- lo que significaría que las decisiones son más bien el reflejo de complejos procesos de construcción de creencias/referencias y recogida de información que sustentan las decisiones razonables de los agentes (Simon, 1982; Favereau, 1989 ; Bessis, 2006).

- La posibilidad de coordinar las acciones a través de mecanismos diversos: las instituciones parecen poner a disposición una pluralidad de formas de coordinación acuerdo para enlazar las acciones, que remiten a mecanismos de coordinación con eficacias diversas (Boltanski y Thévenot, 1991; Hollingsworth y Boyer, 1997)

2. Racionalidad limitada y mecanismos de coordinación múltiples

Para mejorar nuestra comprensión de las relaciones sociales en que se sustentan las dinámicas de protección social debemos entonces reformular los modelos anteriormente presentados respecto de 1) la formación de creencias que sirven para la toma de decisiones, y 2) los mecanismos institucionalizados que permiten la agregación de las decisiones individuales.

Para abordar el primer término, introducimos el concepto de racionalidad limitada elaborado por Herbert Simon en el contexto de la teoría organizacional (Simon, 1982).[16] Adoptar un supuesto de racionalidad limitada significa incorporar una serie de restricciones a la capacidad de optimización de los agentes a partir nociones como:

- Riesgo e incertidumbre: denotan la incapacidad de anticipar las consecuencias de las propias acciones, mucho menos hacerse cargo de las determinaciones que las acciones de otros agentes generan sobre las propias.

- Información incompleta: implica un reconocimiento de la incapacidad de los agentes de conocer todas las alternativas de acción posibles en cada momento.

- Complejidad: refiere a un atributo del ambiente (dimensión ontológica) que se expresa en la imposibilidad de su aprehensión objetiva (dimensión epistemológica), lo que pone en cuestión la posibilidad misma de tomar decisiones óptimas (Dequech, 2001).

Simon (1982) propone el concepto de “satisfacción” (satisficing) como opuesto a los de maximización u optimización, lo que implica asumir que los agentes sondean un número más bien pequeño de opciones estableciendo “umbrales de satisfacción” que son ajustados de manera dinámica a la realidad sobre la base de la información disponible y las posibilidades que ofrece el contexto. El carácter procedimental de la racionalidad limitada se expresa en la dependencia de las decisiones respecto del proceso que las genera, esto es, la acumulación de información de varios tipos y fuentes, y la formación de creencias a partir del procesamiento de esta información en distintas formas de manera de obtener un curso de acción, entendido ya no como racional sino como razonable (Simon, 1982).[17]

¿Cómo es que se regula, sin embargo, la coordinación de las acciones de agentes que operan como black boxes (Luhmann, 1998) unos para otros, y que generan sus propias expectativas en una relación dinámica con los condicionamientos del contexto? Como propone Favereau (1989), a menos que exista una referencia que sirva de base al conocimiento común que los agentes aportan a la situación, recurrir a una definición estratégica, esto es, a la anticipación de la acción del otro y la interpretación de sus intereses, generaría una regresión infinita: “yo sé que tu sabes que yo sé...”. Para superar este problema diversos autores destacan la capacidad de los propios actores sociales de generar referencias para sus cursos de acción (Dequech, 2001; Favereau, 1989; Thévenot, 1989). Los agentes diseñarían, según esto, reglas convencionales para fijar expectativas de comportamiento recíprocas que canalizarían las anticipaciones e interpretación de acciones en un determinado espacio social.[18] A diferencia de lo que ocurre bajo una lógica de la reproducción, en el contexto de una racionalidad limitada se debe entender que la influencia que una regla o una norma ejercen sobre la acción y las decisiones de los agentes no se resuelven de una vez y por todas, sino que constituye un proceso continuo de construcción y reconstrucción a través de la interacción en contextos sociales (Granovetter, 1985).[19]

Sin desconocer la importancia de estos avances, pareciera ser que el énfasis puesto en la capacidad de los agentes de generar acuerdos intersubjetivamente sostenidos abre la posibilidad de revigorizar la dicotomía individuo/estructura de la que se quiere escapar. En efecto, el espacio que la racionalidad limitada abre a la interpretación, por ejemplo en las formulaciones de Favereau (2005) y del mismo Simon (1982), dificulta la comprensión de la emergencia de un nivel de la realidad que no dependa únicamente de lo individual. En este sentido, si las reglas sociales no son obligatorias sino que deben elaborarse in situ y si los agentes pueden añadir sus propias interpretaciones de la situación y someter los comportamientos recíprocos a crítica, ¿cómo se asegura la eficacia en la coordinación dichas acciones? ¿Puede confiarse únicamente en la capacidad de los propios agentes de llegar a formas del acuerdo relativamente duraderas? ¿Es el recurso a la racionalidad comunicativa y el acuerdo racionalmente alcanzado la solución a este problema?

En los códigos de una sociología de la protección social podemos traducir el problema planteado de la siguiente forma: las expectativas de inclusión social cristalizadas en estructuras de oportunidades[20] representan reglas disponibles para que los agentes guíen sus prácticas en materia de protección social. Sin embargo, dado que estas conductas no se ajustan de manera inmediata a dichas reglas, sin que exista una forma de asegurar la eficacia en la coordinación social que dichas reglas pretenden producir el procesamiento individual de dichas reglas generará tantas interpretaciones como conciencias interesadas existan, traduciéndose en prácticas divergentes que no tendrán el éxito esperado en materia de inclusión social. ¿Cómo se logra que un mecanismo de protección social tenga los resultados esperados en materia de inclusión social?

