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Contra la apología de la desprotección

CONTRA LA APOLOGÍA DE LA DESPROTECCIÓN

Por Aldo Madariaga

 

La reforma previsional en curso constituye un momento crucial para el país, en que, luego de 25 años, se intenta realizar una modificación sustantiva al sistema de pensiones. En este contexto es vital que todos quienes durante años han dedicado su labor a estudiar y analizar el funcionamiento de los sistemas provisionales e idear modificaciones al actual sistema, provean a nuestros legisladores de los datos e insumos necesarios para que éstos puedan tomar la mejor de las decisiones en pos del futuro de todos nosotros. En este sentido, aun cuando los principios que guían las reformas son de suma importancia en cuanto orientaciones de las políticas, estas políticas deben, también, tener un fuerte sustento empírico que avale sus planteamientos.

 

No obstante ello, se observa con tristeza como, día a día, las palabras de connotadas autoridades en la materia saben más a declaraciones de principios que a propuestas bien fundadas. A continuación me gustaría aclarar algunas afirmaciones hechas por el señor Francisco Mozo, asesor de un importante grupo financiero extranjero, aparecidas en una columna de un conocido medio local el día lunes 26 de marzo a propósito del actual sistema de AFP y de la futura reforma. Para ello me valdré única y exclusivamente de las cifras reveladas por las instituciones directamente relacionadas con la administración de fondos previsionales (INP y SAFP) y de algunos estudios elaborados por otras instituciones no menos importantes en la materia.

 

Ya en las primeras líneas de su columna, el señor Mozo hace una serie de afirmaciones que habría que analizar con bastante cautela. Se habla allí del reconocimiento de la importancia del ahorro personal como el fundamento de un buen sistema previsional (sic), de pensiones cercanas a los ingresos de toda una vida laboral y de la “mochila” (sic) que constituye un sistema previsional quebrado, haciendo alusión al antiguo sistema previsional basado en el reparto, al que califica más adelante de “fracasado en todo el mundo” (sic). En lo sucesivo, el señor Mozo se limita, a grandes rasgos, a advertir la amenaza de una intromisión indeseable del Estado que pudiera estimularse a partir de las pensiones básicas contempladas en el proyecto de ley de reforma, y a subrayar la necesidad de aumentar el ahorro forzoso, aún en quienes apenas alcanzan ingresos que les permiten vivir con algo de dignidad.

 

Los primeros sistemas de seguridad social se basaron en el principio de “solidaridad” para otorgar pensiones a los trabajadores. En virtud de este principio es que se constituyeron a lo largo del siglo pasado, en todo el mundo (incluido nuestro país), los sistemas de pensiones basados en el reparto. Estos se encuentran todavía vigentes en la mayoría de los países y son los responsables de otorgar pensiones a grandes cantidades de población. En Chile, el vapuleado régimen antiguo que sigue en pie para quienes se mantuvieron afiliados al INP, es el encargado, hoy, de entregar pensiones de vejez a casi 3 de cada 4 adultos mayores, mientras que las AFP sólo pagan pensiones a algo más del 4% de ellos. Más aún, si consideramos los montos de las pensiones, las que paga el INP son, en promedio, más altas que las que pagan las AFP, llegando a superarlas en alrededor de 3 veces para el caso de los empleados públicos.

 

Por otro lado, las diferencias en las tasas de reemplazo (pensión como porcentaje de los ingresos laborales) son evidentes: hoy en día, una persona que cotiza en una AFP por el tope imponible y que no presenta lagunas provisionales, alcanza una tasa de reemplazo de alrededor del 50%, mientras que, en iguales condiciones, alcanzaría montos cercanos al 70% de haberse quedado en el sistema antiguo. Esta situación es aún más dramática para los empleados fiscales que fueron prácticamente obligados a cambiarse de sistema y que actualmente son aquejados por el denominado “daño previsional”.

 

A diferencia de lo que muchos piensan, el sistema antiguo no se encontraba quebrado. Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Católica, y encargado por la Asociación de AFP, muestra que para los años en que se instauró el sistema de AFP, lejos de estar quebrado, el antiguo sistema arrojaba superávits. Según el estudio, estos superávits caerían paulatinamente a medida que aumentaba el número de pensionados, y que recién hacia el año 2000 se convertían en déficits, los que, sin embargo, sólo a contar de los años 2020-25 comenzaban a hacerse significativos. En este sentido, resulta importante recordar que, a diferencia de lo que se pretendía, el sistema de AFP no ha significado, hasta ahora, las reducciones de gasto fiscal que se estimaron. A la fecha, el estado chileno continúa gastando alrededor de un 6% del PIB en materia previsional, y desde el año 1990 ha traspasado a las AFP nada menos que la suma de  $4,5 billones en Bonos de Reconocimiento, los que, de paso, equivalen al monto total de pensiones pagadas por las AFP hasta este momento.

 

La experiencia internacional, de hecho, parece avalar los datos aquí presentados. En los años 20 Francia adoptó un sistema previsional basado exclusivamente en la capitalización individual como el existente en Chile. Al cabo de pocos años  ante la debacle financiera de finales de esa década, ese país se vio obligado a volver al antiguo régimen de reparto, no sin dejar una generación completa de franceses con sus ahorros de toda una vida malogrados por unos pocos inversionistas sin escrúpulos. En otro caso, recientemente el congreso argentino aprobó una ley que permite a los afiliados a las administradoras de pensiones de ese país (AFJP) cambiarse al sistema estatal, pudiendo los nuevos cotizantes optar entre ambos sistemas y cambiarse cada 5 años. En el caso de un país reconocido por la importancia que se otorga a la seguridad social como Suecia, el sistema principal encargado de otorgar pensiones es el de reparto. En este país el sistema de capitalización se encuentra fuertemente regulado, lo que asegura la competencia entre las administradoras, y permite a los afiliados cambiarse todos los días, si ellos lo desean. En Suecia, así como en la mayoría de los países que han incorporado la capitalización individual a sus sistemas previsionales, ésta constituye sólo un complemento al régimen de reparto; en ninguno de estos países se ha siquiera pensado en confiar las pensiones de millones de trabajadores a los vaivenes de las bolsas de comercio.

 

Resulta imperioso, al momento de rediseñar el actual sistema de pensiones en Chile, hacer caso a los datos reales y a las experiencias históricas concretas que muestran los éxitos y fracasos de los sistemas de seguridad social. No sea cosa que queramos, sin más, emular los libros de texto por valoraciones personales y de paso nos convirtamos en apologistas de la desprotección.

 

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