El gobierno ha orquestado una campaña de desprestigio de instituciones y personas que exigen el término del sistema de AFP, con el propósito de descalificar sus opiniones y confundir a la opinión pública que rechaza este sistema y exige pensiones dignas.

Pretenden instrumentalizar con este propósito una auditoría de la Contraloría General de la República, solicitada por el gobierno selectivamente a proyectos del Fondo de Educación Previsional (FEP), entre ellos uno realizado por CENDA. La campaña hace gran revuelo porque el extenso informe de Contraloría consigna que entre más de 1.350 beneficiarios del proyecto —cuyos materiales y actividades fueron visados por los supervisores respectivos, culminó con pleno éxito y fue aprobado sin observaciones como todos los FEP realizados por CENDA bajo distintos gobiernos— solo una persona aparece con RUT equivocado y dos contestan afirmativamente una pregunta acerca de si “se trataron temas relacionados con el movimiento NO+AFP’’. Dicha pregunta se les hizo llegar por correo electrónico y es manifiestamente tendenciosa puesto que resulta evidente que dicho tema surge en cualquier conversación acerca de pensiones, como fue reconocido por la propia Contraloría en reunión con CENDA.

Esta campaña busca por una parte justificar que en el proyecto enviado por el gobierno se termina con el FEP y se encarga la educación previsional a las propias AFP, como ha declarado la Subsecretaría de Previsión.

En lo principal, la campaña busca desprestigiar a las personas e instituciones que se oponen al actual sistema previsional y exigen su término. Forma parte de un plan orquestado en su contra, que incluye censura sistemática en medios de comunicación, campañas de desinformación, descalificación, insultos y agresiones en redes sociales, etc.

Esta campaña no podrá ocultar la realidad que, como CENDA registra rigurosamente en su informe de actividad económica, IMACEI, mes a mes el sistema de AFP se apropia a perpetuidad cientos de miles de millones de pesos en cotizaciones, que son un impuesto a los trabajadores activos cuyo monto es más que suficiente para dar pensiones dignas a los trabajadores retirados, a quienes se les niegan hoy porque la mayor parte del dinero recaudado se desvía a ganancias de administradores privados del sistema y otros operadores financieros, y a financiar otras grandes empresas, nacionales y extranjeras.

Si el sistema político no es capaz de terminar con este abuso intolerable, peor aún si pretende agravarlo con el proyecto presentado por el gobierno, que debe ser rechazado tajantemente por el parlamento, continuará perdiendo la poca legitimidad que aún lo sostiene.

Directorio CENDA

19 de noviembre de 2018