A partir del concepto de convención constitutiva propuesto por la economía de las convenciones (Boltanski y Thévenot, 1991; Jagd, 2003) podríamos comprender las semánticas de la inclusión que operan para los mecanismos de protección social como portadoras de modelos de acción que los agentes pueden considerar como legítimos al momento de coordinar sus acciones en el ámbito de la protección social. Una convención constitutiva genera, en este sentido, representaciones del colectivo asociadas a la idea de funcionamiento correcto de las relaciones que los individuos forman entre ellos. Es decir, existe una convención que define una forma de coordinar las acciones individuales en materia de protección social asociada a un principio normativo que genera expectativas sobre los comportamientos de los miembros del colectivo en base a un ordenamiento legítimo[21] de sus conductas, que permite a los agentes guiar sus acciones. Personas, objetos y discursos conforman una gramática que moldea expectativas recíprocas y espacios de interacción, a la cuales el agente puede recurrir en cada caso según el modelo de las ciudades propuesto por Bolanski y Thévenot (Boltanski y Thévenot, 1991; Boltanski 2001; Thévenot, 1989)[22]. Al interior de cada ciudad la alusión a un presupuesto común y a la objetividad de los objetos comprometidos en la acción permite detener “[l]a regresión especulativa sobre las maniobras de otro, sobre las especulaciones de otro, sobre mis propias maniobras y especulaciones, etc.” (Thévenot, 1989: 123).

La acción natural dentro de cada uno de estos mundos discurre conforme a las expectativas estructuradas a partir de un único principio normativo, dejando en un segundo plano y relegados al carácter de “ruido” o de “lo contingente” al resto de principios legítimos. Las posibilidad de indicar otras opciones se encuentra siempre disponible en función de la apertura del sentido. Estas opciones se sondean momento a momento a partir de pruebas de realidad, esto es, evaluaciones de los estados posibles en que personas y objetos se ordenan para generar los cursos de acción naturalmente posibles dentro de cada mundo. La aparición de elementos disonantes dentro de estos mundos coherentes se soluciona recurriendo a la referencia que provee el orden de grandezas en él inscripto, esto es, se apela a personas y objetos de mayor relevancia según las equivalencias que provee la convención constitutiva o principio superior común. Las situaciones críticas en que se pone en cuestión la legitimidad de las interpretaciones que cada agente hace de los ordenes implicados se solucionan por medio de operaciones como la develación –hacer cambiar la naturaleza de referencia, relevando en una segunda naturaleza la importancia de seres insignificantes en la primera; los seres que importan en la primera son denunciados en la segunda como ficticios e ilusorios y son reducidos al estado de ruido-, la relativización -una situación crítica no conduce a un nuevo equilibrio natural ni tampoco a un compromiso, sino que el actor intenta destacar el carácter particular de su acción, es decir, que no es ajustable a ninguna otra con la que tenga algo en común- o el compromiso -“tentativa para evitar la crisis y superar la tensión crítica entre dos mundos, en la búsqueda de un bien común que no tendría que ver ni con uno ni con otro, sino que los comprendería a ambos” (Thévenot, 1989: 126)-. Este último supone la posibilidad de incorporar y compatibilizar en las instituciones referencias a dos mundos o naturalezas distintos, con lo que se abre también la posibilidad de conformar nuevos ordenes de grandeza a partir de principios normativos distintos.[23]

Si es entendida como una convención constitutiva de un orden de grandezas, la semántica inscripta en los mecanismos de protección social supone un modelo de acción legítimo formalizado en determinados procedimientos que permiten ofrecer a los agentes expectativas de coordinación de acciones bajo la forma de “opciones” o “elecciones” individuales dotadas de sentido. Los mecanismos de protección social basarían así su efectividad para generar inclusión social en la convención que supone la referencia a un modelo legítimo de relaciones entre los agentes y los objetos involucrados en dichas relaciones.[24]

III.

El sistema de pensiones chileno y el impacto de las decisiones individuales en su desempeño

Para intentar observar el impacto que tienen las decisiones individuales en el contexto de un mecanismo de protección social como el sistema de pensiones chileno ofreceremos, en primer lugar, una forma de operacionalizar la discusión teórica anterior. Posteriormente se realizará una breve aplicación a partir de datos descriptivos.

1. Operacionalización del ámbito micro: modelos de estrategias individuales

Siguiendo el argumento esbozado en la sección anterior y a partir de las distinciones propuestas debemos estar en condiciones de operacionalizar el funcionamiento de un sistema de pensiones en el nivel microsocial en dos ámbitos: i) el de cómo utilizan los agentes los parámetros que este ofrece para tomar decisiones al momento de obtener una pensión, y ii) el de qué modelo de acción y de agente típico incorpora un sistema de pensiones dado para resolver la coordinación de las acciones individuales.

A la descripción de los resultados en términos de coordinación de las expectativas recíprocas de inclusión (aquellas que son ofrecidas por un sistema de pensiones v/s aquellas que son procesadas por los individuos y materializadas en acciones concretas) le denominaremos desempeño institucional de un sistema de pensiones dado en el nivel micro. La mayor o menor distancia entre ambas nos permite contrastar la eficacia de las instituciones de protección social en relación a las semánticas que las justifican.

