Resumen

El presente informe aporta al análisis de la situación de los servidores públicos a honorarios, con una comparación inédita de las cifras de contribuyentes a honorarios informados por Instituciones Fiscales y Municipales en el SII, con las que se obtienen de las fuentes normales de RRHH del servicio público, principalmente DIPRES y SUBDERE.

El resultado principal es que al año 2017 los primeros alcanzaron a 332 mil contribuyentes por honorarios pagados por instituciones del sector público, cifra que equivale al 47 por ciento del total de 711 mil servidores públicos que registran las detalladas, precisas y accesibles cifras oficiales disponibles, y casi triplican los 131 mil servidores públicos a honorarios reconocidos por éstas.

Los resultados de este análisis apuntan, por una parte, a la conveniencia de identificar a quienes corresponden —académicos y funcionarios a honorarios de las universidades del Estado, por ejemplo, aparecen como candidatos probables a ser algunos de ellos, prestadores de servicios puntuales al Estado pueden ser otros, etc.— esos casi 200 mil contribuyentes por honorarios contratados por el Estado el año 2017, que no están registrados como servidores públicos en las fuentes normales DIPRES-SUBDERE.

La conclusión principal, sin embargo, apunta a dimensionar la magnitud de la distorsión introducida por la dictadura y que no ha sido corregida por los gobiernos democráticos, ambos bajo influencia de extremistas concepciones anti-Estado de inspiración neoliberal, en cuanto a debilitar la relación laboral del funcionariado público profesional, que es la adecuada a las instituciones públicas.

Asimismo, ayuda a poner en sus justos términos el impacto de la reforma de pensiones en curso, que reafirma a aplicación de un impuesto previsional de 17,2 por ciento a los ingresos de trabajadores a honorarios, que hasta el año tributario en curso era voluntario para éstos y de hecho no lo pagaba nadie.

En los anexos al presente informe se calcula asimismo el impacto fiscal de la reforma por este concepto, así como el daño previsional que ha representado esta forma precaria de contrato laboral para cientos de miles de servidores públicos.