Tomando como referencia el esquema de tres elementos que a juicio de Kaztman y Filgueira (1999) participan en la toma de decisiones de los agentes cuando intentan acceder a determinadas estructuras de oportunidades para mantener o mejorar sus niveles de bienestar, intentaremos imaginar tres niveles sucesivos de construcción de las respuestas individuales a las probabilidades de inclusión ofrecidas por los mecanismos de protección social, y a su vez, visualizar las amenazas a dichas respuestas:

- Recurso: existe un elemento externo al individuo que le permite adoptar una postura de observador y mapear su entorno, lo que hace posible el procesamiento de las probabilidades de inclusión institucionalmente determinadas. A los recursos relevantes en cada caso les denominaremos genéricamente “información”. El primer nivel necesario para generar una respuesta individual corresponde a la posesión de información, donde la amenaza concomitante resulta de la falta de información, entendida como “percepción de...” y no como un estado objetivo del entorno.

- Capacidad: existe asimismo una característica atribuible al propio individuo que dice relación con su facultad para procesar las probabilidades de inclusión ofrecidas por un mecanismo de protección social. Este es un supuesto contenido en la posibilidad misma de la interacción y se refiere a las competencias de los individuos entendidas como códigos (habilidades cognitivas) que permiten descifrar la información proveniente del entorno. La amenaza en este nivel surge de la complejidad de la información, y por tanto, de la poca efectividad de los códigos con que opera cada individuo.

- Orientaciones de decisión: de la conjunción entre capacidad y recurso (aplicación de un código a la información) se deriva una acción a través de la cual se expresa el sentido que cada individuo atribuye a las probabilidades de inclusión, esto es, una codificación de la situación observable empíricamente a través de una acción. Esta acción debe entenderse como una pretensión de inclusión y está mediada por la forma de coordinación que sustenta un mecanismo de protección social, en este caso el sistema de pensiones. La amenaza, en este sentido, refiere a que la acción que traduce la codificación propia de cada agente no se corresponda con la acción esperable según el principio de coordinación que incorpora el mecanismo de protección social.

Denominaremos estrategia a la combinación entre la información disponible, las capacidades de procesamiento y la orientación de decisión resultante.

A partir de esto y la clasificación que ofrece Favereau (1989) de las posiciones metodológicas que sustentan distintas teorías económicas sobre los comportamientos individuales y los mecanismos de coordinación, podemos dar cuenta de tres modelos teóricos que explican las estrategias llevadas a cabo por los agentes a partir de distintas hipótesis sobre lo que ocurre en cada nivel:

- Modelo restrictivo (economía neoclásica): Combinación entre una disponibilidad de información completa, una capacidad maximizadora a partir del interés individual y una orientación racional de tipo sustantiva. Denominaremos a esta estrategia cálculo de optimización.

- Modelo restrictivo ampliado (economía de los costos de transacción, rational choice): Combinación entre una capacidad maximizadora y la incompletitud de la información disponible, que determina una toma de decisiones racional de tipo estratégica. A esta estrategia la denominaremos cálculo de optimización con información incompleta.

- Modelo comprensivo (economía de las convenciones): Combinación entre una competencia que permite comprometerse en distintos cursos de acción y la incompletitud de la información, que determina que las orientaciones de las decisiones dependen fuertemente del contexto y la situación. Denominaremos a esta estrategia umbral de satisfacción.

El siguiente diagrama ofrece una versión gráfica de estos tres modelos aplicados a los tipos de acción de Weber (2002).

Diagrama1

1. Modelos de estrategias individuales en el sistema de pensiones chileno

En tanto mecanismo de protección social, el sistema de pensiones chileno coordina las probabilidades de inclusión social en función de la norma del bienestar individualista/liberal[25]. La forma de operar de esta norma se ajusta al principio de coordinación que sustenta la ciudad mercantil (Boltanski y Thévenot, 1991), que en el caso de un sistema de pensiones se traduce en arreglos institucionales conocidos genéricamente como sistemas de ahorro individual. Estos sistemas tienen la particularidad de que los beneficios no están definidos sino que dependen estrictamente de las contribuciones hechas en cuentas individuales. También son llamados “de capitalización de contribuciones definidas” en oposición a los sistemas “de “reparto de beneficios definidos” (Gora y Palmer, 2004). Se utiliza el término “capitalización” porque las contribuciones depositadas en cuentas individuales son invertidas en instrumentos financieros de los que obtienen una rentabilidad (son capitalizadas), de manera que el monto de las pensiones depende únicamente del esfuerzo individual y de los retornos de la capitalización. El bienestar se define, en este contexto, en función de la capacidad de cada agente de proveerse una adecuada jubilación, es decir, el desempeño de estos sistemas se evalúa a partir de la eficiencia de las decisiones que toma cada individuo respecto de su previsión. El siguiente cuadro resume las características de la norma individualista/liberal que son aplicables a un sistema de pensiones de capitalización individual como el chileno:

Respecto de la regla de acceso que tiene relación con la capacidad de gestión individual del riesgo, el sistema de pensiones de capitalización individual chileno actúa con los siguientes supuestos para los tres niveles de construcción de las respuestas individuales a los parámetros del sistema de pensiones:

- los individuos son capaces de tomar decisiones óptimas.

- los individuos tienen la información necesaria para tomar decisiones óptimas.

- los individuos se orientan hacia la toma de decisiones óptimas.

Este modelo restrictivo con el que opera el sistema de pensiones ha sido sucesivamente develado como inadecuado tanto para efectos de su desempeño como para su análisis (Barr, 2000; Barr y Diamond, 2006). Los trabajos realizados por la SAFP, de hecho, dan cuenta de un traslado paulatino en el análisis y propuestas de reforma, desde un modelo de optimización hacia otro de optimización con información incompleta (Berstein y Ruiz, 2005; Berstein y Cabrita, 2006).

A nuestro juicio estos modelos siguen siendo inadecuados desde el punto de vista de la comprensión del operar de un sistema de pensiones como mecanismo de protección social, tal como lo hemos presentado. La ampliación de este modelo para comprender el desempeño de un sistema de pensiones implicaría en el nivel microsocial adoptar un modelo comprensivo. Para la elaboración de dicho modelo hemos utilizado la Encuesta de Protección Social (EPS) del año 2006. A falta de otro instrumento de observación de las acciones efectivamente llevadas a cabo por los agentes para la obtención de una pensión, se consideró como un indicador de las estrategias individuales las respuestas que los entrevistados dieron respecto de: información sobre el sistema de pensiones, capacidades cognitivas asociadas a operaciones comunes requeridas para tomar decisiones en el sistema, y para observar las orientaciones de decisión se consideraron aquellas preguntas en que los entrevistados debían dar razones de las decisiones tomadas en distintos parámetros del sistema de pensiones cuyas alternativas determinaran el monto de las pensiones a recibir a futuro[26].

Para las variables “información sobre el sistema de pensiones” y “capacidades cognitivas de procesamiento de información previsional” se generaron 4 categorías a partir de los puntajes asignados a cada caso según sus respuestas a las preguntas seleccionadas: nula, insuficiente, suficiente, satisfactoria. Para las orientaciones de decisión se clasificaron las respuestas dadas en función de 3 distinciones: 1) en primer lugar se distinguió según las decisiones fueran tomadas a partir de consideraciones individuales, o en función de elementos externos (autónomas/heterónomas), 2) dentro de las primeras, se subdividió a su vez según se ponderara o no los medios y fines en estricta relación con el objetivo de obtener una mayor pensión (evaluativas/no evaluativas) y a su vez cada una de ellas según las características de la toma de decisiones.

Los diagramas 2 y 3 muestran la clasificación de las orientaciones de decisión según lo anterior[27]:

Diagrama 2

Diagrama 3

1. Desempeño institucional del sistema de pensiones chileno en el ámbito micro: análisis exploratorio

Los resultados mostrados a continuación hacen referencia a la asociación entre distintas variables que indican mayor o menor protección dentro del sistema previsional chileno y las estrategias individuales. Como se anunció anteriormente, un sistema de contribuciones definidas como el chileno se sustenta en el hecho de que los individuos realicen aportes a fondos individuales de capitalización, los cuales al llegar la jubilación, se convierten en la base de la pensión de vejez. El desempeño del sistema de pensiones chileno pretende descansar, como hemos observado, en la posibilidad de llevar a cabo un tipo particular de estrategia individual, a saber, el cálculo de optimización.

El indicador principal que ha sido tomado como marca de la mayor o menor protección a la que se accede con las distintas estrategias es la probabilidad de cotizar expresada en la densidad de cotizaciones; se ha incluido en el análisis, además, la variable “ingresos medios del trabajo” que determina factores estructurales asociados a las mayores o menores probabilidades de cotizar en el sistema.

Los análisis aquí presentados son representativos entre quienes son parte activa del mercado del trabajo, es decir, excluye a quienes se han mantenido inactivos (por decisión propia, por estar pensionados o jubilados) o cesantes durante todo el panel de encuestas. Se incluyen en el análisis afiliados y no afiliados.

3.1. Densidad de cotizaciones, ingresos y habilidades cognitivas

Una primera observación de la distribución de las habilidades cognitivas en la muestra permite constatar que la mayoría de los individuos llega sólo a un nivel “Suficiente” de habilidades (43,3%). Respecto de esto resulta preocupante que un 43% de los individuos se encuentre en los rangos “Nulo” e “Insuficiente”. Es decir, un poco menos de la mitad de la muestra no contaría con las habilidades básicas supuestas en los modelos de estrategias de optimización y de optimización con información incompleta.

Al observar, por otro lado, como varían los ingresos con las habilidades cognitivas, se puede ver que están altamente asociados, de modo que las habilidades dependerían en gran medida de factores estructurales.

Gráfico 1

La densidad de cotizaciones también se asocia con los niveles de habilidades propuestos. Más del 50% de quienes tienen habilidades satisfactorias cotizan constantemente, mientras que eso ocurre en 3 de cada 10 casos entre quienes parecieran tener nulas habilidades.

Gráfico 2

3.2. Densidad de cotizaciones, ingresos e información disponible

Cuando revisamos la distribución de la información sobre el sistema previsional manejada por los individuos, vemos que también son los niveles intermedios quienes concentran la mayor parte de la distribución. Respecto de esto parece importante recalcar nuevamente que las categorías de conocimiento “ninguno” e “insuficientes” concentran prácticamente la mitad de la muestra.

Por otro lado, la asociación entre información disponible e ingresos es clara, mostrando un aumento de la información poseída en la medida que aumentan los ingresos. La información por tanto, también estaría en gran medida determinada por factores estructurales.

Gráfico 3

Lo mismo resulta al observar la relación entre información y densidad de cotizaciones, donde a mayor información mayor es la densidad de cotizaciones.

Gráfico 4

3.3. Densidad de cotizaciones, ingresos y orientaciones de decisión

Un primer elemento relevante respecto de las orientaciones de decisión resulta de constatar que la cantidad de personas cuyas decisiones son orientadas por sólo una de las categorías ofrecidas (sólo evaluativas, sólo no-evaluativas, sólo determinadas) representa una fracción pequeña de la muestra, no alcanzando al 7%. Para la mayoría de los individuos las orientaciones de sus decisiones responden, al menos, a la combinación de dos categorías. Respecto de ello, resulta interesante observar que la mayor frecuencia (43,5% de la muestra) está en quienes combinan orientaciones determinadas y no-evaluativas, es decir, precisamente aquellos tipos de orientaciones de decisión en que no interviene un procesamiento racional de las alternativas y los medios.

A diferencia de los niveles anteriores, por otro lado, las diferentes orientaciones de decisión que se han establecido no parecen variar de manera clara con los diferentes niveles de ingreso. Esto podría interpretarse como que en las orientaciones de la decisión es donde se dejan sentir los efectos individuales, no condicionados por elementos estructurales.

Gráfico 5

Una relación que parece plausible en este sentido es que quienes hacen decisiones “Sólo evaluativas” y “Evaluativas y no evaluativas” tienen ingresos más altos, aunque al mismo tiempo, corresponden a las categorías con menores frecuencias (no alcanzan a representar el 4% de la muestra entre ambas). Esta relación parece afirmarse al observar la densidad de cotizaciones, donde se puede ver que nuevamente las categorías “evaluativas” y “evaluativas y no-evaluativas” presentan las mayores densidades.

Gráfico 6

Resulta interesante comparar, respecto de lo anterior, la efectividad de las orientaciones respecto del número de individuos que las sostiene. Si bien aparece claramente que las decisiones racionalmente orientadas (sólo evaluativas) se asocian con una mayor densidad de cotizaciones, como sería esperable de la adecuación entre interpretaciones individuales de las probabilidades de inclusión y el modelo de estrategia que incorpora el sistema de pensiones para probabilizar dichas oportunidades, estas corresponden apenas a un 0,4% de la muestra. El desempeño del sistema de pensiones chileno podría, así, describirse en función de una fuerte divergencia en el nivel microsocial entre el modelo de coordinación propuesto a nivel de las instituciones previsionales versus la forma de codificar dichas probabilidades de inclusión por parte de los agentes. En este sentido parece importante constatar que la estrategia dominante en cuanto a orientaciones de decisión resulta ser una de las que menos componentes racionales incorpora (determinadas y no-evaluativas), que acapara poco menos de la mitad de la muestra. Esta, a su vez, es la segunda de menor eficacia después de las orientaciones sólo no determinadas, con sólo un 47% de los individuos que las sostienen cotizando el 100% del tiempo.

Si tomamos en cuenta, siguiendo el modelo de cálculo de optimización, que según las capacidades cognitivas poseídas y la información disponible cerca de un 50% de la muestra estaba en condiciones de orientar racionalmente sus decisiones, podría afirmarse que no existe, como proponen los modelos de estrategias de optimización y de optimización con información incompleta, una única forma (racional) de codificar las probabilidades de inclusión ofrecidas por el sistema de pensiones chileno, aun cuando este así lo exija.

3.4 Síntesis del conjunto de variables

A continuación presentamos una síntesis de lo anterior a partir de un análisis del conjunto de variables estudiadas en el nivel microsocial.

a)

En primer lugar se han agrupado las variables “capacidades cognitivas” e “información” en cuatro grupos según los niveles poseídos de ambas. Estos grupos se han cruzado luego con las orientaciones de decisión tal como muestran los gráficos 7 y 8.

Resulta interesante a partir de ello, verificar el cumplimiento de las hipótesis del modelo restrictivo con que opera el sistema de pensiones chileno. En un primer momento destaca que sobre un 85% de quienes orientan sus decisiones racionalmente cumplen con los supuestos de altas capacidades cognitivas y altos niveles de información. Podría inferirse de ello que para tomar decisiones racionalmente, tal como requiere el sistema de pensiones, se necesita contar con las capacidades cognitivas y los niveles de información adecuados. No obstante esto, también las estrategias que combinan orientaciones evaluativas y no-evaluativas, y las orientaciones sólo no-evaluativas muestran una concentración en dicho grupo, presentando un 75% y cerca de un 64% respectivamente. Resulta relevante del mismo modo, constatar que en el grupo que no posee ni información ni capacidades, las decisiones son principalmente determinadas externamente.

Gráfico 7

El siguiente gráfico muestra con mayor claridad la primera relación mencionada, y en la que se quiere hacer énfasis. Las relaciones aquí presentadas permiten establecer una conclusión importante respecto de que la posesión de información y capacidades suficientes no supone automáticamente una orientación de la toma de decisiones racional, tal como expone el modelo restrictivo incluido en el sistema de pensiones. En este grupo de individuos que cumplen las exigencias del modelo restrictivo, las orientaciones evaluativas tienden a combinarse con orientaciones no evaluativas, y en algunos casos también con orientaciones determinadas (orientaciones mixtas), lo que respalda la utilización de modelos de umbrales de satisfacción en el análisis del desempeño del sistema de pensiones, y a su vez, exige su consideración en la propuesta de reformas.

Gráfico 8

b)

En segundo lugar, presentamos un análisis de correspondencias múltiples que permite mostrar gráficamente la estructura de asociación del conjunto de variables ya estudiadas. A este análisis se han incorporado las variables ocupación y nivel educacional, lo que permite lograr un modelo de mayor poder descriptivo y explicativo.[28]

Sin duda el modelo (ver gráfico 15) muestra un gran espacio en el cual no hay mucha diferenciación entre la mayoría de las categorías de las variables incorporadas. Esto quiere decir que muchas categorías pueden mezclarse y obtener iguales resultados previsionales, es decir, tener mayor densidad de cotizaciones. Esto respalda la utilización del modelo de umbrales de satisfacción que permite trabajar con distintos niveles de capacidades, información disponible y orientaciones de decisión.

Si se precisa el análisis, se puede apreciar la emergencia de dos grupos polares. Por un lado existen individuos que se caracterizan por presentar baja densidad de cotizaciones y bajos ingresos. Este grupo (marcados con rojo) se caracteriza por asociarse a nulas capacidades y ninguna información. En términos de las orientaciones de decisión, en cambio, no puede caracterizarse de manera inequívoca, pues mayoritariamente se asocian a orientaciones no determinables. En términos de ocupaciones, este grupo se compondría de trabajadores no calificados, trabajadores calificados independientes, comerciantes y trabajadores del comercio y el servicio doméstico y familiar no remunerado. Este grupo, además, se compondría principalmente por personas sin educación o educación básica completa y sus ingresos promedio estarían bajo los $117.117.

En el otro extremo, encontramos a quienes se encuentran asociados a mayores ingresos y mayores densidades de cotización (marcados en verde). Respecto de este grupo vale aclarar que la densidad de cotizaciones del 100% no parece ser un patrimonio exclusivo de ellos (esta variable tiene un nivel de discriminación sólo algo mayor a las variables capacidad e información). Los ingresos definen bastante mejor su situación: estos corresponden al 10% mayor de la distribución ($450.000 a $599.999, y $600.000 y más), correspondientes al percentil 90 y percentil 95, respectivamente.

El grupo asociado al nivel de ingreso de $450.000 a $599.999, tendría información en un nivel suficiente, información de carácter satisfactorio y orientaciones de decisión ‘no evaluativa’ o ‘evaluativa y no evaluativa’. Patrones y empleadores, empleados de nivel medio del sector público, técnicos y profesionales del sector privado e independientes serían las categorías más asociadas a este grupo. Su categoría educacional más asociada sería la Universitaria incompleta.

Existe además un grupo más excluyente en términos de sus características, asociado a niveles mayores de ingresos (sobre $600.000), que se caracteriza por tener una educación de carácter universitaria completa y posgrado. Las ocupaciones que se asocian a esas categorías son Profesionales, científicos e intelectuales y empleados de nivel alto del sector público. Este grupo se asocia ampliamente con orientaciones de decisión de tipo evaluativo.

Gráfico 9

IV.

Conclusiones

En este trabajo se ha intentado recomponer la relación entre políticas públicas y ciencias sociales relevando la importancia del nivel de análisis microsocial para comprender el desempeño de los mecanismos de protección social. Para ello se ha rescatado la discusión respecto de las características de la acción social y sus determinantes incorporando elementos que han permitido ampliar el alcance del análisis. La discusión teórica propuesta y las distinciones destacadas como relevantes han sido puestas en práctica en una aplicación sintética al caso del sistema de pensiones chileno.

Respecto de la problemática aquí presentada nos interesa rescatar dos elementos que nos parecen sustantivos para la discusión y análisis posteriores, el primero relacionado con el planteamiento teórico ofrecido y el segundo con su aplicación al sistema de pensiones chileno.

1. La necesidad de abordar la relación entre políticas públicas y conocimiento científico es crucial si se quiere aumentar la efectividad de las políticas. En el caso de las ciencias sociales y el análisis del nivel microsocial, hemos destacado que ello se hace necesario por dos motivos: (i) los comportamientos observables de los individuos reflejan complejos procesos de toma de decisiones en que intervienen niveles de información variables y códigos diversos. La diversidad de las acciones resultantes y sus determinantes individuales no son aprehensibles a partir de modelos de conducta restrictivos. Estos, por el contrario, explican sólo una pequeña fracción de estos universos de modo que su adopción significa una reducción sustancial de la capacidad explicativa de las ciencias sociales; (ii) los diseños de políticas que han sido ejemplificados en el caso de los mecanismos de protección social y los sistemas de pensiones, incorporan modelos respecto de la forma en que los beneficiarios procesan la información y toman decisiones. Estos modelos permiten coordinar la serie de respuestas individuales a los estímulos o a las prestaciones ofrecidas de manera de obtener un resultado colectivo que puede evaluarse como desempeño institucional de una política pública. En estrecha relación con lo anterior, incorporar modelos restrictivos de comportamientos individuales al diseño de políticas excluye la gran mayoría de comportamientos posibles, lo que puede interpretarse como uno de los principales factores de la ineficacia de las políticas.
2. En un nivel de análisis microsocial, el pobre desempeño del sistema de pensiones chileno medido a partir de la densidad de cotizaciones puede explicarse como una distancia entre el modelo de comportamiento que incorpora el sistema, asociado a un cálculo de optimización, y los comportamientos observados que se relacionan más con un modelo de umbrales de satisfacción. El hecho de que el componente “orientaciones de decisión” no se encuentre asociado a elementos estructurales (ingresos) elimina la posibilidad de aprehenderlo a partir de una ampliación del cálculo de optimización. Esto derriba, por tanto, las propuestas de reformas que pudieran apuntar a problemas de capital humano y a la consiguiente “capacitación” o al aumento de la información disponible como modo de inducir decisiones racionalmente orientadas. En este sentido se constata que si bien, la posesión de ciertas capacidades cognitivas y altos niveles de información resultan ser condiciones para tomar decisiones racionales (evaluativas), altos niveles de capacidades cognitivas y disponibilidad de información no aseguran una toma de decisiones racionalmente orientada. La asociación de las orientaciones evaluativas a un grupo identificable según categoría ocupacional y nivel de educación y de ingresos, permitiría hipotetizar sobre la efectividad de distintas estrategias individuales en diversos grupos sociales al momento de lograr mayores niveles de protección social como por ejemplo, el conseguir una mejor pensión.

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[1] Ponencia presentada al encuentro Pre-ALAS, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile, Santiago 20-22 de noviembre de 2008.

[2] Véase, por ejemplo, las conclusiones a las que llega en su informe ejecutivo el Consejo Asesor para la Reforma Previsional encargado de proponer una reforma al sistema privado de pensiones en Chile. Dispomible en http://www.consejoreformaprevisional.cl/view/informe.asp

[3] Cf. Mingione, E. (1998), Sociologia della vita economica, Roma, Caroci.

[4] A diferencia de lo que propone Arnold (2008) sostenemos que el problema de la inclusión y la exclusión no depende únicamente de elementos estructurales, al menos en el caso de los mecanismos de protección social. Según lo que hemos propuesto, estos no sólo coordinan prestaciones de sistemas funcionales; también deben coordinar las respuestas o decisiones de sistemas psíquicos y sistemas sociales de nivel medio (organizaciones, comunidades).

[5] Vale aquí la aclaración de que, aun cuando explícitamente postule un modelo de orden que prescinde de las instituciones, la explicación económica describe individuos (y relaciones) igualmente sociales: “cierta capacidad moral esta en el centro de la construcción de un orden de intercambios mercantiles entre personas que deben mostrarse capaces de abstraerse de sus particularidades para entenderse acerca de bienes exteriores cuya lista y definición son generales. El hecho de que los bienes sean privados impide a menudo distinguir la hipótesis de ser común supuesta por la universalidad de su definición. Esta convención es la que permite a los deseos de apropiación concurrir y ajustarse, pero generalmente queda implícita (natural) en la teoría económica.” (Boltanski y Thévenot, 1991a: 190)

[6] Traducción propia.

[7] Íbid

[8] Cf. Paramio, L. (2000), “Decisión racional y acción colectiva” Leviatán, nº79.

[9] Amartya Sen muestra cómo desde la tradición utilitarista la noción de “utilidad” ha adoptado distintas definiciones. Desde su definición como “placer-dolor” en el utilitarismo clásico de Bentham hasta “disponibilidad de elecciones”, pasando por “felicidad, “satisfacción del deseo”, etc. ver Sen, A. (1989), Sobre ética y economía, Madrid, Alianza. Compárese, a su vez, con la definición de “utilidad” que da Max Weber (2002) que enfatiza el carácter socialmente situado de dichas utilidades como probabilidades que deben lidiar además, con un horizonte temporal.

[10] Véase en Weber (2002) la sugerente distinción entre economía y técnica.

[11] Becker, G. (1990), The economic approach to human behavior, Chicago, The University of Chicago Press.

[12] Véase, por ejemplo, la aplicación que hace el propio Becker del economic approach al análisis de la dinámicas familiares en Becker, G. (1981), A treatise on the family, Cambridge-Massachussets, Harvard University Press.

[13] Para el estructural funcionalismo ver Parsons, T. (1968): La estructura de la acción social, Madrid, Guadarrama. También Parsons, T. et. al. (1968): Hacia una teoría general de la acción, Buenos Aires, Kapelusz. Para la versión habermasiana ver Habermas, J. (1990), Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus. 2 tomos. Para el estructuralismo marxista ver Poulantzas, N. (1971): Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, México, Siglo XXI.

[14] Herbert Simon (1982) propone que si las acciones de estos agentes se encontraran intrínsecamente determinadas, ya sea por un supuesto de racionalidad o de ubicación en la estructura social que permitiera esperar determinados resultados, el componente de observación microsocial no sería necesario: “The process of rational calculation is only interesting when it is nontrivial – that is, when the substantively rational response to a situation is not instantly obvious” (Simon, 1982: 427).

[15] Respecto de lo aquí planteado, y en el contexto de la toma de decisiones en los sistemas de pensiones, Barr y Diamond observan: “imperfect information in this contexts is hard to resolve because what is involved is not an information problem (resolved by offering more information) but an information-processing problem- that is, a problem which is too complicated for individuals to resolve even if they are given the necessary information”, (2006: 7). Véase también, para el caso chileno, Berstein y Ruiz (2005) y Berstein y Cabrita (2006).

[16] También puede encontrarse bajo la forma de racionalidad procesal o bounded rationality. Resulta relevante precisar la forma en que se utiliza aquí el concepto, pues ha sido objeto de apropiación por parte de la propia economía neoclásica en un intento por incorporar los problemas de información incompleta a los modelos de optimización, por ejemplo, proponiendo funciones que incorporen la búsqueda y transmisión de información. Desde esta última, la racionalidad limitada es entendida más como un atributo del entorno que de los propios sistemas tomadores de decisiones. ver al respecto Simon (1982) y Dequech (2001). Para un ejemplo de estos desarrollos en el contexto de los sistemas de pensiones, véase Berstein y Cabrita (2006).

[17] “For most problems that Man encounters in the real world, no procedure that he can carry out with his information processing equipment will enable him to discover the optimal solution, even when the notion of ‘optimum’ is well defined. There is no logical reason why this need be so; it is simply a rather obvious empirical fact about the world we live in- a fact about the relation between the enormous complexity of that world and the modest information-processing capabilities with which Man is endowed (...). We can expect substantive rationality only in situations that are sufficiently simple as to be transparent to his mind. In all other situations, we must expect that the mind will use such imperfect information as it has, will simplify and represent the situation as it can, and will make such calculations as are within its powers. We cannot expect to predict what it will do in such situations unless we know what information it has, what forms of representation it prefers, and what algorithms are available to it.” (Simon, 1982: 439; 430). Cursivas añadidas.

[18] La noción de convención como regla fue introducida por Keynes. Observando los períodos de estabilidad e inestabilidad de los mercados financieros, Keynes advierte la necesidad de los agentes financieros de adoptar una norma que constituya una referencia común para la acción: si se tomara en cuenta únicamente los riesgos y la incertidumbre, podría inferirse una evolución caótica del curso de las acciones; la existencia de una convención, sin embargo, crea una referencia común que reduce la incertidumbre y permite un ajuste simultáneo de los agentes que genera un orden. La construcción de una convención en el marco de los mercados financieros, logra comprender Keynes, guía las interpretaciones que hacen los agentes de sus conductas recíprocas, lo que permite delimitar un conjunto de comportamientos pertinentes. Las reglas y normas reducen, de este modo, la incertidumbre y las contingencias asociadas a una situación de interacción ofreciendo pautas de acción estables y formas de coordinar el comportamiento con el de otros agentes de manera de tener expectativas razonables respecto de qué esperar en cada situación. Ver Keynes, J.M. (1963): A treatise on probability, Londres, MacMilan.. En Bessis (2006) se muestra la apropiación que hace una vertiente de la economía de las convenciones de esta noción de convención, especialmente a partir de los trabajos de Olivier Favereau. Sobre esto ver también Jagd (2003).

[19] ver la noción de procesos de estructuración/destructuración en Mingione, E. (1998), op. cit. Se encuentra una idea similar en Giddens a partir de la noción de desanclaje/reanclaje de las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción. Ver Giddens, A. (1997), Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza.

[20] Expectativas de inclusión a las cuales se añade una regla de acceso garantizada jurídicamente.

[21] Debe entenderse aquí por legitimidad la “‘validez de un orden’ cuya ‘estabilidad’ no dependa solamente de una orientación de las acciones individuales hacia la maximización de los ‘intereses’ (‘racionalidad con arreglo a fines’) ni de la fuerza de las ‘costumbres’, y que de ese modo sea irreductible a la ‘mera regularidad en el desarrollo de la vida social’” (Max Weber citado en Boltanski, 2000).

[22] A partir de sus investigaciones de campo, los autores identificaron 6 modelos de ciudades que operaban como marco regulatorio y de justificación para las acciones de las personas (Boltanski y Thévenot, 1991; Boltanski, 2000): la ciudad mercantil (acuerdo que se genera en torno a la universalidad de los bienes y la determinación de un precio para su intercambio), la ciudad industrial (establecida en torno al principio de la eficiencia y la organización de los procesos por referencia a conceptos como los de inversión, programación, organización), la ciudad inspirada (orden de grandezas a partir de la atribución de un estado de gracia a las personas definido divinamente), la ciudad cívica (renuncia de las particularidades como condición de la formación de un todo, es decir, tiene que ver con la fórmula de subordinación al bien común), la ciudad del renombre (se organiza en torno a la magnitud que detentan personas cuya grandeza se observa en la influencia que sus opiniones generan sobre las decisiones de otros, exteriorizada en signos visibles que condensan su fuerza y estima) y la ciudad doméstica (ordenamiento que se genera a partir de una cadena de dependencias personales, que configura un lazo que conjuga tradición y proximidad.)

[23] Thévenot (1989) ofrece el ejemplo de la empresa capitalista como una maniobra de compromiso entre las ciudades industrial y mercantil. Esta doble naturaleza genera contradicciones que son resueltas mediante convenciones y reglas al interior de la organización que compatibilizan principios normativos disímiles. Por ejemplo, la orientación temporal de la ciudad industrial hacia el futuro, expresado en el concepto de “inversión” versus el carácter a-temporal de las transacciones mercantiles. Para un desarrollo con ejemplos sobre cómo la organización de la empresa debe resolver estas tensiones, ver François Eymard-Duvernay (2001): Economía de las convenciones, Serie Seminarios Intensivos de Investigación, Documento de Trabajo Nº8, Buenos Aires: PIETTE-CONICET.

[24] “El seguro actualiza un modelo de solidaridad, aunque los accionistas no sean concientes de ello. Un trabajador no toma un seguro para poder ser solidario con el de los otros aportantes, pero de hecho lo es. (…) Un riesgo individual queda ‘cubierto’ por el hecho de que está asegurado en el marco de la participación en un grupo.” (Castel, 2006: 298)

[25] Se orienta a la protección de trabajadores en su condición de individuos/consumidores, enfatizando la capacidad de los mismos de gestionar su propio bienestar. Por primera vez el mercado pasa a asumir una posición dominante, dejando al estado y la familia una función residual (deben actuar ante las “fallas del mercado”). Es representada típicamente por la propuesta de las instituciones financieras internacionales, FMI y BM. Contiene una forma de justificación basada en una semántica de la eficiencia según la cual los agentes son capaces de tomar decisiones racionales óptimas en contextos de alta complejidad, cuyos resultados pueden ser evaluados a partir de la distinción tener/no tener. De ello se desprende una normatividad que premia las conductas individuales maximizadoras en tanto beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Es decir, evalúa el desempeño de los mecanismos de protección social a partir de la agregación de decisiones individuales y no en términos sistémicos. Permite justificar una distribución del bienestar en virtud del emprendimiento o iniciativa individual, entendiendo que mientras la mayor utilidad de algunos no disminuya la de otros, el resultado en términos de bienestar es socialmente justo (óptimo de Pareto)

[26] Se tomaron únicamente las preguntas que permiten conocer razones de todos los casos de la muestra (o la mayoría de ellos).

[27] Por efectos de representatividad de los análisis, la clasificación de orientaciones de decisión sólo fue desagregada hasta el segundo nivel al momento de hacer los cruces con otras variables.

[28] El modelo explica un 77,4% de la varianza; se utilizó el método de normalización principal por variable.